Andalucía prepara su ofensiva judicial y política contra el "cupo catalán"

Una vez celebrado el Comité Federal del PSOE que cerró filas con Pedro Sánchez, se acerca la fecha del 14 de julio, día elegido para la celebración de la comisión bilateral entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España que debe dar luz al nuevo modelo de financiación singular de esta comunidad autónoma en cumplimiento del pacto alcanzado por el PSOE y ERC para la investidura de Salvador Illa. Un cupo catalán con el que los socialistas esperan seguir avanzando con sus socios independentistas para mantener viva la legislatura y que llevará a recrudecer el enfrentamiento entre el Gobierno de España y el resto de comunidades autónomas.

Andalucía va a retomar su oposición a este trato privilegiado. La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, sostuvo ayer que «el cupo catalán, el sistema de financiación privilegiada para Cataluña, es inconstitucional» e insistió que «atenta contra el principio de igualdad de todos los españoles».

A falta de menos de un año para las elecciones autonómicas, desde el Gobierno andaluz entienden que este es un tema trascendental. Más aún cuando la responsable de sellar este acuerdo será la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y candidata del PSOE a las elecciones andaluzas María Jesús Montero. De momento, el primer paso que se podría anunciar el 14 de julio es que Cataluña pase a recaudar todo el IRPF que se genera en la región. Para la portavoz del Gobierno, se trataría «de un paso más hacia el cupo catalán, una financiación privilegiada y a la medida de Cataluña».

Andalucía lleva casi un año preparándose jurídicamente para ese momento. De hecho, el 10 de septiembre de 2024, el Consejo de Gobierno instó a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos a realizar las actuaciones necesarias para la defensa de una financiación autonómica justa y suficiente para Andalucía, siempre dentro de la legalidad y del marco constitucional. Ahí ya se adelantaban algunas opciones para recurrir al Tribunal Constitucional este pacto.

En concreto, la Consejería de Hacienda recordaba que se vulneraban los «principios fundamentales consagrados en la Constitución y su bloque de constitucionalidad, como la igualdad, que es uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico (artículo 1) y que está por encima de cualquier condición o circunstancia (artículo 14)».

Igualmente, recordaba los artículos 9.2 de la Constitución que señala que «corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social», así como el 139.1 que detalla que «todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado». Mencionaba también el posible incumplimiento del artículo 2 en el que se deja claro que «la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas».

En esta misma línea, el artículo 138.2 de la Carta Magna deja claro que «las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales» y el 158.2 abunda en que «con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso». Además de la Constitución, desde el Ejecutivo autonómico se recuerda que la Ley Orgánica 8/1980 de Financiación de las Comunidades Autónomas detalla en su artículo decimoquinto que «el Estado garantizará en todo el territorio español el nivel mínimo de los servicios públicos fundamentales de su competencia.

Otro de los argumentos en los que trabaja la Junta es que la financiación singular pone en riesgo el principio de estabilidad presupuestaria estatal, la distribución de la renta regional , la subordinación de la riqueza al interés general y la capacidad del Estado para planificar la actividad económica del país al «detraer recursos equivalentes al 20% del PIB del país». Otra cosa es que el Constitucional, como con la ley de amnistía, avale el acuerdo.

Menos servicios

El argumento principal de la Junta de Andalucía y del resto de comunidades autonómicas se basa en que si Cataluña eleva su nivel de financiación, habrá menos recursos económicos para el resto. Recuerda la Consejería de Hacienda que eso tendrá una repercusión clara en los servicios públicos que reciban los ciudadanos creando una sanidad y una educación «asimétricas» en una especie de «confederalismo asimétrico», un sistema de organización política que no es el que existe en España y se recoge en la Constitución –que sí contempla la situación especial de País Vasco y Navarra–.