Andalucía plantea eximir el requisito del 25% de ingresos para que el agricultor cobre la PAC de 2023

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha planteado hoy en Bruselas que se flexibilicen los requisitos y se exima a los agricultores de que el 25 % de sus ingresos proceda del campo “para que no peligre el cobro de las ayudas de la Política Agraria Común en 2023″. Crespo mantiene hoy una amplía agenda de reuniones con altos representantes europeos y esta propuesta se la ha trasladado al director general de Agricultura de la Comisión Europea, Wolfgang Burtscher, según ha informado la Consejería en un comunicado. Ha alegado que el “agravamiento de las dificultades productivas como consecuencia del incremento de los costes, sobre todo de la energía como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, incrementada por la sequía pueden provocar que el año que viene el agricultor activo andaluz, en muchos casos, no alcance el umbral mínimo para optar a las subvenciones europeas”.

Crespo ha agradecido al director general de la UE las medidas que estos días se están adoptando y que Andalucía venía reclamando con insistencia, entre ellas, ha destacado la aplicación de los mecanismos de intervención de mercados de la PAC, en concreto la reserva de crisis que para España supone un montante de 64,5 millones. Ha planteado también que la aplicación de la estrategia de la PAC de la Granja a la Mesa va a restar un 10 % de posibilidades al campo andaluz, de ahí que la consejera haya pedido que se aplace” para no empeorar la situación. Crespo también expondrá esta tarde al comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, la necesidad de que “se incrementen los máximos impuestos a las ayudas de mínimos para la actividad pesquera con el objetivo de equipararlos a los de otros sectores”.

Igualmente, ha valorado la decisión de poner en marcha mecanismos de crisis para los pescadores, que están amarrados a puerto ante la subida del precio del gasóleo y ha incidido en que las ayudas se materialicen lo antes posible. Respecto al área medioambiental, Carmen Crespo ha subrayado que el Gobierno de Andalucía tiene “muy claro que lo que hay que hacer es preservar Doñana por encima de todo, con lealtad institucional y diálogo, sin plantear cuestiones falsas”. En este sentido, ha adelantado que están trabajando en la puesta en marcha del ‘Plan Doñana futuro’, una estrategia que quieren compartir con el Gobierno de España, cada uno en sus respectivas competencias, con medidas que se avanzarán este verano a la propia Comisión Europea. Asimismo, la consejera ha valorado todas las actuaciones que está poniendo en marcha la Consejería para su preservación y el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo por parte del Gobierno de Andalucía en relación con Doñana.

A este respecto, se ha referido a la puesta en marcha de un grupo de trabajo científico-técnico para establecer las relaciones de Doñana entre la hidrología y la ecología, la restauración del incendio de Las Peñuelas, con una inversión de 17 millones; un proyecto de mejora del hábitat con una movilización de 6,6 millones o sufragar el 50 por ciento del coste de las depuradoras de Matalascañas, Sanlúcar de Barrameda y Guillena y Burguillos (40 millones de euros), todas ellas en la zona y del Estado. En cuanto al próximo debate en el Parlamento de Andalucía sobre el regadío en la Corona Norte de Doñana, Crespo ha remarcado que “se trata de una iniciativa que no está aprobada aún, que puede sufrir muchas modificaciones en su tramitación, a la que solo se opone un partido y que, al no estar en el ámbito de nuestras competencias, no otorga concesiones de agua”.