Andalucía reclama un fondo de compensación para 2023

Infrafinanciación y autonomía fiscal son dos de las principales reivindicaciones de la Junta de Andalucía al Gobierno de España. Ninguna de las dos peticiones son nuevas, pero ambas están de plena actualidad, más aún cuando ya se han dado los primeros pasos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2023 gracias al acuerdo entre los partidos que conforman el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La intención es que en las que deben ser las últimas cuentas de la legislatura antes de las elecciones generales se recoja el fondo de compensación por los problemas que sufren las comunidades autónomas perjudicadas por el actual modelo de financiación.

De momento, la petición de un fondo de compensación es una reivindicación histórica de la Comunidad Valenciana, Andalucía, la Región de Murcia y Castilla-La Mancha. Compromís, partido que gobierna con los socialistas en la Comunidad Valenciana, ya ha reclamado que la Ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 incluya un fondo de nivelación para estas autonomías. En Andalucía, el portavoz del Ejecutivo y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, se estrenó ayer tras el Consejo de Gobierno con la misma exigencia.

En concreto, el exalcalde de Almería recordó que Andalucía está hoy «peor financiada» que antes de la pandemia del Covid-19: «El Gobierno no puede seguir maltratando a Andalucía, el daño no se le hace a la Junta, sino a los andaluces», comentó. «Exigimos lo que por derecho nos corresponde, lo que es de los andaluces», apuntó. La financiación autonómica es el dinero que recibe cada región –salvo las forales– para afrontar sus gastos en servicios públicos, fundamentalmente sanidad, educación y servicios sociales.

Con el actual modelo, Andalucía pierde unos 4.000 millones de euros al año. La cifra está recogida en un dictamen aprobado por el Parlamento de Andalucía cuando María Jesús Montero era consejera de Hacienda, antes, por tanto, de convertirse en ministra.

En concreto, el texto, que contó en 2018 con los votos a favor del PSOE y del PP, se apunta que «se puede estimar que la insuficiencia financiera provocada por el actual sistema de financiación autonómica para la cobertura del nivel mínimo de los servicios públicos fundamentales se encuentra entre los 16.100 millones de euros en 2014 y los 16.700 millones de 2015 para el conjunto de comunidades autónomas».

Prosigue señalando que «el reconocimiento de esta insuficiencia supondría una inequívoca ganancia para todas las comunidades autónomas. En el caso de Andalucía la insuficiencia para financiar el mínimo gasto registrado en servicios públicos fundamentales se situaría entre un rango de 3.300 y 3.400 millones de euros. Si añadimos las necesidades estimadas e insatisfechas en el resto de servicios, el intervalo total (servicios públicos fundamentales y resto de servicios) se encontraría en torno a los 4.000 millones de euros», concluye.

Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha dado pasos para solucionar esta situación. El portavoz del Ejecutivo andaluz recordó de nuevo a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que tiene «una oportunidad de oro» para impulsar un nuevo modelo de financiación que sea justo para Andalucía y le instó a sacar del «fondo del armario el traje de consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía» cuando a mediados de 2018, con un Gobierno de Rajoy, «clamaba contra el Gobierno central por la infrafinanciación».

El otro asunto que queda pendiente de resolver es el de la autonomía financiera de la comunidad autónoma, especialmente después de que el Gobierno de España anunciara una tasa de solidaridad para las grandes fortunas una vez que Andalucía ha decidido bonificar al cien por cien el impuesto de Patrimonio. La Junta aún no ha decidido si va a recurrir judicialmente la medida, a la espera de leer «la letra pequeña».

Según el portavoz autonómico, el Gobierno andaluz seguirá «bajando impuestos a todas las rentas pese a quien pese» y defenderá con «uñas y dientes» su autonomía. Hay que recordar que en el mismo dictamen sobre financiación autonómica que impulsó la hoy ministra Montero, se defendía una «armonización fiscal» entre todas las regiones para evitar la competencia entre los territorios aunque también se señalaba, como uno de los «principios inspiradores» de la propuesta la «autonomía financiera y la corresponsabilidad fiscal».