El descrédito económico e institucional por la corrupción que asola España

El Gobierno de Sánchez se ha caracterizado por su desmedido gasto público, su déficit estructural creciente, su deuda exponencial, sus impuestos asfixiantes y su intervencionismo paralizante. Todo ello, ha provocado una influencia muy negativa en la estructura económica, camuflada en el corto plazo bajo la anestesia del gasto público y de un comportamiento extraordinario del sector exterior, que ya da síntomas de haber llegado al límite superior, pero que ha empeorado mucho el carácter estructural, como digo, de la economía.

Su falta de apoyos, además, junto con la ausencia completa de coherencia de Sánchez, han originado esperpentos en distintas votaciones, como fue la vivida con la negociación y votación de la reforma fiscal, donde llegó a pactar cosas distintas con cada una de las diferentes formaciones de esa amalgama conocida como Frankenstein. A Podemos le dijo que habría impuesto a las energéticas, a Junts que no lo habría, a Bruselas que habría el paquete completo, subida del diésel includa, pues es lo que remitió a la Comisión Europea en su plan de ajuste, para, finalmente, dejar fuera a dicho impuesto a las energéticas, no sin haber perdido antes una votación en el Congreso para tratar de convalidar un RD que sí lo incluía.

Todo ello, los impuestos demagógicos y oportunistas, la persecución a las empresas, han creado una inseguridad jurídica que hunde la inversión, la cual está ahuyentando de manera acelerada, como se puede comprobar en los datos de contabilidad nacional -sólo recuperados mínimamente tras las extraordinarias revisiones llevadas a cabo por el INE, y en los de inversión extranjera recibida.

Siendo todo eso horrible, el colofón de daños a la economía viene por la supuesta corrupción que asola al Gobierno, que ya lo arrasa, pues siempre respetando la presunción de inocencia, parece que hay una metástasis de corrupción en todo el entorno del presidente Sánchez, donde sus tres acompañantes del Peugeot estarían cercados por la misma si se confirman las indagaciones de la UCO. Su mujer está imputada; su hermano, procesado; el TSJM avala investigar si hubo conflicto de intereses de Sánchez en la aprobación del rescate a Air Europa; las primarias que ganó en 2014, amañadas según la UCO, y no sirve la respuesta de Sánchez, donde dice que no tiene importancia el fraude en dos votos, porque ganó por 16.000; es el hecho fraudulento lo grave, igual que si un alumno copia en un examen un apartado de una pregunta debe ser suspendido, aunque el resto del examen no haya sido copiado. Es más, incluso una tesis doctoral debería ser suspendida o invalidada si se demuestra plagio, ya sea en una parte o en la práctica totalidad de la misma.

Lo declarado por Aldama, en su confesión autoincriminatoria, parece que va demostrándose que es cierto, así como los distintos sucesos de investigación policial y judicial, que van tiñendo de corrupción casi todo el gobierno, desde arriba hasta abajo, con honrosas excepciones. Y si eso es cierto y puede probarse, entonces, Sánchez y su gobierno no tienen escapatoria de quedar cercados por la corrupción. Como digo, presunción de inocencia, desde luego, pero dicho cerco de la corrupción se estrecha, cada vez más, en torno al Palacio de La Moncloa, por mucho que improvise una actuación teatral, maquillaje para aparecer como demacrado y preocupado incluido.

Y la corrupción es letal para la economía. Es, por sí misma, algo deleznable y moralmente repugnante, que muestra la peor cara de la condición humana, pues se aprovecha del esfuerzo y trabajo de otros. Da igual de dónde venga la corrupción, no es cuestión de colores ni de partidos políticos: toda es lamentable, nociva y nauseabunda. Emite una señal no sólo de ilegalidad, sino de inseguridad jurídica en los negocios, ya que si para lograr un determinado contrato no sirve la pugna competitiva legal, sino que va a depender de un análisis subjetivo basado en la recomendación de una persona o personas, lo único que logra es ahuyentar inversiones ante la incertidumbre de poder operar legalmente en una economía.

Como ya he dicho en otras ocasiones, hay estudios que calculan que el impacto que una corrupción que no sea generalizada, pero que se sobreentienda como necesaria para lograr ciertos trámites podría afectar a medio punto de crecimiento de la economía en el medio y largo plazo (7.000 millones y entre 15.000 y 20.000 empleos). En caso de volverse creciente, esa corrupción podría llegar a frenar hasta cinco puntos de crecimiento económico (diez veces la cifra anterior), como sucede en muchos países sumidos en la más absoluta de las corrupciones. Y, desgraciadamente, de confirmarse la realidad de las investigaciones de la UCO, esa supuesta corrupción señalada iría camino de un impacto como el segundo caso más que como el primero, siendo ambos negativos. Sánchez debe convocar elecciones, porque está poniendo en riesgo a España.