Un nicho electoral: los andaluces reciben casi 1,7 millones de pensiones

Según los últimos datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Andalucía existen 1.685.666 de pensiones a 1 de enero de 2025, cifra que no se corresponde con el de beneficiarios porque una misma persona puede cobrar dos pensiones cuando provienen de regímenes de cotización diferentes. Esta cifra da cuenta del importante nicho electoral que supone este colectivo y que se ha visto reflejado en la polémica de los últimos días con respecto al Decreto-Ley tumbado y luego aprobado por el Gobierno –pendiente de convalidación definitiva con el apoyo de Junts y el PP– sobre la revalorización para este año.

En la política actual se impone una máxima a la hora de tomar decisiones: aquello que necesita de muchas explicaciones a los ciudadanos no suele ser electoralmente rentable. Por el contrario, un mensaje claro y directo, como el del «PP no quiere que se revaloricen las pensiones» que esgrimía el PSOE, es mucho más efectivo. De ahí que los populares han preferido anunciar su voto a favor que argumentar que no lo apoyaban porque incluía otra serie de cuestiones que nada tienen que ver con las pensiones y que no comparten. Se impone «la economía de argumentos».

Salvando las distancias, existe un precedente en la política andaluza. El PP andaluz apoyó en marzo de 2018 en el Pleno del Parlamento de Andalucía el Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Administración Pública relativo al informe del Grupo de Trabajo sobre Financiación Autonómica. La propuesta que impulsó la hoy ministra de Hacienda María Jesús Montero salió adelante con los votos favorables de los grupos parlamentarios Socialista, Popular, Podemos e IULV-CA. El PP votó a favor pese a que se rechazaron todas sus propuestas y hoy en día, cada vez que se habla de financiación autonómica, argumenta que siempre ha defendido los intereses de la comunidad autónoma por encima de los de su propio partido. Si entonces no hubiera apoyado esa reivindicación, hoy el Gobierno de Juanma Moreno tendría menos legitimidad para reclamarle a María Jesús Montero que solucione la infrafinanciación que padece la comunidad autónoma y que el PP defendió –repite el presidente andaluz continuamente– cuando Rajoy era presidente del Gobierno.

El desglose de las pensiones en Andalucía es el siguiente: 996.410 pensiones de jubilación por un importe medio de 1.358 euros; 212.943 pensiones de incapacidad por 1.116,35 euros de media cada una de ellas; y 394.688 pensiones de viudedad que perciben 863,79 euros de media.

Esas son las tres principales, a las que hay que sumar las pensiones de orfandad, 69.125 a razón de unos 496 euros; y las que cobran los familiares de un trabajador fallecido, 12.500 en total y una media 736,54 euros. De ahí salen las mencionadas 1.685.666 pensiones existentes que suponen una factura mensual de unos 1.975 millones de euros.

La decisión anunciada por Alberto Núñez Feijóo de que el Grupo Popular votará a favor de la convalidación del nuevo decreto-ley que incluye, entre otras cuestiones, la revalorización de las pensiones, deja a la oposición del PSOE en Andalucía sin argumentos en su estrategia de «erosionar» la imagen de «moderación» de Moreno. Ayer mismo, la secretaria de Política Europea e Internacional del PSOE andaluz, Lina Gálvez, insistía en que «harían muy bien» el presidente de la Junta y su consejera portavoz en «mirar a los sindicatos y a las andaluces a la cara» para «explicarles bien por qué votan cuestiones que van en contra del bienestar de los andaluces, de los jóvenes y de las personas mayores».

Hay que recordar que el Gobierno de Moreno ha mantenido una iniciativa que aprobó el Ejecutivo de Chaves: el complemento autonómico para las pensiones no contributivas, cuya legalidad avaló el Tribunal Constitucional. De hecho, a finales de año el Consejo de Gobierno aprobó una subida del 4,5% en el complemento autonómico que destina a las personas beneficiarias de pensiones de jubilación e invalidez no contributivas, de ayudas sociales del Fondo de Asistencia Social (FAS) y del Subsidio de Garantías de Ingresos Mínimos (SGIM) para 2025. Esta ayuda extraordinaria se concede a casi 98.000 andaluces del grupo de población más vulnerable.

Los pensionistas son un colectivo de interés para todos los partidos políticos.