La Fiscalía exime de responsabilidad a Fernández de Moya y las acusaciones le piden penas de cárcel

El Ministerio Fiscal se ha mantenido en su posición inicial de eximir de cualquier responsabilidad al que fuera alcalde de Jaén y secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, en la trama de facturas falsas de Matinsreg, mientras que las acusaciones particular y popular, ejercidas por el Ayuntamiento de Jaén y por el PSOE, respectivamente, sí han pedido penas de cárcel para el que fuera cargo público por el PP. Durante la fase de informes, el Ministerio Fiscal, que ha intervenido durante algo más de una hora, ha defendido que en esta causa está fuera de toda discusión que las facturas eran falsas y que se “manipularon” para recoger “incrementos artificiales que superaban con mucho el margen de beneficio”, con el único propósito de obtener “un beneficio ilícito” a costa del dinero público del Ayuntamiento.

Para el Ministerio Fiscal ha quedado acreditado que Fernández de Moya no tuvo participación en los hechos juzgados. “No ha tenido nada que ver en la facturación” y “nadie ha podido acreditar que tuviera ese conocimiento de la facturación falsa”, ha dicho el fiscal para referirse a Fernández de Moya. Ha rechazado que, aunque se le pueda presuponer al exalcalde falta de diligencia o “descontrol” en el Ayuntamiento, eso no justifica una condena por omisión porque, según el representante del Ministerio Público, “no está contemplado en el Codigo Penal”.

La facturación falsa se la atribuye el Ministerio Fiscal a los tres empresarios acusados en este causa y a los que reclama penas por delito continuado de falsedad en documento mercantil y de malversación de caudales públicos. En concreto, para los dos empresarios que facilitaron el desembarco de Matinsreg en Jaén pide una pena de siete años de cárcel.

En lo que respecta al gerente de Matinsreg, que reconoció durante su declaración el juicio la existencia de la trama, el fiscal pide que le apliquen las atenuantes de reparación del daño y confesión por lo que solicita que se le impongan dos años por el delito de malversación y un año y nueve meses por el de falsedad documental.

Para los exconcejales Miguel García Anguita y Manuel del Moral reclama ocho años de prisión y 15 años de inhabilitación absoluta por el delito continuado de falsedad documental en concurso con el delito continuado de malversación y de cohecho.

Al técnico municipal que dio el visto bueno con su firma a facturas infladas, le pide siete años de prisión por malversación de caudales públicos y falsedad documental. En este caso retira la acusación de cohecho. También pide tres años de cárcel para la persona encargada de hacer las facturas y presentarlas en el Ayuntamiento, al tiempo que exime de responsabilidad a la única mujer que aparece como acusada en esta causa.

Para el Ministerio Fiscal queda acreditado por las declaraciones de los testigos y del propio gerente de Matinsreg que las personas encargadas en el Ayuntamiento de que las facturas fueran tramitadas era García Anguita y Manuel del Moral, a las que también acusa de cohecho por “enchufar” a familiares de miembros de la Concejalía de Mantenimiento Urbano que fueron contratados por Matinsreg y otras empresas de su círculo “sin conocimientos de fontanería, ni de albañilería ni de electricidad”.

Para el fiscal ha quedado en evidencia que “existió un plan de tres empresarios y colaboraban desde el Ayuntamiento en ese plan, García Anguita y Manuel del Moral”, un plan que ha supuesto un quebranto para las arcas municipales que el Ministerio Público cifra en 3,4 millones de euros, cantidad que queda reflejada en la responsabilidad civil que reclama a siete de los nueve acusados.

Por su parte, las acusaciones particular y popular sí que han pedido pena de cárcel para Fernández de Moya, que va entre los ocho años de prisión que pide el Ayuntamiento y los siete solicitados por el PSOE, como autor de un delito de prevaricación y otro de falsedad documental.

Para el PSOE, Fernández de Moya fue “partícipe del concurso de voluntades entre los acusados” para que la empresa Matinsreg empezara a trabajar para el Ayuntamiento. Además, le responsabilizan de desoír las advertencias de manifiesta ilegalidad realizadas por el interventor y de “no articular medio jurídico o administrativo de ningún tipo para evitar el pago efectivo de las facturas giradas”.

El abogado del Consistorio jiennense ha incidido en que en el caso de Fernández de Moya “se ha dispuesto todo para no querer saber”, lo que no le exime de responsabilidad en esta trama cuyo objetivo era “esquilmar las arcas del Ayuntamiento de Jaén”.

El Ayuntamiento ha reclamado para seis de los nueve acusados, incluido el que fuera alcalde de Jaén y secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ocho años de cárcel y 20 años de inhabilitación absoluta, por delitos que en su caso incluyen la malversación y la prevaricación. En otros de los acusados también contempla la falsedad en documento oficial.

Por otro lado, para los exconcejales Manuel García Anguita y Manuel del Moral, junto con el técnico municipal, ya jubilado, ha pedido once años de prisión al sumar el delito de cohecho. Además, de los 20 años de inhabilitación absoluta incluye otros siete años más de inhabilitación para empleo o cargo público y multa de 6.000 euros.

En lo que respecta al gerente de Matinsreg, que reconoció en el juicio haber formado parte de una trama de facturas falsas para cobrar al Ayuntamiento por trabajos no realizados y con sobrecostes vinculados al mantenimiento de las fuentes ornamentales y de beber, el Ayuntamiento ha pedido que se contemplen las atenuantes de confesión y reparación del daño.

Atenuante de confesión por haberlo reconocido todo durante su declaración ante el tribunal y reparación del daño por haber depositado en el juzgado un millón de euros para que fuera puesto a disposición del Ayuntamiento de Jaén.

De contemplar estas atenuantes el tribunal, que también pedirá el PSOE como acusación popular, supondría rebajarle la pena, que finalmente se quedaría, entre los tres años y medio y los cuatro años de cárcel.

En lo que respecta al PSOE, su horquilla de penas va desde los siete años de cárcel y 15 de inhabilitación absoluta que solicita para seis de los nueves acusados, entre ellos Fernández de Moya, por delitos que incluyen malversación, prevaricación y también en algunos casos, la falsedad documental.

Para tres de los acusados, como son los exconcejales García Anguita y Manuel del Moral, así como para el que fuera técnico municipal, A.S.G., además de los siete años, añade otros tres más como presuntos autores de un delito de cohecho por el que también le reclaman multa de 2.160 euros y siete años de inhabilitación para cargo público.

La acusación particular como la popular consideran que la única mujer que está sentada en el banquillo como acusada merece una condena como cómplice de los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental por el que le reclaman cuatro años en el caso del Ayuntamiento y tres años de cárcel por parte del PSOE. En cuanto a responsabilidad civil, el Ayuntamiento pedirá que los nueve investigados indemnicen al ayuntamiento en 3,9 millones de euros por el “quebranto real” causado a las arcas municipales.

El origen de esta causa está en la querella interpuesta por el grupo municipal socialista a finales de 2017 y en la que se apuntaba a pagos “inflados” a Matinsreg, empresa a la se había adjudicado sin ningún soporte contractual y usando el procedimiento de emergencia, el servicio de las fuentes ornamentales en la ciudad cuando Fernández de Moya era alcalde de Jaén, en 2012.