Hay una máxima en política que se repite en todas las formaciones: para conseguir que un tema prenda en la opinión pública hay que repetirlo hasta la saciedad. Solo así –y no necesariamente– te garantizas que el mensaje llegue al mayor número de personas posible y pase a formar parte de las conversaciones más habituales. En los próximos meses se hablará mucho en Andalucía del «cupo catalán», esa financiación privilegiada que el Gobierno de España ha pactado con Cataluña y que tiene preocupados y soliviantados al resto de comunidades autónomas.

El Grupo Parlamentario Popular defenderá este jueves una Proposición No de Ley en la Cámara andaluza «relativa a las injusticias y agravios con Andalucía por parte del Gobierno de España en todo lo referido al sistema de financiación autonómica». El texto tiene una doble finalidad: criticar la cesión a los independentistas para mantenerse en el poder y señalar a María Jesús Montero como una de las responsables.

De hecho, en la exposición de motivos, el Partido Popular recuerda que el pasado mes de septiembre, la ministra de Hacienda, la señora María Jesús Montero, defendió en el Senado un pacto de «financiación singular» para Cataluña, «con un modelo fiscal a la carta para sus socios de gobierno, que contempla la cesión al 100% del IRPF a partir de 2026 y la posibilidad de transferir paulatinamente otros impuestos, olvidando por completo lo que defendía en su etapa como consejera andaluza, perjudicando y maltratando a Andalucía, en un ataque a la convivencia y a la igualdad de todos los españoles».

Además, advierte de que «este pacto bilateral con Cataluña supone un agravio al principio de solidaridad interterritorial consagrado en la Constitución y la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), por el que los diferentes Estatutos autonómicos no pueden implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales y en virtud del cual se prevén mecanismos para corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, como el Fondo de Compensación».

En la práctica, «esto implica romper con el sistema tributario estatal, que obliga a todos los ciudadanos a contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad».

Esta preocupación no es exclusiva del Partido Popular. Ayer mismo, el director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, advirtió de la «música confederal e insolidaria» que supone la financiación singular para Cataluña, una cuestión que «sigue sin sonar bien a la mayoría del público general», aunque se hayan suavizado algunas de las partes «más estridentes».

A esto último se agarran en el PSOE andaluz: que María Jesús Montero, como ministra de Hacienda, «frenará» las partes más lesivas del acuerdo. Se trata de una declaración de intenciones, toda vez que el Gobierno de España tendrá que responder a lo acordado y pactado con los independentistas catalanes para garantizarse la viabilidad de la actual legislatura. El portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, insistió ayer que «como buena andaluza», Montero «va a trabajar, y ya está en ello, con lealtad a este país» y «a las comunidades» autónomas y, «sobre todo, velando por Andalucía y su equidad financiera».

Este jueves será la primera oportunidad para que los grupos políticos fijen posición. La del Partido Popular y la del PSOE está muy clara y así lo han manifestado en repetidas ocasiones.

Por su parte, la marca de Sumar en la región ha aceptado el acuerdo del PSOE y se ha limitado «reclamar el mismo nivel de autogobierno que ha puesto Cataluña en su Comisión Bilateral», es decir, que Andalucía también asuma la recaudación de todos los impuestos. Ese modelo, supondría que cada región fuera fiscalmente «independiente» y permitiría mayor cotas de bienestar a los ciudadanos que residieran en las regiones más ricas, como la Comunidad de Madrid, Cataluña o Baleares, condenando a otras como, por ejemplo, Extremadura.

Adelante Andalucía sí ha rechazado el acuerdo entre el Gobierno y Cataluña, aunque no quiere que esa negativa le acerque al Partido Popular. Por eso, ha exigido una «financiación singular» también para Andalucía.

Por último, Vox mantiene otro discurso políticamente inviable aunque coherente con su planteamiento: rechazo al trato privilegiado a Cataluña y al Estado de las Autonomías, cuestión que figura en la Constitución.