Multas de la UE: otra herencia socialista en Andalucía

Las temperaturas suben en Andalucía en este insólito mes de abril, confirmando la sequía galopante, a la misma velocidad que aumenta la confrontación en torno a Doñana y el polémico proyecto de ley que regula los regadíos en sus proximidades. Tras la reunión que mantuvieron el lunes en Bruselas el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, con el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, lanzó una propuesta de diálogo a la Junta, con la premisa de que sea retirada «esta proposición que tanto daño está generando a la imagen de España y sus agricultores». Además, lamentó la posibilidad de que la UE articule sanciones por este asunto. «Siguen tonteando con algo que nos puede costar a los españoles mucho dinero a cambio de nada», subrayó Ribera, al tiempo que advirtió de que si España es condenada y se le imponen multas coercitivas, se mantendrían hasta que se deje de aplicar la ley.

Sobre este extremo, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Fernández-Pacheco recordó que el Reino de España ya fue condenado por la UE en 2021 en relación a Doñana, precisamente por la gestión socialista en este enclave. Y las sanciones «no van a llegar, es que ya han llegado», aseguró el también portavoz del Gobierno andaluz. Se refería así a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de julio de 2018, antes de que expirara el último gobierno socialista en la comunidad autónoma, que condenó a España al pago de una multa coercitiva por cada semestre de 10.950.000 euros y una multa a tanto alzado de 12 millones por incumplimiento de la normativa europea de depuración de aguas residuales. El Consejo de Ministros imputó a la Junta la responsabilidad por el incumplimiento de cuatro aglomeraciones urbanas que no tenían infraestructura para depurar adecuadamente sus aguas residuales: Alhaurín el Grande, Coín, Tarifa e Isla Cristina. Y a la Administración General se le imputaba la responsabilidad de otras cuatro aglomeraciones urbanas: Estepona, Barbate, Matalascañas y Nerja. La única actuación por la que la Junta sigue pagando sanción es la EDAR de Alhaurín el Grande. El importe a pagar por semestre en la actualidad es de 634.320,36 euros.

El Gobierno de PP-Ciudadanos tomó cartas en el asunto y aumentó la inversión en proyectos de depuración de aguas residuales, permitiendo la puesta en marcha de 300 infraestructuras de este tipo declaradas de interés general de la comunidad autónoma en 2010. La mayoría no contaba con el proyecto redactado. Un ejemplo más de la herencia socialista, en este caso en materia medioambiental, un ámbito que parece preocupar ahora mucho al Gobierno central con Doñana como pretexto.

El Gobierno andaluz volvió a expresar su voluntad de diálogo con el Ejecutivo central y criticó las «amenazas» de sus ministros. Pese a todo, Fernández-Pacheco emplazó a Ribera a poner «sitio y hora» para una reunión sobre la proposición de regadíos. La norma, no obstante, continúa su tramitación parlamentaria. Ahora serán las organizaciones sociales las que se pronunciarán sobre la misma, una información que servirá a los partidos políticos para formular las correspondientes alegaciones al texto. En este punto, el portavoz del Gobierno andaluz se mostró «seguro» de que el grupo parlamentario popular «negociará» las enmiendas e «incorporará aquellas que sean positivas». «Esta viene siendo la tónica habitual de esta legislatura», remarcó, ya que «el diálogo nunca es malo».

Fernández-Pacheco lamentó la «agresividad» de los ministros de Pedro Sánchez con Andalucía, en contraposición con la «docilidad hacia otras administraciones de nuestro país que plantean retos al Estado de muchísimo más calado de lo que estamos hablando».

También lanzó un mensaje de tranquilidad a la Comisión Europea porque con Juanma Moreno de presidente de la Junta «Doñana está protegida». En este punto, señaló que «siempre hemos tenido claro que el problema de la corona forestal de Doñana requiere soluciones y no mirar hacia otro lado», por eso la Junta «ha dado un paso al frente proponiendo soluciones y alternativas» a los agricultores de Huelva que dependen de esta actividad. «Los ciudadanos esperan de sus responsables políticos altura de miras y que lleguemos a acuerdos», insistió.

90 millones reclamados «con uñas y dientes»

El Gobierno andaluz peleará «con uñas y dientes» para que los responsables del vertido tóxico de Aznalcóllar paguen los 90 millones de euros que la Junta ha invertido en la recuperación de la zona. Así lo aseguró el consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco al cumplirse 25 años del «mayor desastre medioambiental de la comunidad en su historia». La rotura de la balsa con vertidos tóxicos de la mina de Boliden fue «un auténtico desastre a las puertas de Doñana», remarcó, además de subrayar que la Junta «ha invertido mucho dinero en estas dos décadas para restaurar esas zonas».