Un marco de actuación sin diálogo para salvar Doñana

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, presentó ayer en Almonte (Huelva) el «Marco de actuaciones para Doñana» del Gobierno de España con una inversión de 356 millones de euros como gran titular, con el que se persigue reducir la presión que soporta el Parque Nacional por la falta de agua y recuperar su funcionamiento ecológico, aunque sin anunciar aún el nombre del coordinador del mismo.

La iniciativa del ministerio había generado mucho ruido previo por la falta de diálogo entre administraciones y el resto de actores principales en la gestión de Doñana, que conocieron el contenido de dicho marco de actuaciones al mismo tiempo que la prensa en un teatro del municipio almonteño. No obstante, la propia Ribera desveló que había comunicado al presidente Juanma Moreno sus intenciones hace diez días, cuando ambos coincidieron en la Cumbre Internacional del Clima de Egipto, y que éste le había mostrado su preocupación por Doñana: «Confío en que en breve la Junta haga públicas sus propuestas».

Ribera detalló los cinco ejes de actuación: gestión de los recursos hídricos, conservación y restauración de la biodiversidad en el entorno, gestión costera del dominio público marítimo-terrestre, recuperación socioambiental del territorio y mejora del conocimiento.

El crecimiento de la agricultura intensiva ha provocado que tres de las cinco masas de agua que forman este acuífero (Rocinas, Almonte y Marismas) hayan sido catalogadas como «en mal estado». El plan plantea una vigilancia constante, la eliminación de riegos ilegales y el seguimiento de los consumos legales. Así, se dedicarán 7,8 millones a reforzar el cierre de pozos ilegales –210 cerrados–, al control del consumo en las concesiones y el seguimiento de cultivos en regadío mediante imágenes de satélite y la guardería fluvial. Para mejorar la gestión del acuífero se elaborarán planes de actuación específicos. Además, se destinan 156,2 millones a disminuir las extracciones de dichas aguas, entre ellas la sustitución de aguas subterráneas en La Rocina y en Los Hatos por aguas superficiales que permitirá recuperar el nivel de la masa de agua.

En el entorno de Matalascañas, se aumentarán las fuentes alternativas de suministro «para asegurar el abastecimiento». Además, se destina una partida específica de 100 millones para explorar la posibilidad de recuperar fincas y derechos de agua que incidan sobre el acuífero cuando otras soluciones no resulten suficientes, bajo la premisa de la voluntariedad. Reconectar la marisma con el río Guadiamar permitirá recuperar su dinámica natural, perdida hace más de 50 años. Esta acción, junto con la renaturalización de la finca Los Mimbrales y del arroyo del Partido, cuentan con un presupuesto de 20,7 millones. Se dedicarán 12,9 millones para mitigar las presiones sobre la biodiversidad que se complementan con la preparación de un proyecto LIFE específico para Doñana. Un millón de euros se empleará para recuperar el dominio público marítimo-terrestre.

Con un importe estimado de 7 millones iniciativas de renaturalización y defensa como la ribera derecha del Guadalquivir, Marismillas (Huelva), Quintanilla del Capitán del Brazo del Este (Sevilla) o las marismas de la Algaida (Cádiz). Uno de los problemas «más acuciantes» es el provocado por la contaminación de origen agrario y «la falta de depuración en las poblaciones». Por ello, se destina una partida de 142,1 millones: ampliación en la EDAR de Matalascañas, construcción de las de Isla Mayor y Gerena (Sevilla), reforma de la de Lucena del Puerto (Huelva) y de Sevilla, para reducir el impacto sobre el estuario del Guadalquivir.Finalmente, para «impulsar el conocimiento» y la investigación sobre Doñana, se dedicarán 8,5 millones para que la toma de decisiones se apoye en el mejor conocimiento científico. La ministra precisó que se abre un proceso de participación pública, orientado a abrir el diálogo con todas las administraciones, las entidades interesadas y el conjunto de la sociedad civil sobre las iniciativas.

Más allá de la denuncia de «falta de lealtad institucional», la pelota está en el tejado de la Junta, que hasta ahora ha defendido la presa de Alcolea como solución a todos los males. El Gobierno dijo ayer que sigue pendiente de que los expertos aseguren que el uso del agua no genera problemas.

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, lamentó que la vicepresidenta del Gobierno haya vendido en Almonte «muy buenos titulares pero muy pocas soluciones» para Doñana. «Lo que ha presentado es un paquete de inversiones que consiste prácticamente la mitad en obras de depuración muchas de las cuales ya están en marcha en colaboración con la Junta de Andalucía, aunque eso no lo ha dicho la vicepresidenta», aseguró el también portavoz del Gobierno. Otro anuncio es «la intención que tiene de comprar el ministerio una serie de terrenos sin saber si llegarán a fructificar» las negociaciones. Y, a su juicio, «lo peor son las formas», porque «la ministra ha venido a salvar Doñana sin contar con Doñana». La Junta mantiene su idea de firmar «un gran pacto» que no excluya a nadie. El Gobierno de España no ha contado «ni con los alcaldes del PSOE, que «se han sentado ninguneados»-. Precisamente ayer, la Junta de Andalucía anunció que ha licitado 900 millones en infraestructuras de depuración en cuatro años, periodo en el que ha inaugurado 35 EDAR.