Agua evaporada y placas solares contra el calor en las aulas andaluzas

Las olas de calor cada vez serán más frecuentes en Andalucía, una circunstancia que no sólo afecta al campo, sino a otros sectores productivos y ámbitos de la sociedad. Uno de ellos, el de la educación, también sufre los efectos de las altas temperaturas. La comunidad autónoma cuenta con una herramienta para mejorar las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos. Se trata de la Ley de Bioclimatización, aprobada en 2020, que potencia el uso de las energías renovables para garantizar las condiciones de habitabilidad y el confort térmico en las aulas, en línea con lo que marcan las directivas europeas sobre eficiencia energética en los edificios.

Dentro del ámbito de actuación de esta norma, la Consejería de Desarrollo Educativo despliega desde el año pasado el denominado Plan de Bioclimatización, que contempla diferentes actuaciones en 430 centros educativos, fundamentalmente la instalación de refrigeración adiabática y paneles fotovoltaicos para adecuar las condiciones climáticas de los edificios.

¿Qué es la refrigeración adiabática? Se trata de un sistema ecológico de climatización alternativo al aire acondicionado convencional que consigue bajar la temperatura interior de las aulas mediante la evaporación de agua. Sus principales ventajas son el bajo consumo eléctrico –hasta un 80% inferior al aire acondicionado– y las menores emisiones de CO2. Asimismo, funciona con las ventanas abiertas y utiliza siempre el aire fresco, sin recirculación, garantizando de este modo la calidad del aire interior. Otras de sus características son que no emplea líquidos refrigerantes, no reseca el ambiente y evita cambios bruscos de temperatura.

Las placas fotovoltaicas, por su parte, tienen una potencia de instalación de 15 kilovatios y, además de reducir la factura eléctrica del centro, contribuyen a aminorar las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Se estima una producción anual fotovoltaica de 27.959 kilovatios y una reducción de gases de efecto invernadero de 14,57 toneladas cada año. Las placas sumarán una superficie de 86.000 metros cuadrados, el equivalente a más de ocho campos de fútbol.

De las 430 obras previstas, según el departamento que dirige Patricia del Pozo, 66 ya están terminadas, 280 están en construcción, 62 contratadas y 22 en contratación o proyecto. El plan cuenta con una inversión de 140 millones de euros, procedentes de fondos europeos. Las provincias de Sevilla y Córdoba acaparan la mayor parte de la inversión, dos puntos especialmente afectados por las sucesivas olas de calor.

Los nuevos centros educativos que se construyan en Andalucía deberán contar con estos sistemas de climatización, especialmente los ubicados en zonas de severidad climática 3 y 4, que representan el 98% del total en Andalucía.

Junto a ello, la Consejería de Desarrollo Educativo está terminando de actualizar el protocolo contra las altas temperaturas, un documento que se hará llegar a los centros esta misma semana. Una de las novedades es la posibilidad de adelantar su aplicación al 15 de mayo, teniendo en cuenta la autonomía de cada centro. Normalmente se activaba el 1 de junio. Además, se pondrán en marcha unos cursos específicos para todos los docentes y equipos directivos para facilitar la aplicación del protocolo. La consejera ya anunció que «va a haber flexibilidad en los horarios», teniendo en cuenta las horas de más y menos calor. Cuando se produzcan situaciones de mucho calor y se activen alertas importantes, se podrían adelantar las salidas, «siempre con el permiso de los padres». Eso sí, «todo organizado y coordinado dentro de lo que es la adopción de medidas dentro del sistema».

Pese a todo, la plataforma «Escuelas de calor» ha anunciado que retoma las protestas porque considera que no se está aplicando la Ley de Bioclimatización. En este sentido, ha convocado una concentración para el próximo 1 de junio frente al Parlamento andaluz e iniciará una ronda de contactos con los grupos parlamentarios, a los que expondrá sus quejas.

«La Junta ha usado fondos europeos para decir que está bioclimatizando algunos centros educativos, pero eso no es aplicar la ley e incluso está por ver que esos sistemas sean adecuados para las altas temperaturas de ciertas ciudades andaluzas», subraya la plataforma. A su juicio, «el desarrollo reglamentario de la ley debió hacerse en 18 meses y han pasado tres años, no se han realizado auditorías de los centros, no se han seleccionado las actuaciones con los criterios que debían salir de estas evaluaciones, no se ha actuado en los patios, no se ha redactado la guía técnica, ni se han aplicado medidas de cuidado de la calidad del aire».