Las negociaciones

La ministra Montero apoyó en Andalucía una quita a las regiones infrafinanciadas

Los acuerdos con los partidos independentistas reavivan la polémica sobre la financiación de las comunidades y un posible trato desigual para beneficiar a Cataluña

María Jesús Montero junto al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, en el Parlamento andaluz con motivo del Día de Andalucía
María Jesús Montero junto al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, en el Parlamento andaluz con motivo del Día de AndalucíaEuropa Press

Los resultados de las elecciones generales han provocado que la gobernabilidad del país dependa de los partidos nacionalistas. Ante la imposibilidad de que el Partido Popular y el PSOE alcancen un acuerdo, las opciones para que Pedro Sánchez continúe como presidente del Gobierno pasan por un pacto con los partidos catalanes ERC y Junts; los vascos Bildu y PNV; y el Bloque Nacionalista Gallego. Y una de las cuestiones que ya se ha deslizado en círculos catalanes, propuesta del PSC incluida, es la opción de que el Gobierno apruebe una quita de la deuda de la Generalitat, la comunidad más endeudada de España.

La cuestión, de llevarse a cabo, abriría un agravio con el resto de comunidades autónomas porque el endeudamiento de las regiones no es el mismo.

En el caso de Andalucía, el endeudamiento de la región a 31 de marzo de 2023 era de 36.744 millones de euros, mientras que el endeudamiento autonómico total ascendía a 322.211 millones de euros. Por tanto, la deuda de Andalucía constituye el 11,4% del endeudamiento autonómico total, mientras que su población representa el 17,9% de la población española y su superficie equivale al 17,4% del territorio nacional.

Andalucía sí lleva años reclamando un nuevo sistema de financiación autonómico. De hecho, el Parlamento andaluz aprobó un dictamen que fue apoyado por PSOE, PP, Podemos e IU –toda la Cámara a excepción de Ciudadanos– y que básicamente recogía una propuesta del PSOE andaluz elaborada bajo la tutela de la entonces consejera de Hacienda María Jesús Montero. En ese texto, probado en marzo de 2018, ya se hablaba de una posible quita a las comunidades autónomas por la deuda adquirida durante la crisis de 2007 que originó la creación del Fondo de Liquidez Autonómico.

El dictamen apuntaba que «respecto de las alternativas expuestas para gestionar la deuda autonómica acumulada, si en algún momento se optase por la propuesta basada en la reestructuración, se consideraría adecuado un mecanismo que tomase como referencia la insuficiencia financiera sufrida por aquellas comunidades autónomas con una financiación por habitante inferior a la media».

Argumentaba que «teniendo en cuenta la conexión directa entre endeudamiento de las comunidades autónomas e infrafinanciación de las mismas, se debe determinar qué parte de la deuda puede considerarse un resultado directo del sistema de financiación autonómica actual».

Igualmente, abogaba que «pueden considerarse criterios adicionales, como por ejemplo los esfuerzos previos de consolidación fiscal y/o el gasto primario por habitante en relación con la media, en línea con los indicadores sugeridos por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)».

Y concluía apuntando que «en cualquier caso, las posibles iniciativas de reestructuración de la deuda autonómica en manos del Estado no deben ser sustitutivas de la necesaria reconfiguración de los recursos del sistema de financiación autonómica. Esto es, el grave problema de insuficiencia financiera no se soluciona con refinanciaciones de deuda pública autonómica; en gran medida, esta no es más que la consecuencia de lo primero».

Andalucía lleva años reclamando una compensación porque es una de las comunidades más perjudicadas por el actual modelo de financiación, junto a la Comunidad Valenciana y Murcia. En el caso andaluz, los cálculos señalan que la región recibe 4 millones de euros diarios menos de lo que le corresponden, por que ha dejado de percibir en torno a 1.000 millones de euros anuales desde que entró en vigor, en el año 2009.

En agosto de 2022, nada más tomar posesión del cargo, la consejera de Hacienda, Carolina España, reclamó negociar este asunto y trasladó una carta a la ministra María Jesús Montero en la que le reclamaba una solución para los 11.000 millones que ha dejado de recibir Andalucía en este tiempo.

Con las exigencias nacionalistas de cara a la formación del nuevo Gobierno, este asunto volverá a estar de plena actualidad y centrará el debate político en Andalucía en los próximos meses.