La Junta inspeccionará si se cumple la norma del teletrabajo

El Consejo de Gobierno aprobó ayer el Plan General de la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía para 2023. Entre las actividades de control que tiene planificadas, ha incluido la comprobación del desarrollo del teletrabajo en la administración. En concreto, se va a analizar si esta fórmula implantada fundamentalmente como consecuencia de la pandemia, «sigue la norma reguladora dictada al respecto». También se analizarán «los medios de control y evaluación de dicho sistema de prestación de servicios mediante un muestreo de trabajadores de delegaciones territoriales aún por determina».

El teletrabajo en la administración se implantó como consecuencia de la pandemia del Covid19. Fue un desarrollo por obligación que, finalmente, siguió vigente tras la vuelta a la normalidad previa negociación con los sindicatos. Así se recoge, de hecho, en la Resolución de 16 de septiembre de 2020, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se aprueba y ordena la publicación del Pacto de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, de 14 de septiembre de 2020, que aprueba el Protocolo de medidas organizativas para la aplicación temporal del régimen de trabajo no presencial en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

En la citada normativa se recoge que «el trabajo no presencial es una opción para los empleados y empleadas públicas, no sólo por razones de emergencia sanitaria, de ser el caso, sino también por motivos de conciliación, a través de la flexibilización horaria o para limitar la «huella ecológica» que cada persona genera en nuestro planeta, entre otros múltiples motivos» Y añade que «solo cuando concurran situaciones excepcionales o extraordinarias de emergencia determinarán su obligatoriedad».

En líneas generales, los empleados públicos de la Administración General tienen derecho a teletrabajar un día a la semana o lo que es lo mismo «el 20% de la jornada en cómputo semanal».

Paralelamente, hay que apuntar que el Parlamento de Andalucía está tramitando la nueva ley de Función Pública, una normativa que incorpora en su articulado la posibilidad de teletrabajar, cuando el puesto lo permita, reconociendo además la necesaria desconexión digital.

El trabajo que desarrolle la Inspección General de Servicios en este asunto servirá para analizar el cumplimiento y la efectividad de la medida, a la espera de que la aprobación definitiva de la ley de Función Pública, un ambicioso texto que sustituirá al vigente desde 1985.

Junto al teletrabajo, el plan aprobado contempla la evaluación de las delegaciones del Gobierno y las delegaciones territoriales de Empleo. La administración periférica está identificada como una de las zonas de mejora dentro del Ejecutivo autonómico ya que se suelen producir retrasos en la tramitación de los expedientes.

También se analizará la atención prestada a través de los diferentes canales (presencial, telefónica y telemática) en centros de salud, de especialidades y hospitales, otro de los asuntos que acumula más quejas dentro de la ciudadanía andaluza.

La Inspección General de Servicios es un órgano que ejerce las funciones superiores de inspección en la Administración de la Junta de Andalucía, en sus agencias y en las sociedades mercantiles del sector público andaluz. También desarrolla funciones de análisis, evaluación, y de asesoramiento.