Juan Carlos Alférez: «Sería una verdadera sorpresa que el TS dictara sentencia ERE antes del verano»

En la mesa de su despacho de Sevilla se apilan documentos, junto a dos ordenadores que lo ayudan a engrasar un despierto cerebro legal. Juan Carlos Alférez es uno de esos abogados que adivina qué brisas pueden disparar tempestades judiciales. También es de los que se abotona a diario camisa y una chaqueta en la que la punta de un pañuelo pellizca miradas. Tras años de experiencia, tiene algunas ideas claras.

–Está inmerso en múltiples «macrocausas», con epicentro en Andalucía y en otros puntos de España, ¿es de los que creen que los plazos máximos de instrucción crean impunidad, o lo contrario?

–No comparto la premisa, una Justicia tardía no colma el derecho constitucional al proceso debido, debe tener ciertos límites, y, visto de otro modo, las «macrocausas» prospectivas interminables y «sine die» en las que estamos involucrados, consiguen un efecto de colapso de la Justicia que, a la postre, genera muchos más perjuicios que beneficios. Se pretende abarcar muchísimo más de lo que el sistema con sus escuetos medios puede absorber y, visto en panorámico, estas causas eternas sin plazos generan tantas irregularidades procesales y tantas vulneraciones de derechos que, a la larga, son las que podrían llegar a producir los verdaderos espacios de impunidad.

–Uno de los «macroprocesos» más mediáticos ligado a la comunidad es el de los ERE, ¿comparte la opinión de los colegas que aseguran que antes del verano habrá sentencia del Tribunal Supremo (TS) en la pieza política?

–Absolutamente no, sería una verdadera sorpresa que se dictara sentencia antes del verano. La enjundia de la materia, la extensión de la sentencia en sí y, sobre todo, la rigurosidad, profundidad y densidad con la que han sido formulados las decenas de motivos de los recursos de casación, hacen pensar que aún tardaremos antes de conocer la sentencia definitiva del caso.

–Y, ¿se atreve a dar una fecha sobre cuándo considera que adquirirá firmeza la última sentencia de la última pieza todavía sin instruir de ese proceso?

–Eso es imposible de adivinar, no por las decenas y decenas de juicios del «caso ERE» que mantendrán colapsadas a las únicas tres secciones de la Audiencia Provincial de Sevilla que pueden enjuiciar, es que, en paralelo, la «macrocausa» de Invercaria es una fuente de juicios separados igualmente inagotable y súmele las variantes del «caso formación», piezas separadas que se pudieran abrir en los casos «Avales», «Jeremie», «Faffe», «Minas de Aznalcóllar», «Marismas», «Isofotón», investigaciones sobre Abengoa, etc. En definitiva, infinidad de «macrocausas» que generan cada una de ellas juicios de meses y meses de duración. Me atrevo a augurar más de una década hasta terminar con todo lo que hay en gesta en los juzgados de instrucción ahora mismo, si todo ello llegara finalmente a juicio.

–¿Qué piensa del reparto de tareas pactado entre los magistrados del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana y María Núñez? Se han presentado recursos contra él, ¿qué podría suponer su estimación?

–Ambos magistrados gozan de la máxima consideración de este letrado, no es una cuestión de preferencia de uno sobre otro. De hecho, Vilaplana es un extraordinario magistrado de enorme vocación y dedicación, que profiere un trato exquisito a todos los letrados que operamos en su juzgado, pero la cuestión es que advertimos una duda de legalidad en el reparto que, por interés de todas las partes, es necesario que se depure ahora y no mediante cuestiones de nulidades futuras en estados avanzados de los procesos. Lo hemos planteado como un acto de lealtad procesal: ante la duda jurídica seria que planteamos, resuélvase cuanto antes y, por supuesto, una vez resuelta la cuestión, los procesos seguirán adelante con total normalidad.

–La Audiencia de Sevilla reabrió el año pasado el llamado «caso avales», concedidos por la agencia IDEA de la Junta, y hay quién sostiene que podría ser la «mayor» causa «de corrupción de la democracia», ¿está de acuerdo?

–Espero que no, por el bien de nuestros defendidos a quienes consideramos inocentes, pero la cuestión, de nuevo, reside en construir una causa eficiente, manejable, práctica, no prospectiva, con bases sólidas y sin fundarse en meras conjeturas. En resumen, en alejarnos de una investigación desarbolada que por mucho abarcar terminará siendo ingobernable e ineficiente.

–Algunos de sus clientes están implicados en procesos de corrupción en la Audiencia Nacional y en otras comunidades autónomas ¿ha descubierto si existe algo en común entre esas tramas y las andaluzas?

–Desde una perspectiva material, permítame que no me pronuncie, pues a las personas que defiendo no las puedo considerar que integren ninguna trama, pero, desde una perspectiva procesal, sin duda alguna, todas las «macrocausas» participan de las mismas patologías que le he ido describiendo. Lo que sí que tienen todas en común es que al convertirse en mediáticas, es irremediable que se formulen perniciosos juicios paralelos que fulminan la presunción de inocencia de los investigados y cuando además, la información procesal es usada por los partidos políticos en su dialéctica de enfrentamiento, el resultado final es desastroso, tanto para el proceso en sí, como para el sistema de garantías en su conjunto.

–Fue crítico con que se habilitara el mes de agosto de 2020 en el ámbito judicial para intentar combatir los efectos de la pandemia, con el paso del tiempo, ¿mantiene que no sirvió para nada?

–Desde el máximo de los respetos para quien tomara dicha decisión, fue una medida perfectamente inútil, prescindible, que no consiguió el menor resultado y sólo sirvió para atentar contra el derecho al descanso vacacional de muchísimos operadores jurídicos, entre los que me encontraba.

–La denuncia de la falta de medios en la Justicia es recurrente, ¿qué es lo que más urge?

–Sin duda alguna una verdadera transformación digital que agilice el proceso, que optimice los recursos, que recorte los tiempos de tramitación, que digitalice los recursos documentales y que utilice el avanzado estado de la inteligencia artificial actual, sobre todo, en lo relativo a la automatización de trámites que ahora requieren ingentes recursos.