Una posición común desde el Sur ante el desafío de la PAC

Andalucía se encuentra en un momento clave para sus agricultores y ganaderos. Actualmente se está negociando en la Unión Europea la nueva Política Agraria Común (PAC) que abarcará el periodo 2021-2027. Según los últimos datos, la PAC supondrá en la región la inyección de 1.600 millones de euros anuales en concepto de ayudas directas. La agricultura andaluza es un sector que representa el 8 por ciento del PIB regional y que da empleo directo a más de 200.000 personas.

Con este pretexto, ayer tuvo lugar en el hotel NH Plaza de Armas de Sevilla la primera mesa redonda del ciclo «La despensa de Andalucía», organizado por LA RAZÓN y patrocinado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Al encuentro acudieron Vicente Pérez García de Prado, secretario general de Agricultura de la Junta de Andalucía; Antonio de León Espinosa de los Monteros, director de AgroBank en Andalucía Occidental y Extremadura; Cristina Capela Pérez, coordinadora de los Servicios de Asaja Andalucía; y Miguel Cobos García, secretario general de UPA Andalucía.

El Plan Estratégico de la PAC supondrá una de las revisiones más profundas del sector agroalimentario de las últimas décadas y Andalucía llega a esta negociación con una postura común entre la Junta y las principales organizaciones agrarias. En este sentido, Pérez insistió en que «aún quedan aspectos importantes» por aclarar en Bruselas en referencia al marco financiero y los requisitos que se van implantar para poder acceder a esas ayudas. El secretario general de Agricultura recalcó que en Andalucía se hizo un «gran avance con la reforma de 2014», en la que se ha demostrado que la comunidad «es muy competitiva, primera exportadora en productos agroalimentarios de España y sostenible», pero advirtió de que «con un presupuesto menor ahora se pretende exigir a los agricultores y ganaderos mayores requisitos», por lo que, según explicó, la Junta y las organizaciones agrarias firmaron un documento en el que se pide a la Unión Europea «que elabore un estudio de impacto de lo que sería trasladar esas estrategias» al modelo productivo andaluz.

En esta línea, Capela alertó del «recorte 1.280 millones de euros que supondría para Andalucía» el nuevo marco normativo e insistió en la idea de que «no se puede pedir más al agricultor con menos presupuesto». Por otra parte, señaló que la declaración institucional que se firmó «sirve para avanzar en positivo» y remarcó que «hay que dejar las diferencias políticas e ir todos unidos con una única voz» para que no se cambie el modelo de regionalización actual ni los derechos de pago. Por otro lado, Cobos calificó de «buena noticia» el presupuesto para España de 47.724 millones de euros, pero matizó que «lo que hace falta es un buen reparto». Según reclamó el secretario general de UPA Andalucía, «no se puede permitir que nuestros agricultores pierdan recursos», por lo que apostó por «un Plan Estratégico a nivel nacional que sea un modelo que siga manteniendo muchos de los requisitos que tenemos en la actualidad». También recordó la importancia de que las ayudas directas vayan destinadas a quienes realizan la actividad agraria y cumplan con los objetivos de la PAC, «tanto a quienes viven únicamente de la agricultura como a aquellas personas en situación de pluriactividad».

Por su parte, Antonio de León señaló que «si no somos capaces de garantizar la renta de los agricultores con la nueva PAC, al final se producirá un deterioro en el empleo». El director de AgroBank en Andalucía Occidental y Extremadura animó a las organizaciones y a la Junta a elaborar una hoja de ruta para mantener la financiación del sector agroalimentario y ganadero andaluz en la que «Bruselas por primera vez ha preguntado a todos los estados miembros» qué plan estratégico quieren tener.

Respecto a la posible reducción de las regiones, de 50 a 8, todos expresaron la misma postura: mantener el sistema actual. El secretario general de Agricultura de la Junta explicó que, a diferencia de otros países como Francia o Alemania, en España hay 50 regiones porque «tenemos una agricultura mucho más diversa». «Lo que se consigue así es hacer tasas planas y ver a todos los agricultores y todas las tierras de igual forma», alertó, aunque también se mostró a favor de «mejorar el sistema» e incluso de «reducirlas», pero no de forma tan drástica. Por su parte, Capela se mostró a favor de esta postura y recordó que este modelo salió «de una buena negociación» cuando el actual ministro era consejero de Agricultura. Así, calificó este modelo de «espléndido» y aseguró que se basa en «las regiones productivas» y que «está funcionando», pero recordó que desde Asaja se niegan a que «haya cambios tan bruscos» porque los agricultores «verían mermadas sus ayudas». Por otro lado, Cobos apuntó que se disminuirán las regiones, pero durante su intervención apostó por una reducción mínima: «pasar a cuatro u ocho sería un desastre para los agricultores andaluces», confirmó. «Disminuir el número de regiones es avanzar en pérdidas porque habría un trasvase territorial y sectorial a otras comunidades autónomas, lo que disminuiría la renta de los agricultores», explicó.

Respecto a las medidas verdes, cada país de la Unión Europea deberá destinar al menos el 40 por ciento de la dotación financiera de la PAC a los objetivos medioambientales y a la lucha contra el cambio climático, con medidas como la reducción de pesticidas o el incremento de cultivos sostenibles y ecológicos. Respecto a si Andalucía está preparada para poder cumplir con estos requisitos, el secretario general de Agricultura consideró que la región se encuentra «ya en el camino». Cobos tiene «buenas expectativas» porque, según explicó, la comunidad cumple ya con un «20 por ciento –del 25 que se solicita– de los objetivos de la ‘Granja a la mesa’» y cuenta con producciones sostenibles que se dan gracias a la agricultura integrada. Además, Pérez prevé que la comunidad contará en los próximos cinco años con un gran avance en cuanto a innovación. «Cada paso que demos en nuevas tecnologías serán tres en competitividad y seis en sostenibilidad», señaló. Bajo estas premisas, recalcó que «la región está preparada para recibir ese 40 por ciento del presupuesto en medidas de sostenibilidad». «Los agricultores andaluces estamos preparados para recibir ese porcentaje del paquete verde, pero hay que tener en cuenta que se resta en competitividad», concluyó. Por su parte, Capela también cree que la comunidad puede asumir ese 40 por ciento, aunque apuntó que «las exigencias que se piden en términos medioambientales deben tener en cuenta la competitividad con terceros países a los que no se les exige lo mismo» e insistió en que los eco-esquemas sean «sencillos» porque «realmente están obligando a los agricultores a que los realicen si quieren mantener el mismo nivel de renta que en el ejercicio pasado». Desde Agrobank, De León señaló que «antes el agricultor lo tenía más fácil en sus explotaciones agrarias» y opinó que en las negociaciones que se lleven a cabo –y en las que tendrán cabida el Gobierno, la Junta y las organizaciones agrarias– se tiene que reconocer que «lo que ya se está haciendo en materia de medidas de reverdecimiento y ecologismo se incorpora a los planes estratégicos de la UE».

Pérez destacó que hay que mantener el modelo que existe en Andalucía con «la agricultura y la ganadería ecológica, los terrenos con altos valores mediomabientales o las zonas de una intensidad productiva tremenda. Tenemos un mosaico de agricultura en el que conviven todos perfectamente y es un modelo de éxito y a seguir». En este sentido, quiso dejar claro que desde la Junta no quieren «el modelo de otras comunidades que se han quedado con los pueblos vacíos». Además, también hizo hincapié en el «mantenimiento» del agricultor pluriactivo, que hace agricultura y también ejerce otra profesión.

Así las cosas, todos los ponentes se mostraron de acuerdo en la importancia de que exista sintonía entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España para negociar en Europa. No obstante, el secretario general de UPA Andalucía recalcó que «hay que tener mucha sintonía y diálogo con otras comunidades autónomas para que en las conferencias sectoriales se saquen adelante posiciones que beneficien» a los ganaderos y agricultores andaluces. Tanto Capela como Cobos afirmaron que, desde sus posiciones, Asaja y UPA harán presión en sus propias organizaciones a nivel nacional. Por último, Pérez aseguró que desde la Junta de Andalucía se han propuesto diferentes modelos al Gobierno de España en los que «se defiende» el sistema que se está desarrollando en la comunidad autónoma.