Una financiación ligada a los resultados

«No podemos invertir sin tener claro el retorno». Esta reflexión la expresó el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, tras aprobar el Consejo de Gobierno el nuevo modelo de financiación de las universidades públicas andaluzas, una reclamación largamente exigida por los rectores desde que terminó la vigencia del anterior esquema en 2011. Los máximos responsables de estas instituciones académicas venían criticando el reparto «arbitrario» de los fondos autonómicos, por lo que ahora se ha consensuado un sistema que aporta «certidumbre para que puedan organizar su planificación a medio y largo plazo».

Una de las principales novedades es la aplicación de la evaluación y la verificación permanente de los resultados de las diez universidades públicas andaluzas a partir de los objetivos marcados, «con el fin de lograr la eficiencia y la equidad del sistema, además de una mayor adecuación a las necesidades y singularidades». ¿Con qué herramientas? La principal son los denominados contratos-programa, con los que se busca mejorar la competitividad, la eficacia y la profesionalización de las universidades. De esta manera, se analizarán indicadores como los procesos de estabilización del profesorado, la adecuación de las infraestructuras, la retención del talento, el fomento de la investigación, la captación de fondos o que la oferta docente se adecúe a las demandas de la sociedad.

«Hasta ahora hemos tenido modelos de reparto de dinero sin que se establezcan objetivos de mejora de las universidades», señaló Gómez Villamandos, así que a estas instituciones «se les dejaba a su albur». «Queremos acompañarlas con objetivos de mejora», insistió, señalando como metas la modernización de sus instalaciones o cómo pueden generar riqueza. «Se trata de hacer política universitaria», subrayó el consejero, no sin antes dejar claro que esta filosofía no entra en colisión con el principio de independencia universitaria.

Junto a los resultados, el nuevo modelo se asienta sobre otros tres pilares. El primero de ellos se destina a cubrir los costes necesarios del sistema público para prestar los servicios académicos, de investigación y de transferencia de conocimiento, sin olvidar los gastos de personal, funcionamiento y mantenimiento. De otro lado, la financiación de nivelación tiene como objetivo corregir los «desfases estructurales motivados por la aplicación de los modelos anteriores, con el fin último de propiciar la convergencia entre las universidades».

Por último, en el apartado de proyectos estratégicos tienen cabida las iniciativas acordadas con los rectores que mejoren la competitividad de sus campus y den respuesta a las demandas de la sociedad. La Consejería de Universidad destina a este capítulo 14 millones de euros hasta final de año.

El nuevo modelo de financiación establece que las universidades procurarán incrementar gradualmente las fuentes propias hasta llegar al menos al 30%, si bien en el caso de la UNIA ese límite se situará en el 15%. Asimismo, el modelo contempla la aprobación de planes extraordinarios de inversiones e infraestructuras que se llevarán a cabo con fondos no vinculados al modelo de financiación, y para ello la Junta podrá autorizar a las universidades el uso de remanentes de tesorería no afectados con un límite máximo de 20 millones. Estos planes comenzarán a aplicarse a partir de 2024, tras la finalización este año del vigente, y su desarrollo estará enfocado a intervenciones para mejorar los equipamientos e infraestructuras con criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, además de actuaciones de transformación digital y tecnológica. El grueso de la financiación de la que disponen las universidades públicas se nutre, principalmente, de las transferencias de la Administración regional, que representan en torno al 7% de sus cuentas, y se emplea, sobre todo, a pagar salarios y costes de funcionamiento y de mantenimiento, así como a sufragar su actividad docente e investigadora.

La partida de la Junta de Andalucía destinada este año a las universidades públicas es de 1.620 millones de euros para financiación básica y entre 2018 y 2023 la dotación se ha incrementado un 18,2%, un esfuerzo presupuestario que permite a Andalucía liderar la clasificación de las regiones que más gastan en educación superior, con un 1% del PIB.