Inspección a 25.000 viviendas del parque público de alquiler en Andalucía para asegurar el pago de rentas

L a Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) tiene un problema enquistado desde hace años: la morosidad de sus inquilinos. Entre el año 2000 y 2017, se acumuló una deuda de 93 millones de euros; 43 de ellos se pudieron recuperar a través de acuerdos de pago con los inquilinos. Lejos de frenar esa tendencia, el Covid y la crisis económica derivada de la pandemia, agravó la situación. Por ese motivo, tal y como refleja le memoria presupuestaria de la empresa pública para 2025, AVRA inspeccionará 25.656 inmuebles de su propiedad para garantizar el buen uso de los mismos. En materia de morosidad, «se adoptarán soluciones que permitan su minoración, tales como suscripción de compromisos de abonos de deuda, interrupción de posibles prescripciones y otras que mejoren la regularidad en el abono de renta y cantidades asimiladas.

Los problemas de impagos son generalizados en este tipo de viviendas y las administraciones acumulan importantes deudas. La Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, tenía a finales de 2022 «8.000 deudores, con una cifra de deuda superior a los 65 millones de euros, así como la existencia de más de 2.000 locales y viviendas ocupadas». También ayuntamientos como Sevilla o Málaga sufren esta circunstancia.

El objetivo de AVRA para 2025 es «definir el contenido, organización y desarrollo de los trabajos técnicos necesarios para el refuerzo de la verificación de los ocupantes de las viviendas y apoyo a la gestión y administración sobre determinadas viviendas en régimen de arrendamiento, con eficiencia, calidad y seguridad».

Para ello, ha distinguido dos ámbitos de actuación. Las denominadas «Promociones con diagnóstico de complejidad social « y las «normalizadas».

En el primer caso, se trata de zonas de especial riesgo o conflictivas y en las se «incidirá principalmente en la verificación de la ocupación y del uso y, en el apoyo a la tramitación de expedientes de gestión jurídica y en la negociación de deuda», así como «se monitorizarán indicadores de correcto uso y mantenimiento de la inversión».

En el segundo ámbito, «se realizará, además de la verificación usual, un seguimiento de indicadores de correcto uso y mantenimiento de la inversión, así como de gestión de morosidad, de venta y de apoyo a la tramitación de expedientes de gestión jurídica».

Asimismo, cita la memoria, «se llevaran a cabo un conjunto de acciones conducentes al acceso a la propiedad de los inmuebles que integran el Parque Público de la agencia a favor de sus adjudicatarios en régimen alquiler, mediante el otorgamiento de la correspondiente escritura pública de venta».

El parque público de AVRA está compuesto por más de 70.000 viviendas de las que casi 49.000 están cedidas en arrendamiento. La Agencia dispone de facilidades pago para los distintos colectivos adjudicatarios de los inmuebles mediante instrumentos como el Programa de Determinación Temporal de la Renta o el Compromiso de Abono de Deuda.

Al magen de estos mecanismos de control, AVRA también se marca como objetivos para 2025 «impulsar la I+D+i mediante iniciativas como la Compra Pública Innovadora, a través de la promoción de proyectos que sean sostenibles social, medioambiental y económicamente». La Agencia entiende que esta iniciativa permitirá «generar mejoras en los servicios y los productos a partir de la investigación y la innovación de los procesos de trabajo, las tecnologías, los materiales y los modelos de negocio empleados, de manera que se satisfagan así las necesidades y las expectativas sociales,así como que generen conocimiento para la Agencia y el resto de AAPP en la futura construcción más económica y ecológica».