La Cámara de Cuentas, un aval más a la Ley de Atención Temprana

Andalucía va a contar desde mañana con una Ley de Atención Temprana para los menores de cero a seis años con trastornos en el desarrollo. El Parlamento acogerá el debate final y, por fin, la votación definitiva del texto normativo. El Gobierno andaluz, con mayoría absoluta, aspira a que se apruebe por unanimidad. No obstante, y pese a que hace unas semanas todo hacía indicar que así sucedería, la proximidad de las elecciones municipales y los intereses partidistas de la oposición están pesando más que los niños y niñas que necesitan terapias en edad temprana. Así, los grupos parlamentarios de PSOE, Vox, Por Andalucía y el mixto Adelante-Andalucía ya han comunicado el mantenimiento para su defensa en el Pleno de las enmiendas al proyecto de ley que habiendo sido defendidas y votadas en la comisión no fueron incorporadas al dictamen. Una manera de trasladar que no comparten al cien por cien el borrador actual y, al mismo tiempo, una forma de presionar hasta el último minuto y sacar tajada política.

El partido socialista está más próximo a la abstención que al sí en la actualidad por una cuestión de mera confrontación y Vox, aunque la apoya, entiende que es necesario apostar desde ya por la segunda infancia –a partir de los seis años los menores se quedan sin derecho a tratamientos públicos–. Más sorprendente es la posición reacia de Por Andalucía, cuya portavoz Esperanza Gómez ha estado durante ocho años al lado de la Plataforma de Atención Temprana de Andalucía que encabeza Antonio Guerrero, como principal representante de las familias. Aun así, hasta el momento de la votación se trabajará en la búsqueda del consenso total porque se trata de una ley muy necesario y que ha se ayudar a resolver cuestiones muy relevantes.

Ayer mismo, un informe de la Cámara de Cuentas avalaba la necesidad de esta ley. El órgano fiscalizador autonómico recomienda que se incrementen los medios para la gestión de la atención temprana en aras de evitar «que existan listas de espera», que los Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT) «hagan más sesiones de las contratadas» y que los menores «reciban menos sesiones de las fijadas en los contratos», una petición que sobresale en un informe sobre la gestión de este apartado que recoge numerosos incumplimientos por parte de la Junta en el ejercicio 2019.

Irregularidades en el sistema de control interno, en la delegación de competencias en los CAIT e incluso en la gestión en los propios centros. Una de las conclusiones es que el tiempo para valorar la idoneidad de tratamiento en los menores pasa de 27 días de media en 2017 a 37 días 2019. Las listas de espera de ese año indicaban que había 4.614 menores pendientes de obtener una plaza para poder recibir tratamiento –«un aumento del 72% en los últimos tres años»–. Además, la media para que un menor inicie el tratamiento era de 93 días en ese ejercicio 2019.

En definitiva, el informe reproduce los múltiples defectos del sistema que las familias han denunciado. Hay que subrayar, en cualquier caso, que en los cuatro últimos años se han dado muchos pasos para mejorar la situación, empezando por un aumento de la partida presupuestaria que ha permitido ofrecer un mejor servicio. La aprobación de la ley servirá para avanzar mucho más en los derechos de los menores.

LAS CLAVES

►La memoria económica asciende a 52 millones de euros, con el compromiso de ir dotándola de mayor presupuesto hasta alcanzar los cien millones que necesita al finalizar la legislatura.

►Por ley un menor no podrá estar más de 30 días diagnosticado y sin tratamiento.

►Se asignará preferentemente, y siempre que la disponibilidad de las plazas así lo permita, el CAIT más cercano al domicilio familiar.

►Ante la no disponibilidad de atención en un CAIT se asignará otro de forma temporal, en función de las necesidades de la familia y los principios de descentralización, sectorización y la planificación a corto plazo.

Expertos asesorarán en salud mental y adicciones

Salud y Consumo ha creado el Consejo Asesor Externo del Plan Andaluz de Salud Mental y Adicciones (Pasma-Pasda) que cuenta con un grupo de expertos en el área de salud mental y adicciones que, de manera independiente y no vinculante, asesorará a la dirección del Plan en asuntos relacionados con el diseño de líneas estratégicas, priorización de acciones y planes de implementación, así como en asuntos relacionados con la regulación internacional y la ética en relación con políticas de esta materia. Este Consejo es el primero de estas características en el ámbito nacional.