La litigiosidad sube un 3% en Andalucía, la comunidad con la segunda cifra más alta de España

El pasado fue un año judicial intenso en Andalucía. Los juzgados y tribunales de la comunidad ingresaron en 2019 1.242.678 asuntos, frente al 1.209.533 de 2018, lo que supone un alza del 3% de la litigiosidad y sitúa a la región en el segundo lugar a nivel nacional. Pese a ello, se resolvieron casi la totalidad, en concreto 1.207.908, quedando pendientes al final del ejercicio 600.673 asuntos.

A la luz de las cifras recogidas en la Memoria Anual de Actividades y Funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del pasado año, que ha hecho pública la Oficina de Comunicación de éste, la región presenta una tasa de litigiosidad superior en un 11% a la media estatal: si en el conjunto del país ha sido de 133,5 asuntos por cada 1.000 habitantes, en el ámbito del TSJA crece hasta los 148,6. En ese contexto, los procedimientos penales supusieron cuantitativamente la mayor carga de trabajo judicial, el 57% del total. El porcentaje relativo a la jurisdicción civil fue el 31% del global de los asuntos abordados, mientras que la social y la contenciosa-administrativa representaron un 6% cada una.

Con todo, durante 2019 bajaron los asuntos ingresados en la jurisdicción penal y subieron en la civil, social y contenciosa. El aumento en la civil fue del 1%. Confirmó la tendencia alcista que arrancó en 2017 y que desde el TSJA atribuyen a las reclamaciones en materia relativa a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

La jurisdicción penal, de su lado, afrontó un 1% menos de asuntos que en 2018 y su cifra final significó el 22% del conjunto de los asuntos ingresados a nivel nacional, ocupando el segundo lugar de litigiosidad en esta jurisdicción del país. La social, por su parte, abordó un 8% más de asuntos que el año anterior y la contenciosa sufrió un llamativo incremento del 56%, debido a procesos en materia de extranjería, en los que se acordó la expulsión del extranjero o devolución a su país de origen.

En el apartado de la violencia de género, hubo que contabilizar en 2019 en la comunidad una docena de casos en los que se arrebató la vida a mujeres, sin que se hubiesen tomado medidas de protección en ninguno. Los juzgados recibieron 34.629 denuncias de este tipo y se solicitaron 8.480 órdenes de protección. La Memoria del TSJA refleja también que se ha producido un ascenso del 6% en el número de asuntos sobre violencia de género y doméstica en los juzgados de Menores. Si se comparan los datos de 2018 y 2019, hay que destacar que se elevaron los menores enjuiciados por delitos de violencia de género, lo que indica la persistencia de actitudes ligadas a ella entre los jóvenes.

Parón de más del 90% de la actividad por el coronavirus

Durante la presentación del nuevo documento de balance, el presidente del Alto Tribunal andaluz, Lorenzo del Río, ha aseverado que la crisis sanitaria causada por la Covid-19 ha puesto de relieve nuevamente “la falta de modernización del poder judicial” y ha evidenciado los “límites” del sector para trabajar “on line” con eficiencia. Encuentra “complicada justificación”, según se recoge en una nota difundida por la Oficina de Comunicación del TSJA, que “se hayan tenido que paralizar los procesos y más del 90% de la actividad judicial”, cuando llevan años “implementando el uso de los medios digitales para mejorar la gestión y modernización de nuestros juzgados y tribunales”, lo que, además, es “un mandato legal”.

En ese punto, Del Río ha advertido de que España carece de “un sistema equilibrado de resolución de conflictos” y en el mismo existen demasiados incentivos para la litigación. Por ello, ha incidido en la necesidad de “contemplar con naturalidad un enfoque distinto a la respuesta tradicional e institucionalizada de la Justicia” y ha abogado por “implantar -obligatoriamente- sistemas complementarios de resolución de conflictos”, sobre todo ante un “horizonte incierto” como el que se dibuja por la presumible avalancha de nuevos asuntos vinculados a la crisis de la Covid-19 y la necesidad de gestionar la carga de trabajo ya pendiente antes de la emergencia sanitaria.