Salud plantea consensuar una nueva Orden sobre el personal sanitario andaluz, pero los sindicatos avisan de que no negociarán «quitar derechos a los trabajadores»

Valoran la “rectificación” de la Junta, pero avisan de que es “insuficiente” y mantienen las protestas

No sacar el radar antes de tomar decisiones puede tener consecuencias. El titular de Salud y Familias de la Junta, Jesús Aguirre, mantuvo ayer una reunión telemática con las principales organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial sanitaria –Satse, SMA, CSIF, CC OO y UGT– para abordar la Orden del pasado 8 de noviembre sobre los recursos humanos y la gestión de la pandemia que levantó polvareda. El consejero planteó a esas entidades la posibilidad de redactar una Orden nueva «de consenso» que sustituya a la anterior para recoger «medidas extraordinarias» que afectarán a las plantillas del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y de las agencias sanitarias de la comunidad, pero «contando con la participación» de los sindicatos, según informó la consejería a través de una nota. Es más, se apuntó que, una vez iniciado el proceso de negociación, se habían «dictado instrucciones por parte de la Dirección General de Personal del SAS» para que desde ayer quedaran «sin aplicar algunas de las medidas recogidas en la Orden anterior». Y, a partir de ahí, se remitirá a los entes sindicales un borrador para que, «en el mínimo espacio de tiempo, se pueda presentar» otro texto que «entraría en vigor el mismo día de su publicación» y derogará el actual en vigor.

Los cinco sindicatos mencionados valoraron «positivamente» lo que calificaron de «rectificación», si bien, advirtieron de que la consideraban «insuficiente», por lo que, de momento, optaron por mantener «la unidad sindical» y «las movilizaciones previstas» hasta que la modificación quede plasmada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y se pueda «valorar su contenido con rigurosidad», de acuerdo a lo expuesto en un comunicado conjunto. Unas protestas que convocan cada martes y jueves, recordaron, «en centros de Atención Primaria y hospitales de todas las provincias» de la comunidad.

Tras la sucesión de acontecimientos y notas, Antonio Macías, secretario regional de Sanidad de UGT-A, apuntó a LA RAZÓN que las entidades sindicales no buscan que se suspenda la polémica Orden, sino que se suprima «en su totalidad». «Lo que queremos es que se derogue, no otra cosa que eso, y no vamos a entrar a negociar el quitar derechos a los trabajadores, lo tenemos bien claro, seguimos con las movilizaciones», sintetizó. A ello engarzó una guirnalda de demandas que pasaban por que «cuestiones como la OPE –oferta pública de empleo–, los traslados y lo relativo a las bolsas se lleve a la Mesa Sectorial y se negocie la incorporación inmediata de la gente que ha cogido su plaza, tanto en las oposiciones, como en los concursos de traslados». Reclaman que la Junta «dé una fecha concreta para que se incorporen y no algo inespecífico, como se recogía en la Orden» y que, además, «los listados de bolsa se actualicen a 2019» para no esquivar «la igualdad, el mérito y la capacidad». Sin duda, esta trama continuará.