Política

El Parlamento andaluz aleja el fantasma de las elecciones

El Ejecutivo de Juanma Moreno consigue desbloquear la regulación de los regadíos de Doñana y se garantiza el apoyo del PSOE a la Ley de Economía Circular

Pleno del Parlamento andaluz
Pleno del Parlamento andaluzALFREDO DE ANCALa Razón

A tenor de lo vivido en el Parlamento andaluz, y teniendo en cuenta las direcciones de los votos anunciadas para la sesión del jueves, el argumento del bloqueo parlamentario se desvanece alejando así el fantasma de la convocatoria electoral en Andalucía. La proposición de ley sobre la regulación de los regadíos de Doñana y la Ley de Economía Circular son dos iniciativas cruciales en este reinicio de la actividad parlamentaria. Dos normas que, finalmente, salen adelante aunque con apoyos dispares, lo que garantiza la continuidad de la legislatura pese a la presión para convocar elecciones, que se intensificará muy probablemente tras los comicios del domingo en Castilla y León.

De un lado, la Cámara aprobó que prosiga la tramitación de la proposición de ley que presentaron PP, Cs y Vox sobre la revisión de los terrenos forestales del norte de la corona forestal de Doñana, para su calificación como suelos agrícolas regables. A estos votos favorables se añadió la abstención del PSOE. Los tres partidos que presentaron la iniciativa aseguraron que no afectará al Parque Nacional de Doñana, que no se amplían regadíos y que sólo se trata de dar solución a un problema enquistado durante años para los agricultores del Condado de Huelva. PSOE y Unidas Podemos denunciaron el «engaño» del Gobierno andaluz a los agricultores de la zona y la «propaganda» con esta iniciativa «cuando saben que no podrá cumplirse». Estos partidos ligaron la norma a un «mero interés electoral» del Gobierno andaluz.

Especialmente crítico fue el parlamentario del PSOE Mario Jiménez, quien apuntó que con esta regulación «no se van a legalizar ni 90 hectáreas y como terreno agrícola sin tener garantizado el agua en las próximas décadas», al tiempo que calificó al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de «irresponsable por querer cambiar el plan forestal, un plan consensuado».

«En Doñana no se puede entrar como un elefante en una cacharrería», subrayó Jiménez, antes de augurar que con la iniciativa «van a perjudicar a la agricultura de la provincia» y sostener que con «responsabilidad de hacerlo bien, con una oportunidad al diálogo, rigor, altura de miras, podemos hacer posible Doñana».

Este desbloqueo se produce pese a la carta enviada por la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la que muestra su preocupación ante la futura ley porque «interfiere de forma palmaria» en una competencia «exclusiva del Estado reflejada en la Constitución». Recuerda que, según una sentencia del Tribunal Constitucional, las actuaciones de las comunidades autónomas en materia de agua que se extiendan más allá de sus territorios han de hacerse en el seno de las Confederaciones Hidrográficas «y solo son factibles en la medida en que no interfiera la actuación de esta ni la perturbe».

Junto a ello, apunta que la proposición de ley que la ley causará «enormes perjuicios» económicos y medioambientales para España, a la par que un daño grave para su imagen internacional, por lo que pide a Moreno que desista de esta iniciativa legislativa «que tan perjudicial puede resultar para nuestro país».

De otro lado, a diferencia de Vox que ha presentado una enmienda a la totalidad, el PSOE apoyará la tramitación de la Ley de Economía Circular, aunque con «enmiendas y mejoras» porque considera que el texto «es mejorable». «Ya lo hicimos con la Lista y creo que funcionó razonablemente bien», recordó el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, quien aseguró que la iniciativa «es necesaria» y que su partido «siempre va a estar en lo que signifique avanzar en la protección del medio ambiente, en la gestión ordenada y racional de los recursos naturales y en las oportunidades que, para la economía, da esa reindustrialización verde».

Además, remarcó la necesidad de la ley «desde el punto de vista del desarrollo de las competencias que la Junta de Andalucía tiene en relación con la normativa de residuos» y las oportunidades que está presentando la «nueva economía verde».