Los empresarios apuestan por "grandes acuerdos" entre el PP y el PSOE

Cuando mañana viernes se confirme en segunda votación que Alberto Núñez Feijóo no puede ser presidente del Gobierno, todas las miradas se centrarán en los acuerdos a los que Pedro Sánchez pueda llegar con los independentistas catalanes y vascos. Al margen de la amnistía para los políticos catalanes, que todos dan por descontada, existe preocupación por si el pacto incluye contraprestaciones económicas que privilegien a unos territorios sobre otros. No solo en lo relativo a la financiación autonómica o la quita de la deuda con el Estado, sino también en que las inversiones del Gobierno de España generen desequilibrios entre comunidades autónomas y provincias.

En este contexto, el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus, ha asegurado en declaraciones a este periódico que «los empresarios estamos preocupados». A su juicio, «esta situación de inestabilidad política genera inseguridady queremos estabilidad política y seguridad jurídica porque es fundamental para seguir atrayendo inversión y esos fondos que están consiguiendo que este país esté creciendo y desarrollándose».

Desde la patronal sevillana entienden que «cuanto antes tengamos esa estabilidad y ese consenso, mejor» y para ello apuestan por una fórmula que a día de hoy parece inviable, un entendimiento entre el PP y el PSOE: «Sabemos que es casi imposible pero los dos grandes partidos representan más del 90 por ciento de los intereses de los españoles y creo que en los grandes temas estructurales de este país deberíamos hacer un esfuerzo por el bien del interés general e intentar llegar a acuerdos».

Rus advierte de que si la situación política es compleja, la económica no es mejor: «Desgraciadamente tenemos una deuda pública disparada y eso, como en una empresa, no es viable. Hay que tomar medidas estructurales y cuanto antes haya un gobierno estable que pueda tomar esas decisiones, mejor para la economía y para el empleo en un momento complejo y difícil, con una inflación que no está controlada, una inflación subyacente que sigue alta, con unos tipos de interés al alza que afecta a muchas empresas y con una sequía que está haciendo mucho daño a la industria agroalimentaria donde hemos sido lideres en exportaciones».

Sobre los desequilibrios territoriales en términos de inversión que pueden producirse o acrecentarse, el presidente de la CES considera que, lamentablemente, no es nuevo: «Tenemos un hito y creemos que el centenario de la Expo de 1929 tiene que ser el momento para que el déficit de infraestructuras de la provincia de Sevilla se solucionen».

En este sentido, «si queremos tener una provincia competitiva necesitamos infraestructuras y no las tenemos». Recuerda que «tenemos una deuda histórica, la inversión por habitante está castigada desde hace más de 25 años. Sevilla está la cuarta por la cola cuando debería estar la cuarta por arriba». Entre otras obras reclama la conexión del aeropuerto con Santa Justa, la terminación completa de la SE40 o todas las líneas de metro.

Las palabras de Rus están avaladas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) , que en un informe sobre las «Infraestructuras de transporte» en España de 2020, concluyó, entre otras cuestiones, que «las regiones con menores inversiones por habitante son las situadas en el litoral mediterráneo junto con los dos archipiélagos y Sevilla».

Por el contrario, «en los primeros lugares y de forma destacada» se encuentran «las provincias menos pobladas de la España rural como Cuenca, Soria, Segovia, Palencia, Huesca, Teruel, y Zamora todas ellas con más de 550 euros por habitante, muy por encima de la media española que se sitúa en torno a los 300 euros habitante en el periodo 1985-2018».

Los partidos independentistas catalanes han reclamado, entre otras cosas, el pago de una deuda que el Estado tiene con Cataluña de 450.000 millones. La AIReF, en ese mismo informe, al menos en cuanto a infraestructuras se refiere, no lo ve así. De hecho, señala que «Cataluña es la comunidad autónoma que concentra más capital en infraestructuras, seguida de Andalucía y Madrid» y que «entre las tres concentran el 41,4% del total». En el extremo inferior «se sitúan cinco comunidades uniprovinciales, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra, Illes Balears, Cantabria y Región de Murcia».

A medida que la agenda política de acuerdos se vaya conociendo, la incertidumbre o la constatación del descontento latente se hará más evidente.