Denuncian que los profesionales sanitarios afectados por el Covid-19 en Andalucía se han elevado a los 7.383

“No es de recibo que, a fecha de 28 de abril, fueran ya 7.383 los profesionales sanitarios que, de una u otra forma, han sido afectados por Covid-19″, cuando el total de infectados en Andalucía era ese día de 13.250 y hoy se han admitido 13.688 positivos, denuncian desde la Federación de Servicios Públicos (FeSP) de UGT-A. LA RAZÓN ha tenido acceso a los datos que maneja esa organización sindical sobre el impacto de la enfermedad en ese ámbito y, de acuerdo con ellos, el global del personal que se ha dado de baja por el coronavirus hasta el pasado martes ascendía en Málaga a las 1.790 personas, que caían a las 1.669 en Cádiz y a las 1.341 en Sevilla. Por detrás, Granada había contabilizado 1.225, Huelva 402, Córdoba 338, Almería 322 y Jaén 296.

Se trata de información de las unidades de personal de los distintos centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) dependiente de la Junta, que mide en esencia la ausencia a los puestos de trabajo por parte de esos profesionales asociada al Covid-19, y que para la mencionada federación sindical demuestra “la nefasta gestión” que se ha hecho respecto a “los medios de protección”. Para FeSP no se ha estado a la altura en ese punto lo que habría provocado que en algunos territorios, como en Cádiz, “haya más profesionales afectados, que ciudadanos infectados” o que en Huelva, “donde la incidencia" de la pandemia "es la menor de toda la región”, con poco más de 400 contagiados, los sanitarios sean 402.

Son conscientes de que esos empleados están inmersos en la dinámica de la crisis, pero reclaman que no tengan que continuar “mendigando” elementos para protegerse del coronavirus , “buscándose la vida”, o “temiendo que los proporcionados por la Administración estén en malas condiciones” y acaben infectados. Tras “varios episodios de mascarillas en mal estado”, lamentan que no haya sido hasta hoy cuando se les haya trasladado que “van a testar los equipos de protección individual (EPI) antes de mandarlos a que los utilicen”. Una iniciativa que “llega dos meses después de comenzar la pandemia”, critican los representantes sindicales. Su siembra de cifras no para ahí. Aseguran que aún existen 85.000 profesionales de la sanidad que esperan que se les realicen test rápidos o cualquier otro tipo de prueba para detectar la enfermedad, a los que habría que agregar “otros 7.000 en las agencias públicas sanitarias”, con lo que el conjunto sería de 92.000. Unos números que les sirven para demandar al Ejecutivo regional que “tome medidas contundentes y asuma responsabilidades en relación a su gestión sanitaria”.