El tope al gas sienta mal a la agricultura andaluza

La famosa «excepción ibérica», medida limitante del precio del gas en el mercado mayorista, no convence a un sector agrícola que denuncia un sobrecoste de entre el 700 y el 1.500% de sus facturas. La organización agraria Asaja en Almería ha llegado a calificar de «timo» una medida que, en la práctica, supone «un aumento desorbitado que multiplica la cuantía de las facturas y hace inviable el regadío en nuestras explotaciones agrarias». Adoración Blanque, presidenta de la patronal agrícola en la provincia, dice que, «si atendemos a las cifras, este tope del gas se encuentra lejos de compensar las consecuencias económicas. De hecho, está haciendo tambalear aún más al sector, ya que el precio del kilovatio tampoco baja en ningún caso, sino que también se incrementa cada mes. Lo cierto es que nos lo vendieron como algo fabuloso, y no es más que un nuevo timo del Gobierno que está repercutiendo en los productores de nuestro sector que requieren de un consumo sustancial de la electricidad», lamenta Blanque. Desde Asaja plantean medidas como la «retirada del tope del gas, la implantación de la doble tarifa eléctrica al riego, bonificaciones que ayuden a rentabilizar la producción, así como una reducción de 16 puntos porcentuales del IVA si no queremos poner más en peligro aún a un sector con un gran peso económico y social en nuestro país». Quieren evitar nuevos sobresaltos que inquieten la rentabilidad de las explotaciones y exigen, tanto al Ministerio de Agricultura como al de Transición Ecológica, más medidas fiscales que realmente reviertan esta situación.

Aunque expertos en energía avisan de que el encarecimiento energético hubiera sido mucho mayor sin la existencia del conocido como tope al gas, las dudas son continuas para los agricultores y también permanentes las subidas sufridas en el coste final de la factura. «Está claro que el precio de la energía ha subido, pero gracias a esta medida no se ha triplicado o cuadriplicado, como está pasando en el resto de países europeos». Carlos Callejón, responsable de comunicación de la comercializadora eléctrica almeriense Eres Energía, explica que «el problema es que se ha explicado todo muy mal, porque el gas sale del sistema. Al gas no se le topa, se le paga lo que pide. Son el resto de productores de energía los que reciben el precio máximo que se ha establecido en la normativa. Realmente, lo que se evita con esta medida es que quien tenga centrales nucleares, carbón, molinos de viento, fotovoltaicas o lo que sea no alcance los máximos de precio que está alcanzando el gas. Aunque la energía sigue subiendo, que efectivamente estamos viendo que es así, con el sistema marginalista hablaríamos de un incremento muchísimo mayor». Desde esta empresa perciben que «falta información en el campo y vemos muchas dudas sobre ese concepto nuevo y su alto valor dentro de la factura. Tantas que hemos iniciado una ronda de comunicaciones para que nuestros clientes entiendan este mal llamado tope al gas y cómo se puede reducir el consumo en el marco actual».

Andrés Góngora, responsable nacional de frutas y hortalizas de la organización agraria COAG, incide en que «se generan muchos interrogantes aún entre los agricultores y los regantes. Aunque hemos consultado a asesores energéticos y confirman que el tope al gas amortigua la enorme subida del coste de la electricidad, muchos usuarios se encuentran con un nuevo cargo inesperado y que les genera una enorme inquietud». Con vigencia hasta el 31 de mayo de 2023, la medida «puede ser buena, no lo negamos desde COAG, pero necesitamos que se hable de una energía agraria, de una tarifa especial, que esté más exenta de impuestos, igual que existe para el gasóleo. Eso, además de la bajada del IVA y la supresión del impuesto a la energía, pueden ser claves más interesantes para un agricultor que debe también avanzar en las compras colectivas de electricidad».

Y es que, en el mercado a «plazo» o «futuro» de la electricidad, los agentes participantes negocian la energía que se entregará físicamente con plazos de entrega de energía a semanas, meses, trimestres o incluso años. Góngora plantea también que «se favorezca también esta práctica para que las necesidades energéticas de productores de alimentos puedan tener prioridad».

Mientras la agricultura intensiva vive otra revolución silenciosa con el impulso de nuevas instalaciones de autoconsumo eléctrico vinculadas a su producción hortícola, comunidades de regantes como la Junta Central de Usuarios del Acuífero del Poniente almeriense intentan comprar por adelantado su consumo eléctrico, para abaratar costes y evitar nuevos altibajos del mercado energético. Un modelo que no exime del coste de oportunidad, si bien la previsión sigue siendo de nuevos encarecimientos del gas y la producción de energía a nivel internacional.