La Audiencia de Sevilla abre la puerta a cerrar piezas de los ERE como estén

Compleja. Hasta 18 meses caben en esa palabra cuando así se declara una causa en el ámbito judicial. En el «macroproceso» de los ERE, cuya instrucción arrancó en enero de 2011, no se ha obviado el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. De hecho, la Fiscalía ha solicitado prórrogas de plazos basadas en él en múltiples piezas de las decenas en las que se atomizó el caso y el juzgado instructor lo concedió. Si bien ahora, la Audiencia de Sevilla ha abierto la puerta a que esos bloques se cierren como estén.

En un auto, fechado el pasado 15 de julio y al que tuvo acceso LA RAZÓN, el tribunal provincial se alinea con el abogado Julio Martínez, en representación de A. P. R., unos de los encausados en la pieza centrada en la empresa Primayor. El letrado recurrió la prórroga de seis meses que demandó el Ministerio Público antes de que finalizara la duración de la instrucción el pasado 30 de julio de 2019, basándose en la necesidad de practicar diligencias pendientes. La Audiencia señala ahora que ni siquiera las explicitó. «Es el parecer de la Sala que las razones en que se sustenta la petición de prórroga no justifican la misma», se asevera en la resolución consultada por este periódico, en la que se añade que «la declaración de complejidad de una causa no significa el otorgamiento de una carta blanca para sin razonamientos verificables por este tribunal alargar la instrucción» con píldoras de tiempo. El tribunal hace suyas palabras de un auto de la Audiencia Provincial de Barcelona y deja claro que la ampliación de los límites temporales de un proceso judicial «exige una justificación específica y ‘ad hoc’ sobre su necesidad». En el asunto concreto de Primayor, la Audiencia sevillana entiende que «no puede considerarse fundamentación la pendencia de la entrega de todas las actuaciones, su pertinente foliado y digitalización», ya que no son ni diligencias de instrucción, por lo que estima el recurso articulado por Martínez, «ante la ausencia de justificación necesaria para la ampliación», y revocan los autos del juzgado instructor en los que se soportaba.

Las extensiones de meses se han demandado y concedido en muchas otras parcelas en las que se subdividió el «macrocaso» ERE. Si se repite lo que ha sucedido en la de Primayor, «habrá que cerrar su instrucción en el estado en que se encuentren», anotan fuentes judiciales, que matizan que, aunque haya alguna «en la que falte mucho para terminar», la Fiscalía sólo podrá «o pedir la acusación con las pruebas que tenga, o el sobreseimiento». En definitiva, el desgranado auto de la Audiencia desprende aire de acontecimiento en el ámbito del «caso ERE», como en su día lo fue el que apartó a un investigado de uno de los bloques para esquivar el doble enjuiciamiento, al que luego siguió una hilera de señalados.