Europa alumbra la nueva PAC en la que cabe el modelo agrario andaluz

Después de tres años de negociaciones, la Comisión Europea, el Parlamento y el Consejo acordaron recientemente las líneas maestras del nuevo marco 2023-2027 de la Política Agraria Común (PAC). Una reforma que ha sido bien acogida por la Junta de Andalucía y las organizaciones agrarias y que va en sintonía con la declaración institucional que suscribieron estos actores a nivel andaluz en septiembre de 2020. En definitiva, en la nueva PAC pactada en Bruselas tiene cabida el modelo agrario andaluz, que representa el 37 por ciento del Valor Añadido Bruto (VAB) de España, dando así continuidad al modelo de regiones y derechos.

De entre los aspectos positivos, la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, destacó que el acuerdo implica una «mayor gobernanza para los estados miembros y no exige cambios bruscos sobre el modelo actual». De esta manera, el texto se ajusta al periodo de convergencia paulatina propuesto por Andalucía, que fija el objetivo de alcanzar el 85 por ciento en 2026. Junto a ello, se introduce un mecanismo de limitación de pérdidas, un extremo fundamental para sectores que se pueden ver especialmente afectados como el ganadero de poca base territorial o los de cultivos industriales. Sin este mecanismo estos agricultores y ganaderos «se verían muy perjudicados haciendo inviable el mantenimiento de su actividad».

Ahora, el Ministerio de Agricultura deberá consensuar con las comunidades autónomas un plan estratégico nacional para aplicar en España la nueva PAC. En este sentido, Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía instó al departamento de Luis Planas a «escuchar los planteamientos autonómicos», a diferencia de lo que lo ocurrido con el real decreto que fijó las bases del periodo transitorio 2021-2022, que establecía una convergencia «demasiado brusca».

Sobre la figura del agricultor genuino, la Consejería de Agricultura destaca que el acuerdo «respeta la pluriactividad», incluyendo a los que reciben menos de 5.000 euros de ayudas directas. «Se trata de una pieza clave para el mantenimiento de la actividad económica, el empleo y la fijación de la población a las zonas rurales», indicó Crespo. No tiene la misma opinión Asaja, que califica de «difusa» esta definición. «Puede haber agricultores que, pese a desarrollar una actividad agraria real, si no cumplen con este nuevo requisito dejarán de percibir los pagos de la PAC».

Sí temen la Junta y las organizaciones agrarias las consecuencias de los nuevos requisitos medioambientales. Los denominados ecoesquemas condicionarán el 25 por ciento de los pagos directos. Según la Junta, «este incremento de las exigencias ambientales y climáticas limita la competitividad en los mercados al generar una competencia desleal respecto a las importaciones de terceros países que no las aplican, poniendo en peligro la rentabilidad de nuestras explotaciones». Además, se aumenta la ambición ambiental del segundo pilar a un 35 por ciento, un incremento que «elimina el margen de maniobra y la flexibilidad para el cumplimiento de los objetivos ambientales». En la misma línea, Asaja subraya que esta arquitectura ambiental «propiciará que los agricultores reciban menos compensación aunque deban asumir mayores compromisos».

El acuerdo también incluye una nueva condicionalidad basada en el cumplimiento de la legislación en materia laboral. Las sanciones en este sentido serán aplicadas por la autoridad agraria, «lo que aumentará la carga administrativa y la complejidad de la gestión de las ayudas, lejos de la simplificación perseguida con la reforma», según la Junta. Esta condicionalidad social, a juicio de Asaja, es «ajena al acerbo y a la tradición de la PAC» considerándola «totalmente innecesaria en una UE donde la legislación y la inspección laboral están ya más que desarrolladas».

En definitiva, Asaja asegura que el acuerdo consagra una PAC «más verde, que remunera peor al agricultor y deja un amplio margen de subsidiariedad a los estados miembros». Establece unos requisitos que la alejan del fin primordial, que es «producir alimentos sanos y abundantes a un precio razonable para satisfacer la demanda de los consumidores europeos». Por su parte, la Junta confía en que se tenga en cuenta el potencial de la agroindustria andaluza en el pacto nacional, puesto que la comunidad autónoma tiene un sector «diversificado, competitivo y sostenible».

El PP espera que el acuerdo nacional no suponga “otro maltrato”

El PP confió ayer en que el acuerdo nacional sobre la PAC, que se debatirá la próxima semana entre el Gobierno y las comunidades autónomas, no suponga «otro maltrato más a Andalucía». La formación recordó que, mientras otros países como Alemania ya tenían acordado su marco nacional nada más aprobarse el acuerdo en Bruselas, lo único que se conoce en Andalucía es un «documento a grandes rasgos, que llega tarde, mal y quiere negociarse con prisas obviando cuestiones importantes».