Juanma Moreno prepara un “impulso” de la actividad del partido tras el congreso

El presidente de la Junta de Andalucía y líder del PP-A, Juanma Moreno, pretende dar “un impulso” y reforzar la actividad del partido tras el congreso regional del próximo fin de semana, incrementando la actividad del trabajo orgánico y con los militantes.

Moreno no prevé designar en el congreso a un vicepresidente de la formación, aunque ese cargo aparezca reflejado en el organigrama de la ejecutiva, han informado a EFE fuentes de la dirección regional.

La nueva ejecutiva que salga del cónclave de los populares buscará dar más empuje al partido y al trabajo con los afiliados, retomando estas labores “con intensidad” tras el fin de las restricciones por la pandemia de la covid-19, según las fuentes.

El congreso, el tercero en el que saldrá elegido Moreno como presidente de los populares andaluces y el primero al que acude como presidente de la Junta, se celebrará el 19, 20 y 21 de noviembre en Granada bajo el lema “Andalucía, el cambio funciona”.

Se espera que la actual secretaria general, Loles López, continúe en el cargo. Del cónclave popular no saldrá un vicepresidente del PP-A, ya que Moreno no designará de momento a nadie para ese puesto, que en el organigrama sería el número tres.

Más allá de la situación de esos puestos de salida, se esperan modificaciones en los escalones inferiores.

Este congreso servirá de impulso para el año electoral que se avecina, ya que las elecciones están marcadas para final del 2022, pero, si como parece, este mes no salen adelante los presupuestos, aumentarán los rumores de un posible adelanto a primavera.

Moreno estará arropado en el congreso de su reelección como líder del PP andaluz por el presidente de los populares, Pablo Casado, y por los barones autonómicos, además de otros líderes nacionales, regionales y provinciales.

Habrá una mesa de presidentes autonómicos en la que se espera que estén la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el de Murcia, Fernando López Miras; y el de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

Los populares pretenden subrayar su trabajo al frente del Gobierno andaluz por primera vez en la historia (en coalición con Cs) en una etapa en la que la gestión institucional ha eclipsado las labores orgánicas.

Asimismo, el PP-A pone de manifiesto en la ponencia ‘Andalucía futura’ que se debatirá en su 16 Congreso Regional, la “corrupción sistemática” del PSOE-A en la Junta, donde se creó una “superestructura administrativa desproporcionada y carísima, poco operativa, llena de duplicidades y gastos innecesarios”.

En dicha ponencia, consultada por Europa Press y coordinada por los consejeros de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, y de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, se indica, en el apartado dedicado a la administración pública, que el cambio de gobierno en la Junta de Andalucía, tras 37 años de “control absoluto del PSOE-A ha ido confirmando, día a día y auditoría a auditoría”, que la anterior gestión socialista estaba “plenamente ubicada en el desorden, el despilfarro, la ineficiencia, la mala gestión de los fondos públicos y en la corrupción”.

“Abrir finalmente los cajones que dejaron cerrados e ir descubriendo la documentación que no pudieron destruir nos ha permitido empezar a hacer la radiografía de una corrupción sistemática, tal como ya apuntaron los interventores de la Junta a los 100 días del cambio de Gobierno”, se indica en la ponencia, donde se añade que con los papeles en la mano, “se ha podido acreditar que los socialistas crearon una superestructura administrativa desproporcionada y carísima, poco operativa, llena de duplicidades y gastos innecesarios”.

“Una enmarañada red de instancias administrativas fabricadas a la medida de los intereses personales y políticos del socialismo andaluz”, según se apunta.

Se explica que, como ejemplo de gestión “paralela e ineficaz” se encuentra el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), una entidad a la que “pertenecen antiguos trabajadores de entes ya extinguidos como los de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), cuya política de contrataciones y uso irregular de tarjetas de crédito en prostíbulos investigan los juzgados y el Parlamento”.

Apunta que alrededor de un millar de trabajadores de la extinta Faffe “pertenecen al SAE, pero carecen de potestades administrativas ya que no son funcionarios”, mientras que tampoco se les puede despedir “porque tienen derechos adquiridos, como han demostrado varias sentencias judiciales”.

En la ponencia se recoge que el SAE, según la auditoría encargada por el Gobierno del cambio, “solo gestionó el 3% de las contrataciones en Andalucía y su personal se rige por 14 convenios colectivos diferentes”.

FUNCIÓN PÚBLICA

Por otra parte, en materia de función pública, se señala que la “asignatura pendiente que dejaron los socialistas es una evidencia: una Ley de Función Pública del año 1985 por tanto un marco normativo totalmente obsoleto; una ausencia de planificación estratégica en materia de recursos humanos en la administración; un alto porcentaje de interinidad y ofertas de empleo público sin ejecutar; RPT’s desfasadas, bolsas de trabajo dispersas, falta de transparencia, o registros administrativos del siglo XX y no del siglo XXI”.

En la ponencia se señala que el Gobierno de Juanma Moreno está haciendo exactamente lo que se “comprometió a hacer antes de alcanzar la presidencia de la Junta de Andalucía: reformar, reordenar y reorganizar hacia la eficiencia todo el sistema administrativo creado por el PSOE”.

Así, se explica que las auditorías encargadas a diferentes entidades de ese ámbito y publicadas el pasado verano forman parte del compromiso electoral y de gobierno del nuevo Ejecutivo andaluz, “con el objetivo de conocer si está justificada la maraña de entidades públicas creadas durante la etapa socialista, si son eficaces y si hay que reestructurarlas, fusionarlas, reorientarlas o suprimirlas”.

Se pone de manifiesto que el Gobierno andaluz ha encargado la elaboración del Plan de Mejora y Simplificación del Sector Público Instrumental que, “dada la extensión de los temas conocidos susceptibles de investigación y de lo que aún sigue descubriéndose, necesita tiempo y reflexión técnica para llegar a unas conclusiones eficaces, dada la complejidad del asunto”.

“El resultado de las diferentes auditorías que se han realizado hasta el momento prueba que durante los anteriores gobiernos socialistas en la Junta se fue desarrollando una superestructura administrativa alrededor de la propia estructura de la Junta”, lo que provocó “duplicidad de funciones y competencias entre algunos entes, entre algunas de estas entidades y las consejerías de la que dependen y entre algunos entes y otras consejerías ajenas a los mismos”.

También se destaca, según se añade, “la deficiencia en la gestión, lo que incluso está provocando dificultades para que se puedan reintegrar al erario público fondos mal empleados”, todo ello además “con un intrincado marco administrativo y legal”.

A título de ejemplo, según se expone en la ponencia, “los entes instrumentales creados por los socialistas en la Junta se rigen por 66 convenios colectivos diferentes, 43 propios y 23 sectoriales”.

Se recuerda que el trabajo auditor abarca el estudio de 92 entes: 10 agencias administrativas, 18 agencias públicas empresariales, 3 de régimen especial, 16 consorcios, 23 fundaciones y 22 sociedades mercantiles. En el último año del Gobierno del PSOE, en 2018, “estas empresas tenían 28.443 trabajadores”.