«Los Castaña», el clan «más fuerte de hachís» de Europa

Enn la sede de la Audiencia de Cádiz, en Algeciras, se ha iniciado esta semana el juicio contra el que, según el escrito de acusación de la fiscal jefe Antidroga algecireña, Macarena Arroyo, ha sido uno de los principales clanes de la droga en el Estrecho de Gibraltar y, de manera muy especial, en el municipio de La Línea de La Concepción, «Los Castaña».

En el banquillo, un total de 17 acusados, entre los que se encuentran quienes, presuntamente, lo lideraban, los hermanos Francisco y Antonio Tejón, para quienes se solicitan penas de 15 años de prisión y multas de hasta cuatro millones (para cada uno) en condición de «jefes y encargados del delito contra la salud pública»; además de tres años por tenencia de armas y dos más por delito de receptación.

Las penas, en el caso del resto de acusados –entre los que se encuentran tres policías y varios familiares de los hermanos Tejón– se elevan a nueve años de prisión y multa de 4 millones por tráfico de drogas, además de dos años más de reclusión por delito de receptación para cada uno.

La apertura de juicio, a la vista del gran entramado tejido por el clan a lo largo de los años, levantó un enorme interés y supone un punto y seguido a las investigaciones desarrolladas a partir de 2015 por la Unidad de Crimen Organización (Udyco). Y es que, según una llamada telefónica interceptada por la Guardia Civil a Denis Sarro, capo italiano de la Ndrangueta que fue enviado al sur de España para hacer negocios de droga, estamos ante el que se consideraba el «clan más fuerte en traficar hachís de Europa».

Los hermanos Tejón, según el relato de la Fiscalía, «se encargarían de buscar los proveedores marroquíes, a los cuales les adquieren la sustancia estupefaciente, así como de organizar la distribución y el almacenamiento de la droga». «Una vez que la droga toca tierra, usan para ello normalmente vehículos todoterreno, así como poseen los lugares para ocultar la sustancias en territorio español para su posterior distribución», añadiendo que, «dentro de la organización, Antonio y Francisco Tejón contarían con personas de su plena confianza y de su círculo más cercano para efectuar o cumplir las órdenes recibidas, efectuar las vigilancias , realizar los alijos, los desembarcos en la playa y trasladar la sustancias estupefacientes desde la playa a los lugares de guardería».

En el operativo, según el ministerio público, jugaban un papel determinante tres agentes de la Policía Nacional de La Línea, «los cuales como miembros del Cuerpo Nacional de Policía estarían favoreciendo a la organización marcando la vía libre para poder introducir las sustancias en las costas españolas, marcando los servicios de los agentes de la autoridad, así como informando a la organización de controles y de las actividades de la Policía, con el fin de facilitar y dar cobertura para que el alijo se pudiera realizar».

Las informaciones, al parecer, habrían abortado la intervención de un alijo el 24 de marzo de 2016 e, incluso, le habrían servido a Antonio Tejón para huir de un operativo policial.

Isco Tejón, en libertad bajo fianza, tiene pendientes otras causas, mientras que Antonio se encuentra en prisión provisional por su presunta relación con la Operación Dismantle, cuya número de acusados se eleva a 157, con peticiones de 2.000 años de cárcel y más de 16.000 millones en multas por delitos contra la salud pública, contrabando, pertenencia a organización criminal, posesión de armas y atentado contra agente de la autoridad, con distinta afectación entre los acusados.

«Se trata de un juicio muy positivo, ya que, según las investigaciones de la Policía, estamos hablando de una de las organizaciones más importantes o, quizás, la más importante del tráfico de hachís de Europa. Por tanto, que el estado de derecho haya sido capaz de ponerla a disposición de la judicatura nos parece muy importante», señala Paco Mena, presidente de la Coordinadora Alternativa (colectivo que agrupa a las asociaciones antidroga del Estrecho) y portavoz de la plataforma Por tu Seguridad, del Campo de Gibraltar. «Además, las peticiones de condenas que se hacen por parte del Ministerio Fiscal son muy altas, poco vistas en tráfico de hachís, por lo que aplaudimos a la Fiscalía», añadió. «No obstante», siguió, «habrá que esperar hasta junio para ver lo que decide la sala, ya que estamos en un estado de derecho y a él le corresponde demostrar todo el tema con la investigación policial».

Por su parte, Juan Franco, alcalde de La Línea, apunta, «respecto al juicio», que «es un procedimiento que tiene su camino y como Administración Pública y en virtud del principio de lealtad institucional no podemos ni debemos efectuar comentarios». Eso sí, «respecto de las medidas del plan de seguridad, me reitero en lo que ya hemos afirmado en otras ocasiones, los resultados son buenos, pero no atienden la raíz del problema, que es de base social», añadió el regidor linense.