El Vacie, un asentamiento casi centenario ante un final incierto

Antes de que estallara la pandemia del coronavirus, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, anunció que «pronto» sería una realidad la desaparición del Vacie, un asentamiento chabolista casi centenario que ha sobrevivido al desarrollo de la ciudad y que sigue en pie fruto de la desidia de las administraciones de todos los colores políticos. Fue en 2016 cuando se dio un paso decisivo de cara a su desmantelamiento: la Unión Europea lo incluyó en un programa dotado con 350.000 euros, con el objetivo de acabar con este núcleo chabolista en 2020. Nuevamente, los plazos se incumplieron, pero el fin sigue siendo el mismo, tanto que el regidor no ha ocultado su intención de ubicar el futuro parque norte de la ciudad en los terrenos que ocupan las infraviviendas.

En 2018 el Ayuntamiento aprobó el plan de erradicación, que contemplaba una «intervención social integral para el realojo de 120 familias» chabolistas mediante «acompañamiento social, seguimiento, apoyo a la inserción» y medidas contra «el absentismo y la desprotección» de los 198 menores residentes entonces. El último paso se dio el pasado mes de noviembre, cuando la Gerencia de Urbanismo aprobó iniciar los trámites de la contratación de las obras de demolición, por un importe de 130.000 euros.

¿Será 2021 el año en el que se liquidará definitivamente el Vacie? En los últimos cuatro años los servicios sociales y distintas organizaciones han trabajado intensamente con las familias y muchas han abandonado el asentamiento, instalándose en otros barrios y municipios cercanos. Sin embargo, existe un pacto de silencio entre todos los actores para que este proceso no salga a la luz, puesto que los realojos podrían provocar rechazo social en las zonas a donde se trasladan las familias. Cuántas han salido del asentamiento, los barrios o municipios de destino, las necesidades sociales más urgentes y los plazos de cara a la erradicación son incógnitas sin resolver. Consciente de que el realojo es uno de los puntos más sensibles de este proceso, el presidente del Colegio de Trabajo Social de Sevilla, José Luis Sarasola, asegura a LA RAZÓN que «ningún barrio quiere recibir a personas que provengan de un asentamiento». «Estas familias no pueden ir todas a la misma zona, a la misma calle o al mismo bloque, sino que hay que hacer un trabajo muy pormenorizado para evitar el rechazo social».

Sarasola recuerda que en la ciudad existen áreas básicas de servicios sociales que cuentan con diferentes profesionales que han trabajado con estas familias, como trabajadores sociales, educadores y psicólogos. El caso del Vacie, apunta, es «poliédrico» y se pregunta si se ha hecho todo lo posible para su erradicación, si se han puesto en marcha los recursos suficientes y si existen los profesionales necesarios para atender la problemática. «Muchas veces no ha sido así», subraya, aunque muestra su convencimiento de que «todos los gobiernos que han pasado por la ciudad han tenido como prioridad la erradicación».

El presidente del Colegio de Trabajo Social de Sevilla valora la intención de ubicar un parque en la zona. «Para evitar que este problema renazca se necesita convertir el lugar en un parque público o en un solar donde se edifique algún equipamiento social. Esta medida ha tardado tiempo y parece que tiene visos de solucionarse». La ciudad ha vivido procesos similares, recuerda, como la erradicación del asentamiento de San Diego. «Ahora es una zona residencial y nadie se acuerda de que allí había chabolas». También había infraviviendas en lo que hoy es el parque de los Perdigones y en Chapina.

El seguimiento de las familias es un proceso complejo que viene marcado en la ley de servicios sociales. El área básica donde se incluye el asentamiento envía profesionales para hacer un estudio de las familias que «conlleva conocer cuáles son sus posibilidades económicas, sanitarias, educativas, sociales, vivenciales o de vivienda». Se pone en común toda la información y se hace un diagnóstico, que arrojará luz sobre «el camino, el método a seguir». Posteriormente, se planifica la intervención.

«La ley de servicios sociales dice que a todos los usuarios que pasan por estas áreas básicas hay que hacerles un itinerario de intervención. Por ejemplo, de facilitación de una vivienda, un trabajo, una pensión no contributiva, un salario social, el ingreso mínimo de inserción o una residencia porque es mayor», señala Sarasola. Luego, los trabajadores sociales hacen la intervención mediante entrevistas, visitas domiciliarias, reuniones y dinámicas de grupo «para intentar que cambien su modo de vida». Y se les plantea un recurso. «Si se les entrega una vivienda, el objetivo es que se integren en la zona donde van a vivir». Pasados unos años se evalúa todo el trabajo que se ha realizado. «El Vacie ya lleva varios años en este proceso y no ha habido ninguna polémica, así que el plan de inserción está saliendo bien».