La Junta traslada a Vox que «no consta» su personación por un ERE «ilegal» de CajaSur

Un diputado de la formación vuelve a reclamar explicaciones sobre qué se ha hecho para «agilizar la investigación»

Imagen de una antigua sede de CajaSur
Imagen de una antigua sede de CajaSur

Una de las características sustanciosas del llamado «caso ERE» es la cantidad de flecos que cuelgan de su tela central. Fue en 2013 cuando un ex trabajador de la extinta CajaSur, R. B., dirigió una denuncia al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, comandado entonces todavía por la jueza Mercedes Alaya, sobre un expediente de regulación de empleo (ERE) «presuntamente ilegal» ejecutado en 2000. Trasladó al órgano judicial que aquel año y «presuntamente a través» del ex consejero andaluz «Gaspar Zarrías», el Ejecutivo autonómico «concedió un ERE a CajaSur», a pesar de que en aquellas fechas la ex entidad financiera cordobesa «daba beneficios».

En el ámbito judicial aquel movimiento no tuvo consecuencias, al menos que se conozcan. Pero tiempo después, en diciembre de 2019, el diputado autonómico de Vox Rodrigo Alonso Fernández pidió explicaciones sobre el asunto a la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, vía pregunta oral en el Pleno de la Cámara. Y no se quedó ahí. También planteó un par de interrogantes por escrito. Quiso saber primero si se había personado la Junta, por medio de su gabinete jurídico, en el juzgado sevillano para «facilitar cuanta información» se hubiera considerado «oportuna» con el fin de «agilizar la investigación». En segundo lugar buscó saber qué acciones iba a llevar a cabo el Ejecutivo regional «con respecto al caso del ERE concedido a CajaSur».

El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, departamento al que está adscrito el conjunto de letrados de la Administración regional, le ha respondido que «no consta que el Gobierno andaluz a través de su gabinete jurídico se haya personado en la causa» y que, lo que sí tiene la Junta «como uno de sus principios fundamentales», es «el respeto de las decisiones judiciales». «Es por ello por lo que, en el ámbito de nuestras competencias daremos cumplimiento, en tiempo y forma, a todos los requerimientos de la Administración de Justicia que pudieran producirse referidos al caso», remata el titular de la Presidencia, como puede comprobarse en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA) hecho público ayer y consultado por LA RAZÓN.