Los niños desaparecidos a los que nadie busca

Miles de personas cruzaron el pasado 17 de mayo la frontera que separa la región marroquí de Tánger-Tetuán-Alhucemas de la ciudad autónoma de Ceuta. Al día siguiente se repitieron las imágenes, con gente atravesando a nado o a pie la playa de El Tarajal desde Marruecos para entrar España. A simple vista, se apreciaba que muchos de ellos eran niños de apenas 12 o 13 años. La crisis diplomática desencadenada centró la atención en las causas que provocaron que más de seis mil personas se echaran al mar para salir de su país, desenfocando la realidad de cada una de ellas. Hasta julio, la Delegación del Gobierno en Ceuta no confirmó que 1.128 de las seis mil contabilizadas eran menores de edad, señalando que en «al menos 200» podría constatarse su mayoría de edad al realizar la evaluación. Con esa acotación, la delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, contribuyó a iniciar la cadena de criminalización que sufren los menores migrantes. Esta cuestión preocupa desde hace mucho a las Defensorías del Pueblo de toda España, que en octubre de 2019 aprobaron la Declaración de Tarifa, en «defensa y protección de los niños y niñas que llegan a España sin la compañía de personas adultas que los protejan». El texto recogía un decálogo de obligaciones de las administraciones públicas para garantizar que «la atención a estos menores de edad responda a su superior interés, primando, en todo caso, el enfoque de infancia respecto a la condición de inmigrante». «Son niños, no migrantes extranjeros», recalcó el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, quien hizo un llamamiento a la mejora de la acogida «frente a los discursos de la xenofobia y la criminalización», en creciente ascenso en los últimos años.

El Defensor del Pueblo Español también ha trasladado a la Fiscalía General del Estado su «preocupación ante las reiteradas quejas que se reciben» por irregularidades en la evaluación de la edad de estos adolescentes. «Se constata con alarmante frecuencia la insuficiencia de las pruebas médicas, la ausencia de intervención forense, de participación del presunto menor en todo el procedimiento y la falta de notificación de los decretos», impidiéndoles «recurrir judicialmente la mayoría de edad acordada», señala en el documento sobre «Determinación de la edad de menores extranjeros indocumentados». Ese constituye solo el primero de los problemas al que se enfrentan los menores que en su proceso migratorio llegan a España solos. Para arrojar luz sobre su situación, el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (Famsi) ha elaborado el diagnóstico #tútambién, un estudio de la realidad de los niños migrantes en el norte de Marruecos y en Andalucía, realizado en colaboración con la Federación de Colectividades Locales del Norte de Marruecos (An^mar) y con la financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID). El proyecto alerta sobre la desprotección a la que está sometido el colectivo y la falta de control existente, en cuanto a registros oficiales, ya que muchos de ellos viven en la calle –especialmente en Marruecos–. «La protección que se despliega es insuficiente», asegura el análisis, poniendo sus derechos «constantemente en duda por su doble condición de menores y extranjeros». «En Marruecos destacamos la falta de recursos de acogida; la inexistencia de un marco legal de tutela; los problemas de escolarización y de acceso a la salud y la dificultad para acceder a un permiso de residencia», recoge el informe. Respecto a España, apunta a problemas en «el modo en que son recepcionados en los Centro de Atención Temporal de Extranjero (CATES); el modo en que se aplica la prueba de determinación de edad; la falta de diligencia en su escolarización inmediata en el sistema educativo público para los menores de 16 años; la tardanza en decretar el desamparo; las “fugas” de los centros; el retraso en su documentación y la desprotección al cumplir los 18 años».

El exhaustivo diagnóstico aborda una amplia problemática, que llega incluso a plantear una cuestión tan simple y complicada a la vez como su denominación: «¿cómo los llamamos?». El término burocrático «mena» (menor extranjero no acompañado) solo ha servido para despersonalizar a este colectivo, empleado en los discursos de odio de partidos políticos de extrema derecha y primando su condición de extranjeros por encima de la de niños. Sobre la situación en Andalucía, aclara que «hablamos de chicos y chicas entre 10 y 17 años que proceden de los países del Magreb, principalmente Marruecos, y de los países de África del Oeste». «Para algunos jóvenes significa estar por primera vez en situación de calle», lamenta, algo que también viven los menores que se escapan de los centros de protección en Andalucía. Actualmente viven en ellos 2.873 adolescentes –2.683 chicos y 190 chicas–, según figura en la Estrategia para la inmigración de Andalucía, de los que el 60% (1.724) proceden de Marruecos. Andalucía es la comunidad con más población vulnerable migrante acogida y es también la que registra más fugas de centros: 213 menores desaparecieron el año pasado, el 60% del total en España, según el «Informe anual de personas desaparecidas 2021» del Ministerio del Interior, referido al año 2020. Las provincias que tienen centros de protección aglutinan la mayoría de las denuncias, registrando 67 casos en Cádiz y 63 en Almería. En 2019 se registraron en toda España 2.042 denuncias de este tipo y 4.053 en 2018, el año con mayor incidencia. En muchos casos, señala el informe #tútambién, las fugas no son estrictamente voluntarias, sino que se producen «fruto de problemas de convivencia dentro de los centros de protección y por no existir mecanismos de mediación para resolverlos».

El diagnóstico realizado alerta igualmente de la criminalización a la que están sujetos estos menores y de su doble vulnerabilidad, al ser considerados «los inmigrantes más incómodos» para la Unión Europea. Como propuestas de mejora, apunta a la coordinación entre «los dos sistemas sociales del país de origen y el de destino, para trabajar en su integración», entre otras, y reclama que no haya «ningún menor fuera del sistema de protección», con especial énfasis en «prestar atención a las desapariciones en Andalucía», que los exponen «a todo tipo de explotación laboral y sexual» en su camino hacia otros países europeos. «Existe un número incierto de adolescentes migrando», por lo que exige cubrir la transición a la mayoría de edad, como una petición común de los extutelados entrevistados.