Andalucía condiciona su apoyo al acuerdo sobre el final de curso a que el ministerio aclare algunos criterios

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, buscaba el consenso en la Conferencia Sectorial que se celebró ayer entre el Gobierno central y las comunidades en torno a los elementos esenciales de la finalización del curso acortado por el Covid-19. Pero Madrid, Murcia y País Vasco han anunciado ya que se desmarcan del documento que salió de esa reunión. Andalucía, de momento, no lo ha hecho, aunque ha pedido al departamento de Celaá una serie de aclaraciones.

La viceconsejera andaluza de Educación y Deporte, María del Carmen Castillo, ha mantenido esta mañana una conversación con el secretario de Estado del ramo, Alejandro Tiana, y desde la comunidad se ha trasladado a Madrid que se valora el trabajo realizado por el ministerio y la región “está conforme con el enfoque y estructura” del texto parido en la Mesa Sectorial. Si bien, “se considera necesario” que se fijen “criterios y procedimientos comunes a todo el Estado” en lo referente a “la promoción, titulación y permanencia en todas las enseñanzas del sistema educativo”.

La línea entre la adhesión o no puede ser fina y, según han transmitido a este periódico fuentes de la consejería, mientras “no se establezcan en el acuerdo de manera expresa esas condiciones”, Andalucía no prestará “su conformidad al mismo”.

Por su parte, el titular de Educación y Deporte del Gobierno autonómico, Javier Imbroda, ha ratificado en una entrevista en Canal Sur que se ha demandado a Madrid que se clarifiquen “apartados" del mencionado texto para que “no haya agravios con el resto de comunidades ni se generen desigualdades”.

Rechazo “de plano” al aprobado general

A la espera de esa respuesta, el consejero ha vuelto a dejar claro que la Junta rechaza “de plano” el aprobado general para este curso, al entender que sería injusto y un menosprecio al esfuerzo realizado tanto por los docentes como por los alumnos. Imbroda ha apostado por evaluar con flexibilidad, pero también con rigurosidad, y ha defendido que el Ejecutivo regional confía “plenamente” en la autonomía de los centros y de sus docentes, al ser “los que mejor conocen” a los estudiantes y "su entorno”.