La crisis migratoria de Italia pone en alerta a Andalucía

La declaración del estado de emergencia migratoria en Italia ha sacudido a los países del Mediterráneo, que padecen los efectos de un fenómeno que no ha hecho más que crecer en los últimos años. Andalucía, como puerta sur de Europa, mira de reojo las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo de Giorgia Meloni para contener la llegada de personas en situación irregular y teme un nuevo cambio en los flujos migratorios, que podría desembocar en la llegada masiva de inmigrantes a las costas de la comunidad autónoma.

De momento, las alarmas no han saltado en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni en las organizaciones humanitarias que se dedican a atender a los recién llegados en pateras. El desembarco está siendo el habitual en estas fechas, intensificándose conforme avanzan las semanas con buena climatología. Sin embargo, la dinámica puede cambiar en cualquier momento como consecuencia de las decisiones geopolíticas. «Durante los últimos años Almería está siendo el punto de la península que recibe más inmigración, incluso más que el Estrecho», aseguran a LA RAZÓN desde la delegación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en esta provincia, un punto caliente que está dejando al descubierto las necesidades de la Policía y de la Guardia Civil en este ámbito.

La pandemia trajo consigo un cambio de modelo. «Se cerraron las fronteras y la única manera de salir de África era en patera. Tuvimos una explosión brutal esos dos años, tanto en Almería como en Murcia», señalan las mismas fuentes. La denominada ruta argelina se desvió hacia la parte más oriental de Andalucía, llegando un buen número de personas que huían del Líbano por el conflicto bélico en el que está inmerso el país. A través del mar de Alborán también llega inmigración procedente de Marruecos, pero en menor medida.

Ante la llegada del verano y el posible repunte por la crisis italiana, AUGC no solo pide un aumento de personal en esta provincia, sino «un nuevo modelo policial acorde a los tiempos que vivimos». En este sentido, recuerda que antes de la pandemia llegaba una patera a la semana a las costas almerienses. «O como mucho dos». Ahora, con el Covid prácticamente superado, «las mafias migratorias meten 10 o 20 pateras al día». Con las altas temperaturas el ritmo se intensificará y con las escasas unidades abiertas las 24 horas la provincia «se convierte en un auténtico coladero».

Son varias las reivindicaciones del colectivo de guardias civiles. Reclama a los ayuntamientos que se impliquen más en esta cuestión, habilitando zonas «seguras» de recepción, para que los inmigrantes sean dirigidos después a los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE). «Sería positivo que existiera un apoyo del personal de la Cruz Roja durante este traslado, como ya se hace en Murcia». Además, plantea la intervención de las Fuerzas Armadas cuando la situación se desborde, «tal y como ocurre en Ceuta». Almería cuenta con un CATE, que resulta insuficiente ante las dimensiones que está adquiriendo el fenómeno. Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) más cercanos están en Murcia y Granada y sin esta infraestructura «continuamos con el sistemático atasco logístico». Sin embargo, los CIE cuentan con un amplio rechazo social porque «nadie quiere tener uno en su barrio». En los momentos de más intensidad, sobre todo en los veranos de 2021 y 2022, se produjeron situaciones extremas. «Teníamos compañeros esperando entrar en el CATE con 40 inmigrantes. Estuvieron al sol durante tres y cuatro horas y tuvimos que tirar una manguera por encima del muro para que bebieran. No se les trataron como personas», denuncia la AUGC. Otro episodio se vivió en la localidad de Carboneras, donde desembarcó una patera y sus ocupantes se dirigieron al pueblo. «Entraron en un bar y se pusieron a tomar café» porque el destacamento de la Guardia Civil no abre las 24 horas y no había agentes disponibles.

Almería se incluyó recientemente en la Zona de Especial Singularidad, que se centra en el Campo de Gibraltar y se extiende a otras provincias como Granada y Sevilla. Se anunció la consignación de casi 30 millones de euros para reforzar la seguridad, junto a un aumento de la plantilla. «No sabemos en qué se ha invertido ese dinero porque nosotros no hemos visto que se hayan incorporado más agentes», señala la asociación, que exige además mejores medios materiales.