María Jesús Montero rompe puentes con el PP en Andalucía y frena acuerdos del anterior PSOE

Oposición dura, elevar las críticas contra la gestión de la Junta de Andalucía especialmente en cuanto al funcionamiento de los servicios públicos y erosionar la figura de moderación que traslada Juanma Moreno ante la opinión pública. Sobre esos tres pilares quiere erigir María Jesús Montero su alternativa política en Andalucía, aderezada con la defensa a ultranza de las decisiones de Pedro Sánchez.

El primer resultado de ese cambio de giro en el PSOE es que los socialistas han roto, al menos de momento, el diálogo fluido que existía con el Gobierno andaluz. La primera decisión ha sido frenar la renovación del Defensor del Pueblo, cargo vacante desde el 18 de septiembre de 2024. Por tanto, el actual responsable de la institución, Jesús Maeztu, se mantendrá en el cargo.

Pese a su mayoría absoluta, el PP no puede aprobar en solitario el nombre de un nuevo Defensor. La Ley 9/1983 que regula este organismo mandata que «será elegido por el Parlamento para un período de cinco años» que para su elección se requiere una mayoría de tres quintos de la Cámara, es decir, 65 de los 109 diputados. Los populares pueden optar por un acuerdo con el PSOE o por un pacto con Vox. La primera opción era la preferida por el Ejecutivo autonómico, pero quizá la estrategia del PSOE pasa por obligar al PP a acordar con Vox para tratar de ganar espacio político en Andalucía y situar a los populares en el mismo espacio que la ultraderecha, tal y como sucede en la política nacional.

El Gobierno andaluz mantenía relaciones fluidas con el PSOE de Espadas pero también alcanzó acuerdos con la dirección socialista de Susana Díaz. De hecho, apenas cinco meses después de que Moreno fuera nombrado presidente, el PP, Ciudadanos, PSOE y Vox acordaron la renovación de órganos de extracción parlamentaria: la RTVA, Cámara de Cuentas, Defensor del Pueblo y Consejo Audiovisual de Andalucía. Fue en mayo de 2019. El mandado de las personas que ocupaban estos cargos llevaba años caducado porque el anterior Ejecutivo de Susana Díaz –aunque formalmente la competencia era del Parlamento– así lo decidió.

Hay que sumar también que desde prácticamente el comienzo de la actual legislatura, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, mantenía reuniones periódicas con representantes de los grupos parlamentarios para tratar de acordar o flexibilizar posiciones sobre asuntos de interés. Esa «línea de diálogo permanente» fue un compromiso que adquirió Juanma Moreno con los lideres políticos de la oposición e incluía encuentros «mensuales» y «bilaterales» con cualquier consejero de su Ejecutivo bajo la coordinación de Sanz. Esa oferta sigue vigente, sin que hasta la fecha se conozca cuál va a ser la postura de la nueva dirección socialista del PSOE andaluz al respecto.

Durante la primera sesión de control al Gobierno andaluz durante este periodo de sesiones, Moreno criticó la nueva estrategia del PSOE porque pretende «importarnos desde Madrid el mal rollo y el ruido» y «embarrar e introducir mentiras». Fue el propio presidente el que desveló, en respuesta a la portavoz del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, que «algunos acuerdos que ya estaban cerrados parece que ahora se van a romper como consecuencia del cambio en la dirección» del PSOE-A, algo que «lamentamos».

Precisamente el anterior secretario general del PSOE-A, Juan Espadas –para el que tanto Moreno como Férriz tuvieron palabras de reconocimiento por su labor–, comunicó ayer formalmente al presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, su renuncia al escaño para centrarse en su tarea como portavoz del Grupo Socialista en el Senado, decisión que también trasladó al presidente de la Junta. Verónica Pérez, que ya fue diputada entre 2004 y 2022 será la que ocupe el escaño que deja Espadas por la provincia de Sevilla. Pérez, una de las personas de máxima confianza de Susana Díaz, formaba parte del Consejo de Administración de la RTVA.

La portavoz parlamentaria interina del PSOE-A, a la espera de los cambios que introduzca María Jesús Montero, replicó la nueva consigna de los socialistas en Andalucía. Sobre los servicios públicos en la comunidad, manifestó que «funcionan peor que nunca» pese a que la administración andaluza dispone de unos «48.000 millones» de euros de presupuesto que deberían ser «oportunidades para mejorarlo».

En esta línea, Férriz reclamó a Moreno «que baje de la nube, que ponga los pies en la tierra y que se dé un baño de realidad», que «salga de los actos donde están solo los suyos jaleando y aplaudiendo», y que acuda «a los sitios donde está la gente», a algún hospital y «hable con cualquier paciente o con cualquier profesional», o «a un colegio público de esos que ha recortado o ha cerrado».

La otra consigna, la de erosionar la figura de Moreno, también tuvo eco en la Cámara andaluza. Férriz acusó al presidente de ser «muy amable por fuera y sin escrúpulos por dentro».

Mientras todo esto sucedía en el Parlamento, la vicepresidenta Primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, se desplazó a Cádiz para prometer inversiones en el Campo de Gibraltar y reclamar «una lista única» en cada una de las provincias andaluzas para renovar las direcciones del PSOE.