Policía Adscrita andaluza: 270 agentes más frente a 3.000 Mossos d’Esquadra

La quita de deuda a Cataluña, que luego se ha hecho extensible al resto de comunidades autónomas, no es el único acuerdo al que ha llegado el Gobierno de Pedro Sánchez con ERC. La medida forma parte de un amplio paquete de veinte acciones que se acaban de sustanciar en las comisiones bilaterales entre el Ejecutivo central y la Generalitat de Cataluña. En ese montante destaca otro pacto relativo a la seguridad, como es la incorporación al cuerpo de Mossos d’Esquadra de hasta 3.000 agentes, de manera que en 2030 se llegará a los 25.000. Actualmente la plantilla está integrada por 22.000 agentes. Estas cifras suponen un nuevo agravio para Andalucía, que cuenta con una Policía Adscrita integrada actualmente por 362 agentes y que, tras el reciente convenio suscrito entre la Junta y el Ministerio del Interior, prevé un aumento de 270 hasta 2029, llegando a los 632.

Sí es cierto que Andalucía no cuenta con una Policía autonómica propia, a diferencia de los Mossos d’Esquadra que es un cuerpo policial con amplias competencias en Cataluña. Pero los números reflejan el trato preferente a esta comunidad autónoma, que sigue arrancando compromisos de todo tipo al Gobierno después de que accediera el socialista Salvador Illa a la Presidencia de la Generalitat.

La Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad permite a aquellas comunidades autónomas cuyos estatutos recojan la posibilidad de crear cuerpos de Policía propios y no hicieran unos de tal competencia, la posibilidad de adscribir una Unidad del Cuerpo Nacional de Policía. Y eso es lo que hizo Andalucía el 21 de diciembre de 1992, un acuerdo administrativo de colaboración en material policial con el Ministerio del Interior. Por tanto, cualquier dotación depende del Gobierno de España.

La Policía Adscrita andaluza cuenta con una plantilla deficitaria y su ampliación era una reivindicación histórica. De hecho, los últimos policías que se incorporaron a la unidad lo hicieron en 2013. Desde ese año la merma ha sido constante, por lo que este acuerdo viene a cubrir una deuda largamente reclamada, aunque su plantilla continuará siendo muy exigua. De hecho, la Policía andaluza era la que menor porcentaje de plantilla tenía hasta ahora entre todas las comunidades con unidades adscritas, un 50% frente al 70 u 80% de las de Valencia, Aragón o Galicia.

El compromiso del Ministerio es que cada año de vigencia del convenio se unan cincuenta nuevos policías, sin perjuicio de que, en la prórroga del acuerdo, se añadan nuevos miembros. A todo ello hay que unir los policías que se incorporen en virtud del cumplimiento de la tasa de reposición por jubilaciones, ascensos o traslados. La Junta, por su parte, se seguirá haciendo cargo de los gastos operativos e inversiones del cuerpo y del 50% de las retribuciones de los funcionarios policiales.

La Junta aseguró que este cuerpo llevó a cabo el año pasado actuaciones destacadas en el ámbito de la protección del patrimonio histórico, que crecieron un 325%, pasando de 296 a 1.259 en un solo año. También destaca su labor en la protección de menores, la persecución de delitos medioambientales, sobre juegos de azar y la vigilancia y seguridad en eventos multitudinarios como la peregrinación de la Virgen de la Cabeza, el Gran Premio de Motociclismo de Jerez o el Plan Romero. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, valoró este convenio y señaló que la unidad ha venido trabajando estos años con «absoluta dedicación y voluntad de servicios pese a lo exiguo de su plantilla hasta ahora», una carencia de personal que desde la Junta se ha intentado compensar haciendo un «esfuerzo en medios materiales, en vehículos, escudos, cascos antidisturbios, nuevos equipos de comunicaciones y aplicaciones informáticas».

El año pasado las cuatro comunidades con Policía Adscrita hicieron frente común y alertaron de que la falta de efectivos «puede tener un impacto negativo en los servicios que nuestras unidades prestan a la ciudadanía, tan importantes como la protección de víctimas de violencia sobre la mujer, menores, el control del juego o la lucha contra los incendios forestales que tan negativamente están afectando a nuestros recursos naturales». Además, la falta de presencia policial «puede llevar a un aumento de la delincuencia».