La nueva PAC, de las «intenciones» al modelo que reconozca al agricultor andaluz

La agricultura genera el 10 por ciento del empleo de Andalucía –casi 500.000 personas viven del campo de forma directa– y supone el 12 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) regional. El sector agrícola es un puntal económico de primer orden en la comunidad autónoma que, en tiempos de pandemia, ha sabido resistir y ha abastecido a los hogares pese a sufrir problemas endémicos como las crisis de precios o la competencia desleal. Sin embargo, la principal amenaza ahora es la reforma de la Política Agraria Común (PAC) que puede acarrear graves perjuicios a los agricultores andaluces y por ello continúan movilizándose en defensa de un modelo «justo».

Esta incertidumbre ha llevado a las organizaciones agrarias y a la Consejería de Agricultura a articular una postura común para blindar los intereses del sector frente a los cambios que vendrán desde Bruselas. De momento, el Gobierno central ha alumbrado un decreto de transición que no satisface a los productores ni a la Junta, a la espera de la gran reforma de la PAC que entrará en vigor en 2023. Ricardo Serra, presidente de Asaja Andalucía, asegura a LA RAZÓN que los efectos de este decreto «pueden ser bastante dañinos» para la región. El sector trasladó su descontento al ministro del ramo, Luis Planas, quien «verbalmente» abrió la puerta a introducir cambios, pero ya de cara a 2022. Recientemente, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, abogó en comisión parlamentaria por un periodo de convergencia «paulatina» que respete situaciones particulares como los ganaderos con poca base territorial o los cultivos industriales.

Este decreto, sin embargo, no hace más que indicar el camino de la nueva PAC. ¿Cuáles son los aspectos más lesivos del modelo que se está elaborando? Serra critica la posible eliminación de los derechos históricos de Andalucía. «Puede entrar una cantidad ingente de hectáreas que antes no estaba», apunta, lo que se podría traducir en una «rebaja muy considerable por parte de los perceptores habituales de la PAC». Crespo, por su parte, aseguró que la protección del sistema de derechos es fundamental para «la incorporación de jóvenes agricultores o mujeres agricultoras al mundo rural».

Está también en juego la definición del agricultor pluriactivo. Según Crespo, esta denominación es importante para que «ninguna persona que realice actividad agraria salga del sistema de la PAC». Para Serra, «dependiendo de cómo se gestione se podría quedar mucha gente fuera». En la región abundan los agricultores que tienen pequeñas explotaciones y también un trabajo que permite el mantenimiento de la economía familiar. «Si los rendimientos de explotación no llegan al 20%, obviamente se quedarían fuera de la PAC». En este sentido, defiende la protección de estos agricultores «a tiempo parcial, pequeños, que tienen mucha importancia para la fijación de la población al territorio», especialmente en zonas rurales de Jaén.

El asunto más «delicado», a juicio de Asaja, es el de las regiones productivas. El modelo que expira contempla 50 y la reforma plantea una reducción de las mismas, aunque todo depende de la cifra final o del reagrupamiento. «Si la agrupación estuviera bien estudiada y quedaran 25 regiones, por ejemplo, este escenario no tendría una incidencia muy negativa para Andalucía». Sin embargo, si quedaran 6, 7 u 8, «ahí se produciría un daño importante». «Tenemos que tener en cuenta que Andalucía tiene una extraordinaria diversidad agrícola, que va desde el Poniente almeriense hasta ganadería de la Sierra Norte de Sevilla», asegura. En la misma línea, Crespo mantiene que las regiones productivas «son necesarias para reconocer la gran diversidad de agriculturas que caracterizan a nuestra comunidad y, aunque se podrían simplificar, es necesario trabajar en la fórmula más coherente de hacerlo».

Andalucía es la región española que cuenta con el mayor número de perceptores de la PAC, concretamente 220.000. Crespo, en su intervención parlamentaria, recordó que la comunidad autónoma representa el 36% de la renta agraria del país y el 27% de los perceptores de las ayudas. «Vamos de la mano de las organizaciones, no vamos contra nadie y solo pedimos sensibilidad para Andalucía», insistió.

Serra recuerda que Andalucía es también la región que recibe la mayor cantidad de pagos por hectárea derivados de los cultivos históricos. «Estos pagos no se establecieron por una rifa, sino que compensaban el daño producido por la caída de los precios a nivel internacional».

Asaja hace referencia a estudios que dicen que Andalucía, con el nuevo modelo que se está planteando, podría dejar de recibir la mitad del dinero del primer pilar. En concreto, casi 600 millones de euros, lo que supondría «un perjuicio muy serio».

Planas conoció recientemente de primera mano la opinión de las organizaciones agrarias y de la Junta. Asaja valora su predisposición al diálogo, pero apunta que «esto no es una cuestión de intenciones, necesitamos algo más». Por ello, insta a plantear ya alternativas a este modelo y reclama estudios de impacto que cuantifiquen las consecuencias para el sector.