"Costa Nostra": el crimen organizado conquista Málaga con la pasividad de Interior

Lo que antes podía considerarse un hecho aislado hoy toma forma de patrón. Entre enero y junio de 2025 se han producido al menos once tiroteos en municipios costeros como Marbella, Mijas, Estepona o Fuengirola, además de en una céntrica calle de la capital. También ha tenido lugar la huida de un coche kamikaze que acabó en tragedia. El saldo: nueve muertos, un policía nacional entre ellos.

La madrugada del pasado 5 de junio, una banda organizada de origen albanés protagonizó un robo a una farmacia que terminó con una persecución policial. Los atracadores huyeron a más de 200 kilómetros por hora en sentido contrario por una de las carreteras más transitadas de Málaga, impactando frontalmente contra el vehículo de un subinspector de Policía Nacional que volvía a casa. Todos fallecieron en el acto. El anterior episodio ocurrió el 31 de mayo en Fuengirola y dejó dos ciudadanos escoceses muertos a balazos en el interior de un pub por un ajuste de cuentas. Utilizan Málaga como campo de operaciones y, cada vez más, como escenario de sus guerras internas.

Según los últimos datos del Ministerio del Interior, en el primer trimestre de 2025 Málaga registró un 1,9% más de infracciones penales que en el mismo periodo de 2024. Los homicidios consumados se mantienen en seis, pero los intentos de homicidio han subido un 16,7%, pasando de 12 a 14. Los secuestros, por su parte, se han duplicado de tres a seis casos.

Pero el problema no está solo en las cifras, sino en la sensación de impunidad ante un tipo de violencia organizada, planificada, con armas de fuego e internacional que está convirtiendo a la Costa del Sol en territorio comanche. Una de las causas es que la respuesta institucional va por detrás de los hechos. La Policía Nacional y la Guardia Civil trabajan con menos recursos de los necesarios para hacer frente a una criminalidad que va en aumento.

Los sindicatos policiales denuncian falta de agentes, formación, equipos dedicados exclusivamente a combatir el crimen organizado y falta de presencia en las zonas más conflictivas. En este contexto, Miguel Millán, secretario provincial en Málaga de la Confederación Española de Policía (CEP), explica a LA RAZÓN que la «falta de medios es acuciante» porque, aunque se completa «casi al 100% el catálogo de puestos de trabajo», se trata de un documento que está «obsoleto» para una provincia con la densidad de población de Málaga.

La lucha diaria de la Policía

Millán reconoce la imposibilidad inmediata de aumentar la plantilla, por lo que reclama al menos «partidas presupuestarias para servicios extraordinarios», única vía viable, según señala, para garantizar «más presencia policial en las calles». Desde el sindicato piden «aumentar la plantilla de todas las comisarias un 25%» para hacer frente a una «situación delincuencial de grupos organizados» que sufre específicamente la Costa del Sol.

Respecto a las bandas criminales, insiste en que «operan cada vez con más impunidad» tanto a nivel jurídico como en la calle. «No se cortan, llevan armas en los vehículos», advierte, punto en el que reitera «la importancia de aumentar la presencia policial». En lo que se refiere a los medios, Millán asegura que «luchamos diariamente para tener más chalecos antibalas, pistolas Taser o escudos balísticos en vehículos» ante un «abandono completo» por parte del Gobierno central y que incluso pasa factura «a nivel de salud mental». Según el delegado del sindicato, el cúmulo de estas circunstancias, sumado a que se trata de la «policía peor pagada del Estado», está provocando que municipios como Ronda tengan las tasas más elevadas de bajas por este motivo.

Una situación sin precedentes que el Ministerio del Interior niega. En alusiones a estas críticas, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, insistió en que la provincia tiene índices de delincuencia más bajos que en 2024 y que «es el momento en la provincia que más agentes de FCSE existen de la historia y que más medios tienen» a pesar de que se produzcan, a su juicio, «infracciones penales que son muy llamativas», parece que en referencia a los tiroteos ya mencionados. También se mostró orgulloso de que «los crímenes son resueltos prácticamente al 100%» y aseguró que el Ministerio del Interior aporta «los medios necesarios» para ello.

Málaga, el eje del crimen organizado

Pero no es la visión que comparten en el ámbito local y regional. La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, lamenta que «no tenemos derecho a que se refuercen las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado pese al aumento de la inseguridad en la provincia». La alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, reclamó la semana pasada «más medios materiales y humanos al Gobierno central especializados en crimen organizado» y volvió a instar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la necesidad de construir una nueva Comisaría de Policía Nacional ante un problema «que viene de lejos».

El Ayuntamiento insiste «en el déficit de medios materiales y de agentes en la provincia», así como «la ausencia» de un plan de refuerzo que dé respuesta al cambio de modelo de la criminalidad en el eje mediterráneo andaluz, una denuncia se extiende ya por casi toda la provincia. Por su parte, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, recriminó al Gobierno que «no puede ser que día sí y día también nos encontremos con sucesos que están creando enorme inseguridad y que están dañando la imagen de nuestra tierra», un problema que trasladó también a Cádiz y Sevilla con las narcolanchas.

Málaga está en jaque porque está amenazada, pero no ha perdido la partida. Vive una escalada de violencia asociada al crimen organizado internacional que, aunque no repercute directamente sobre los ciudadanos, sí está creando una sensación de enorme inseguridad con tiroteos a plena luz del día y sacando a la luz problemas como la falta de medios policiales. Todo ello en un contexto de confrontación política que, por ahora, no ha resuelto nada.