El Círculo de Empresarios del Sur de España, Cesur, se ha adherido formalmente al compromiso de solicitar a los partidos políticos e instituciones públicas españolas que aprueben e incorporen a sus estatutos la práctica de un Código Ético de Buenas Prácticas, siguiendo las pautas del redactado por la Fundación España Mejor, que preside la abogada Miriam González Durántez.

En un comunicado, Cesur ha explicado que la firma de adhesión se produjo en la última junta directiva celebrada por la asociación de empresarios el pasado día 27 de junio en Málaga, rubricada por su presidente, José Manuel González.

Ha puesto de relieve que el Código Ético de Buenas Prácticas tiene como objetivo elevar los compromisos con la exigencia ética y de integridad del Gobierno (sea el que sea) y, por ende, del resto de administraciones públicas, "con la finalidad de reforzar la calidad institucional y la confianza que la ciudadanía debe tener en dichas instituciones y, viceversa, de garantizar el compromiso que esas mismas instituciones tiene con los ciudadanos".

Cesur, además, ha señalado que "se compromete a trabajar para que otras asociaciones empresariales y profesionales se adhieran a esta iniciativa que pretende asegurar una mejor gestión de quienes gobiernan las principales instituciones del Estado en favor del bien común y de todos los ciudadanos". "Esto, al mismo tiempo, redundará en un fortalecimiento e independencia de las instituciones que conforman el Estado", ha apuntado.

Según la organización, "como señala el Código Ético elaborado por la Fundación España Mejor en su introducción, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) viene reclamando sistemas de integridad institucional en los que se integren códigos gubernamentales desde los años 90".

Así, Cesur ha apuntado que existen códigos éticos y de conducta específicos para el Gobierno en países como Estados Unidos, Irlanda, el Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Bélgica. Otros países como Portugal, ha proseguido, tienen códigos ministeriales como parte de iniciativas más amplias, mientras que la Comisión Europea cuenta con un Código Ético para el presidente de la Comisión y los Comisarios desde 1999.

En cambio, en España "los instrumentos de autorregulación gubernamental no han tenido materialización efectiva", y "tan solo se aprobó en 2005 el Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, que no era específico para el Gobierno y apenas tuvo efectividad práctica". Además, ha incidido en que "se derogó en el 2015 por la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado".