Servicio Andaluz de Empleo: 3.400 trabajadores para gestionar el 3% de las contrataciones

De la auditoría al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) emana una cuestión en una comunidad con la losa de un paro estructural en torno al 20% desde hace un cuarto de siglo: ¿Alguien encuentra trabajo a través de este ente público? Según los datos publicados en el Portal de la Transparencia, consultados por LA RAZÓN, sólo el 3% de las contrataciones en la comunidad fueron gestionadas por el SAE. Los gastos de personal del SAE están en torno al 25%. En 2019 –último dato auditado– eran del 22%. En la actualidad coexisten 14 convenios colectivos diferentes y muy dispares entre sí, según señala la auditoría.

El 70,4% de los demandantes de empleo manifiestan que no han recibido ofertas de trabajo a través del Servicio Andaluz de Empleo. Sólo un 47,7% de las empresas usuarias dicen que los candidatos presentados por el SAE se ajustaban al perfil que buscaban en la oferta de trabajo. El porcentaje de mejora sería del 28,5%, según el estudio.

La auditoría destaca que «el SAE, en ningún ejercicio, consigue llegar al número fijado como objetivo de empresas visitadas por agentes de empleo». De 2015 a 2018, «el porcentaje de no consecución se encuentra entre el 30% y el 40%». También se cuestiona la eficacia del sistema de ayudas. «Se ha detectado que en la concesión de ayudas no existen indicadores objetivos que midan el impacto de las diferentes líneas de incentivos tanto en el mercado laboral público como privado», señala la auditoría. En lo que se refiere a la «intermediación y la orientación en la demanda», se indica que «al realizar el análisis del total de colocaciones, se ha detectado que el SAE únicamente ha gestionado el 3% de las contrataciones de Andalucía durante el ejercicio 2018». En cuanto al número de ofertas de trabajo gestionadas a través del SAE, « se realizan 12 altas de oferta por cada 1.000 demandantes», en la media del resto de comunidades «pero existiendo un alto margen de mejora». La auditoría recomienda «homogeneizar la ratio de demandantes por trabajador en las oficina». De las 192 oficinas, más de la mitad están por encima de 500 y por debajo de 800 demandantes por trabajador.

«La plantilla del Servicio Andaluz de Empleo se compone de tres tipos diferenciados de adscripción: funcionario, laboral VI convenio y laboral propio», explica la auditoría. «El personal de VI Convenio es el propio de la Junta de Andalucía y el personal laboral propio nace como resultado de la integración en el SAE de diferentes colectivos laborales», detalla.

El Presupuesto del SAE va de los 358,3 millones de euros de 2015 a los 602,4 millones de 2019. El máximo auditado se alcanzó en 2018 con 766 millones de euros. La plantilla media ha sido de 3.090 trabajadores en 2015, con el 46% laboral; 3.310 en 2016 (57% laboral); 3.481 en 2017 (58% laboral); 3.390 en 2018 (59% laboral); y 3.386 en 2019 (58% laboral). El número de demandantes de empleo ha sido de 1,4 millones en 2015; 1,3 millones, en 2016; 1,2 millones en 2017; 1,1 millones en 2018; y 1,1 millones en 2019.

El informe también reseña que «no hay un sistema de medición del desempeño». «El Servicio Andaluz de Empleo no dispone de indicadores adecuados que permitan medir si las actividades realizadas cumplen con los objetivos previstos, ni tampoco conocer o evaluar el impacto logrado», señala la auditoría. Se recomienda «establecer indicadores objetivos ajustados a una priorización de los objetivos establecidos en el presupuesto anual».

Además, «se recomienda la medición del impacto de las ayudas tanto en empresas privadas como públicas de los demandantes de empleo que han sido objeto de incentivos en empresas de ambas tipologías».

La ratio de gasto de personal es inferior a Comunidad Valenciana, Cataluña o País Vasco. Como conclusión global se especifica que «la convivencia entre el personal laboral propio con el funcionario pone de manifiesto el conflicto de las potestades públicas, algo que provoca la no utilización efectiva de todos los recursos con los que cuenta el SAE». Se recomienda un sistema de valoración del desempeño individual y una reorganización de las oficinas de empleo. También se recomienda la cesión de las once escuelas de formación a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.