El impuesto a los seguros de salud afectaría a casi 2 millones de personas en Andalucía, no solo a «ricos»

Casi dos millones de andaluces podrían ver cómo su póliza de seguro sanitaria sube de precio si prospera la iniciativa que han pactado el PSOE y Sumar para acabar con «la exención a las primas de seguros privados sanitarios» porque, a juicio de ambas formaciones políticas, estos seguros tienen «un claro sesgo regresivo beneficiando fundamentalmente a las personas y familias de renta alta». En concreto, según datos de la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), el número de personas que contaba con un seguro de este tipo en 2023 –último año del que hay datos– en la región es de 1.840.928, la cifra más alta de la serie histórica. De hecho, señala este organismo que la tasa de crecimiento anual es del 3,9% en el número de asegurados para el período de 2018 a 2023. Este porcentaje cambia en el mismo periodo y alcanza el 6% atendiendo al volumen de primas, representando el 14,6% del mercado nacional.

La medida pactada entre el PSOE y Sumar tiene que contar con el apoyo de otros partidos en el Congreso de los Diputados para aprobarse. No es fácil porque el paquete fiscal que impulsan tiene que poner de acuerdo a partidos tan dispares como Junts y PNV con otros como Bildu y ERC. Y hay temas como éste de las pólizas de seguro que dividen a ambos bloques, igual que el impuesto a las empresas energéticas o a las entidades financieras.

Si finalmente los partidos que apoyan al Gobierno aceptan esta iniciativa, hay que ver cómo se traslada ese impuesto al cliente final y si el sobrecoste, que puede oscilar en un 8 por ciento, lo asume el usuario, las compañías de seguro o las empresas sanitarias que prestan el servicio.

Otra cosa es la justificación que esgrimen tanto el PSOE como Sumar para aprobar este impuesto, que solo perjudicaría a los rentas altas. Según la asociación empresarial del seguro esto servicios se contrata por personas de todos los niveles de renta. Al cierre de 2023, el seguro privado de salud contaba con 12,4 millones de asegurados distribuidos por toda España. Es decir, uno de cada cuatro ciudadanos decide voluntariamente contratar esta protección.

Entre una población tan amplia, hay perfiles socioeconómicos muy diversos y que además que no consumen servicios sanitarios públicos o lo hacen de una manera mucho más reducida, por lo que generan un ahorro de costes para el Sistema Público de Salud.

Unespa esgrime que de acuerdo con la información de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en 2022, los contribuyentes del IRPF con rentas superiores a 60.000 euros ascendían aproximadamente a 1,2 millones de personas de un total de casi 23 millones de liquidaciones (5% del total). Si se ponen en relación ambas cifras se desprende claramente que más de 10 millones de ciudadanos que contratan un seguro privado de salud no se pueden considerar personas de rentas altas porque ganan menos dinero que esa cifra. Además, todos aquellos que dejen de abonar su seguro volverían a la sanidad pública, sobrecargando un sistema muy tensionado.