La hoja de ruta del Ministerio de Hacienda para hacer efectiva la asunción de la deuda de las comunidades autónomas por parte del Estado sitúa el final de este trayecto a mediados de 2026. Según expresó este lunes la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, su intención es que la ley orgánica que regule esta decisión se apruebe en el Congreso de los Diputados antes de final de año. El camino elegido obliga a la elaboración de un anteproyecto de ley –que incluye trámites de consulta pública e informes preceptivos– para, posteriormente, aprobarla en el Consejo de Ministros en segunda vuelta y mandarla a las Cortes Generales. Además, cada comunidad autónoma tendría que reunirse de manera bilateral con el Gobierno en la comisión mixta correspondiente y firmar el acuerdo o renunciar voluntariamente al mismo. Todo eso podría retrasar el proceso, que llegaría a mediados de 2026, justo la fecha en la que están previstas –salvo adelanto inesperado– las elecciones autonómicas andaluzas.

El Gobierno prevé que, con la ley aprobada y en vigor, todas las comunidades «pasarán por el aro» y firmarán la quita.

Tal y como ha explicado Montero, una vez que se apruebe la ley en las Cortes, después las comunidades autónomas tienen que firmar los convenios para aceptar voluntariamente si se acogen a la aplicación de la condonación de parte de la deuda autonómica.

Con este calendario, Andalucía podría firmar su convenio antes de las elecciones andaluzas. La propia Montero auguró ayer que «no habrá ningún territorio que no firme el convenio» si el proyecto de ley orgánica que saldrá de esta propuesta sale adelante en las Cortes Generales y finalmente toma el rango de norma.

La quita de deuda se erige, por tanto, en el principal reclamo de Montero como candidata del PSOE andaluz a la Junta de Andalucía. De hecho, el cálculo de la cantidad final asignada a cada región, casualmente, ha situado a la comunidad como la más beneficiada, por encima incluso de Cataluña. El PSOE quiere que esa sea su carta de presentación en la comunidad y orillar así otras cesiones a los independentistas catalanes y vascos durante los Gobiernos de Pedro Sánchez.

De momento, el PSOE se va a mover en los ayuntamientos, diputaciones provinciales y el Parlamento para defender la propuesta de Montero. El primero en hacerlo ha sido el grupo municipal socialista de Granada, que ha elevado al pleno de este mes una propuesta de declaración institucional de urgencia en la que pide instar «de manera inmediata» al Gobierno de Juanma Moreno a que acepte la condonación «histórica» de la deuda de Andalucía propuesta por el Ejecutivo central.

Los socialistas han encontrado el apoyo de la izquierda andaluza y de los sindicatos a su propuesta. La portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, aseguró ayer que Moreno, «queda desnudo» por el rechazo a aceptar los 18.791 millones de condonación de la deuda que le ofrece el Estado a cuenta de mecanismos de financiación como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y el Compartimento Facilidad Financiera. Por Andalucía ha ido más allá incluso que Sumar, ya que en la plataforma nacional se integran otros partidos como Más Madrid, que ven como la propuesta de Montero tiene difícil encaje con los intereses de la Comunidad de Madrid, lo que puede lastrar sus intereses electorales.

Desde Adelante Andalucía sí quisieron marcar perfil propio y aceptan la quita de deuda pero con una condición: que no suponga abandonar la reforma del modelo de financiación autonómica, petición que no pasa de ser un deseo porque el Gobierno no tiene pensado iniciar este proceso.

Desde la Junta de Andalucía, son conscientes de que Montero va a utilizar el Gobierno para moldear su campaña electoral y tratar de mejorar las perspectivas que, a día de hoy, le ofrecen las encuestas. Tras la primera sorpresa del pasado lunes, el Ejecutivo andaluz reaccionó ayer con números. El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, aseguró que la condonación de la deuda que ofrece el Gobierno a Andalucía a cargo de mecanismos de financiación estatales, que asciende a 18.791 millones de euros, «es un timo para los andaluces, una gran mentira, un auténtico engaño que lo que hace es reírse de los andaluces».

«Dice que se condonan cerca de 19.000 millones de euros, que no es real, porque lo que va a llegar de verdad a Andalucía es que pudiéramos beneficiarnos de los intereses» y «a lo sumo eso significaría sólo 140 millones de euros al año», explicó. Ahí está la clave del asunto. Frente a 140 millones de euros al año en intereses, simplemente elevar lo que percibe Andalucía del modelo de financiación autonómica a la media del resto de regiones supondrían 1.522 millones de euros para las arcas públicas. Ese importe sí significaría una mejora considerable para destinar a sanidad, educación y servicios sociales. La campaña electoral en Andalucía arranca con más de un año de adelanto.