La ministra de Vivienda pide "una alianza de país" con comunidades autónomas y el sector

El problema de stock de vivienda en España afecta especialmente a Andalucía, con Málaga, Sevilla y Granada a la cabeza. Según el reciente informe publicado por la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas), en el país debería pasarse de construir unas 100.000 viviendas al año a unas 200.000, con el fin de absorber la demanda actual. Málaga es, por detrás de Madrid y Barcelona, la tercera plaza inmobiliaria de España y solo en julio y agosto registró más de 3.000 nuevos demandantes de vivienda protegida (VPO), situación similar la que viven otras capitales andaluzas.

Con esta situación como telón de fondo, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha reclamado hoy el respaldo de las administraciones autonómicas y del sector a la nueva Ley del Suelo, en trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados, así como “una alianza de Estado que vaya más allá de los partidos, las administraciones y el sector" que cuente con la "empatía y la complicidad social". “Queremos poner todo el suelo público a la causa, tanto del Sepe como del Sareb”, ha agregado Rodríguez.

Así lo ha expresado Rodríguez durante la inauguración en Málaga de la cuarta edición del Congreso Nacional de Vivienda, a la que también han acudido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; y el presidente de la APCE, José Antonio Gómez-Pintado.

La ministra ha recordado que lo que ocurre en España es un "problema global", siendo la "principal preocupación del 50% de los habitantes de los países de la OCDE". Según ha afirmado, su objetivo es que "ningún español dedique más del 30% de sus ingresos a la vivienda", una situación que "por primera vez administraciones, sector y promotores van en la misma línea", ha agregado.

Por su parte, Gómez-Pintado ha reclamado un “gran pacto de Estado” en el que “los legisladores tendrán que poner en marcha iniciativas honestas y reales. No solo un marco regulatorio, habrá que seguir avanzando en la financiación y las políticas fiscales”, ha espetado.

“Tenemos problemas en la gestión del suelo y necesitamos seguridad jurídica y que las administraciones se pongan de acuerdo”, ha insistido el presidente de la APCE, al tiempo que ha afirmado que “si la vivienda es una prioridad para la administración, lo comprobaremos en los presupuestos y los impuestos. Cuando la inteligencia artificial nos permite hacer un proyecto en diez horas, la administración tarda diez años en desarrollar un suelo”.

En este contexto, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que el Consejo de Gobierno aprobará en el primer semestre de 2025 la nueva Ley de Vivienda, que pretende “incrementar la oferta y crear áreas prioritarias” en zonas tensionadas, “poniéndoselo fácil al sector” ha incidido.

El presidente ha tendido la mano al Gobierno asegurando que esta nueva Ley andaluza se desarrollará en el mismo “marco normativo que se produzca a nivel nacional”, la cual "no debe ser una traba más", ha puntualizado. Asimismo, ha llamado a "buscar puntos de encuentro y superar obstáculos" para “poner el interés general por encima de cualquier interés particular". "Queremos equilibrar la oferta en venta y alquiler, defendiendo la residencia habitual y permanente", según Moreno, que ha señalado que la futura ley incorpora un plan de choque para poner en alquiler 20.000 viviendas de VPO.

Durante el foro, Moreno ha confiado en que su plan de vivienda pasa por triplicar el número VPO en Andalucía en los próximos años, aunque lo ha considerado “insuficiente”. En el mismo sentido, Rodríguez, que ha achacado el problema de escasez de vivienda la crisis inmobiliaria que sufrió España así como a otros factores como el alquiler turístico o las universidades privadas, ha confesado que “no es suficiente lo que estamos haciendo” y ha lamentado que haya “profesores y enfermeros que tengan que compartir piso porque el alquiler se come el 80% de sus salarios”.