El Parlamento andaluz pedirá los «ERTE por fuerza mayor» ante la sequía extrema

El Partido Popular llevará al Parlamento una proposición no de ley para reclamar al Gobierno de España la adopción de medidas para favorecer el mantenimiento del empleo y la sostenibilidad de las empresas ante «una situación de extremada y persistente sequía, y a tal fin proceda a regular de modo específico un procedimiento de expediente de regulación de empleo derivado de fuerza mayor» para las empresas y personas trabajadoras de los diferentes sectores afectados, aplicable en las comunidades autónomas que hayan adoptado medidas extraordinarias como consecuencia de la situación de sequía extrema, así como «que dichos ERTE se entiendan concedidos hasta el cese de la situación causante, con el reconocimiento de una bonificación del 100% de las cuotas empresariales y de las correspondientes prestaciones de desempleo a los trabajadores incluidos en los procedimientos, sin exigencia de periodo de carencia previo y sin consumición de periodos de prestación».

Pese a que ayer mismo el portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, admitía que Andalucía «tiene que aprender a convivir con la sequía» ante un problema «estructural», la realidad es que desde un punto de vista económico la sequía pone en jaque sectores estratégicos que requieren de apoyo de las administraciones. La PNL del partido del Gobierno andaluz reclama un «análisis riguroso sobre los efectos de la reforma laboral en el sector agrario» y que «se adopten medidas oportunas para adaptarla a las necesidades de producción y particularidades del mismo, así como a estudiar medidas de apoyo para aliviar el incremento de costes salariales, en un contexto de enorme dificultad provocada por múltiples factores, como el incremento de los costes de producción; las asfixiantes exigencias burocráticas y regulatorias; la aplicación de la nueva PAC con más exigencias ambientales que se hacen recaer sobre los agricultores y ganaderos, y la extrema sequía».

El Ejecutivo andaluz ha ido aprobando planes especiales de sequía y otros instrumentos para combatir la sequía, movilizando una inversión sin precedentes en materia de aguas, pero para hacer frente a esta situación es necesario el esfuerzo conjunto de distintas administraciones, según expone el PP. Con el fin de reducir el impacto negativo sobre el empleo y la actividad económica, la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco ha propuesto al Gobierno central que se den instrucciones para que los ERTE motivados por la sequía sean considerados de fuerza mayor, en una carta que ha dirigido a la vicepresidenta segunda y ministra del Trabajo y Economía Social del Gobierno, Yolanda Díaz. «Los ERTE de fuerza mayor son un instrumento de flexiseguridad efectivo con el que amortiguar el impacto negativo en el empleo y contener la destrucción de puestos de trabajo», recoge la PNL.

Hasta ahora, el Ministerio de Trabajo no ha atendido las reclamaciones que plantean varias organizaciones agrarias: ni ha adaptado la reforma laboral a las particularidades del sector ni tampoco establecido bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para poder asumir las importantes subidas del salario mínimo interprofesional.

Un reciente informe de la Universidad Loyola advierte de que, solo en Andalucía, la sequía tendrá un impacto económico de alrededor de 6.000 millones de euros este año, y cifra la pérdida de empleo potencial en 75.000 puestos de trabajo.