El Defensor del Pueblo Andaluz ve “urgente” crear “un verdadero sistema de protección” social público

El año 2020 ha quedado irremediablemente ligado a la peor crisis sanitaria del último siglo. Las consecuencias de una pandemia que se mantendrá viva mientras no se alcance la deseada inmunidad de rebaño con la vacunación masiva ha puesto en evidencia las debilidades de los servicios públicos y la urgencia de crear “un verdadero sistema de protección”. Esa es la conclusión fundamental que el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha extraído de su Informe Anual del año pasado, que ha presentado este martes en el Parlamento. Para Maeztu, “es urgente un sistema de acogida y acompañamiento para las personas más vulnerables. Falta un verdadero sistema de protección”, ha lamentado.

El informe, de 604 páginas, pretende ser una radiografía de las dificultades más habituales que sufrieron los andaluces el pasado año. En este sentido, ha destacado que la Defensoría realizó casi 30.000 actuaciones, que se reparten en la gestión de 12.573 quejas -de las que 8.752 eran nuevas-; así como la atención de 16.828 consultas. En total, 35.146 personas requirieron la intervención del Defensor, con la particularidad de que el 15% de las quejas y el 25% de las consultas tuvieron relación con la covid.

“La pandemia nos ha enseñado lecciones y una de ellas es que debemos salir juntos, no dejar a nadie atrás”, según Maeztu, quien ha reiterado la necesidad de “un reforzamiento de los servicios públicos. La gente se siente segura cuando está en lo público, después vendrá la economía de mercado”. Tras enunciar la problemática de las administraciones públicas, ha aclarado que “a mí no me interesa el reproche” sino la búsqueda de respuestas. En esa línea, ha aludido a la preocupación por la inmunización ante el virus que sufre la población al no existir certeza sobre “cuánto tiempo van a tardar en vacunar. Ahí tiene que haber una respuesta y un reforzamiento de la sanidad”, ha remarcado.

El Defensor andaluz se ha referido a los retos planteados en la presentación de su informe especial sobre la covid, reduciéndolos a cuatro: el reforzamiento del sistema sanitario y de los servicios sociales; la economía de cuidados; la salud mental y la mejora de los servicios de atención ciudadana por parte de las administraciones. Su impresión del año que ha quedado atrás gravita en torno a la necesaria “humanización” de la administración, al entender que con su mal funcionamiento ha contribuido a “aumentar la desesperación de la ciudadanía”. En su opinión, el coronavirus “ha creado una corteza de soledad y falta de atención en muchas personas”, a las que no se les ofrecen alternativas. “La administración tiene que humanizarse -ha reiterado- porque la gente parte de la idea de que no le va atender ni siquiera en el médico” o al recordar el hecho de que “en la dependencia se está muriendo gente que no ha llegado a disfrutarla”. Por eso, ha exigido a la Junta que la sanidad recupere la plena presencialidad, frente al modelo de atención telefónica de los médicos en centros de salud, impuesto tras el confinamiento de marzo y ha anunciado que exigirá a las consejerías “planes estructurados” de atención social. “Queremos salir todos juntos de esta crisis. El camino es muy cruel. Es urgente adoptar estos retos para combatir la pobreza y la desigualdad”.

Otro de los problemas acuciantes señalados es la incipiente “brecha digital” como una nueva forma de exclusión social, algo que ya denunció en su anterior informe, alertando de la creación de “analfabetos digitales”, a los que se suman los innumerables fallos de la administración electrónica.

En cuanto a la distribución por temas de las quejas, el informe contempla que las políticas sociales representan un 61% de las actuaciones de la Defensoría y constituyen la principal demanda de las personas vulnerables. Dentro de ese bloque, los servicios sociales suponen el 44% de las intervenciones y cuestiones relacionadas con el empleo un 21%. El profuso estudio señala que “la crisis sanitaria y económica causada por el SARS-CoV-2 ha supuesto la gota que ha colmado el vaso en materia de vivienda, lleno hasta el borde desde hace años con los problemas estructurales de los que la institución viene alertando”. Las quejas en este sentido suponen el 14% en ese mismo apartado. Los problemas en la Justicia copan un 12% de los requerimientos globales, fruto del “colapso judicial” en que hay en la comunidad.