El viejo dilema

El otro día leía una encuesta que reflejaba que dos de cada tres españoles están a favor de la reducción de la jornada laboral. Lo que me extraña es que sean dos de cada tres, porque… ¿quién no está de acuerdo con trabajar menos, percibiendo el mismo salario?

Pero ¿puede la jornada laboral reducirse por imperativo legal, sin que afecte a la productividad, al crecimiento o al empleo?

Las economías que disminuyen su jornada laboral es gracias al aumento de la productividad. En los países de la OCDE las reducciones de jornada son consecuencia de un aumento de productividad, en una relación de incremento de un 10%, que redunda en una rebaja de un 3% de las horas trabajadas.

Pero nada de eso está pasando en España, donde se ha reducido en un 2,7%, situándose como la más baja de toda la UE, cuando ésta, en su conjunto, ha crecido un 4,2%.

Es decir, España es un país con problemas de productividad estructural, que sostiene en algo su renta per cápita gracias a las horas trabajadas.

Para aumentar la productividad hay que crear buenas condiciones para la inversión. La creación de empleo es importante para aumentar la renta de los trabajadores en desempleo, pero también crecer en la productividad del tejido empresarial. Es necesario aumentar su dimensión y el valor añadido de los bienes y servicios; es decir, mayor número de empresas, más diversificadas y de mayor valor añadido.

No se trata de reducir el turismo, sino de complementarlo con otras actividades; no sólo localizadas en el sector industrial, sino también el sector servicios: producción de software, transporte de mercancías, tratamiento de datos…

Si el gobierno quiere reducir las horas trabajadas sin que se traduzca directamente en una caída proporcional del PIB es preciso que la productividad crezca, ya que la relación entre las horas trabajadas y el PIB es prácticamente equivalente.

Por tanto, una rebaja de la jornada laboral no debe ir antes de un incremento de la productividad, y Francia es un buen ejemplo de lo pernicioso que ha sido no entender esto bien, país que junto a Bélgica y Australia son los únicos de la OCDE que tienen jornadas máximas inferiores a la española.

La reducción que plantea el gobierno vendría impuesta por una norma, sin que vaya aparejada de una rebaja salarial ni de un aumento de productividad. Ello puede provocar una contención de la contratación y la sustitución de trabajo por capital, con lo que, ahí sí, la productividad aumentaría, pero sólo porque el mercado se concentrará en las actividades de mayor valor añadido.

Añadan ustedes que la medida supondrá un aumento significativo de los costes laborales, en un «yo invito y tú pagas», que es lo que hace el gobierno de España, y que suma presión a las empresas, tras subidas previas del salario mínimo y otras cargas sociales (no nos olvidemos que el gobierno de Pedro Sánchez ha realizado más de 81 subidas de impuestos y cotizaciones desde 2018), un incremento salarial encubierto de un 6-7% como consecuencia de disminución de horas sin rebaja proporcional del salario, y significará además un aumento del 1,5% de los costes laborales unitarios.

Todo ello, con el añadido de que la reducción de jornada en los contratos a tiempo parcial, con ajuste de horas sin reducción salarial, puede suponer una amenaza para el empleo en la pequeña y mediana empresa.

Esta es la realidad que confronta con los mejores sueños del Gobierno central. Se necesita productividad y atención a los sectores económicos. No es lo mismo el sector industrial que la hostelería, la agricultura o el comercio.

Los distintos sectores tienen distintas necesidades, y no atenderlas puede significar la destrucción del tejido que esta área de la actividad económica supone.

Una derivada que se puede plantear es con la vivienda, uno de los problemas de mayor gravedad que tiene nuestro país. La reducción de la jornada afectará a los tiempos de ejecución, además de un incremento del coste de los salarios, al tener que contratar más personal, en una actividad que denuncia la existencia de más de 700.000 puestos de trabajo sin cubrir y falta de relevo generacional, añadiendo con ello más combustible al incendio que existe, ante la demanda de poner vivienda nueva en el mercado.

El problema de la jornada laboral no se puede reducir a una medida general para todos los sectores y, menos, plantearse como una medida “necesaria” en un entorno potencialmente inestable dado que, mínimo, ya sabemos que la economía se va a ver afectada por nuevos escenarios en la cadena de suministros y nuevas partidas dirigidas, por ejemplo, a Defensa.

Una de las excusas que traslada el gobierno para esta injerencia en el ámbito de la autonomía colectiva es que existen sectores que no disponen de convenio colectivo, en cuyo caso se rigen por el Estatuto de los Trabajadores. Siendo esto así, me pregunto entonces por qué no se regulan también los derechos de conciliación familiar y laboral, los permisos laborales, el establecimiento de reglas para la contratación...

Hoy existe una jornada laboral de 40 horas semanales, que los convenios han reducido ya en muchos casos a las 37,5. Como habrán deducido, agreguen al planteamiento que, si la reducción sale adelante, los convenios podrían terminar reduciendo a 36 ó 35 o incluso 34 horas.

Recortar el tope legal de horas, tal y como la plantea la ministra de Trabajo, no deja de ser un brindis al sol. En un país con un comportamiento procíclico del empleo, con un número de ocupados por debajo del nivel anterior a la crisis financiera, con una elevada tasa de paro de larga duración, con un porcentaje de desempleo juvenil once puntos superiores al promedio de la UE, con la mayor tasa de paro de los 27, o con un número de vacantes sin cubrir en nuestro país de un 44 % más respecto de 2019, resulta cuando menos preocupante que se centre la política en materia laboral en la disminución de las horas trabajadas.

Reducir la jornada laboral es un planteamiento loable, pero no puede hacerse desde la imposición, sino desde el diálogo social, del que tampoco puede estar ausente la patronal, como así ha sido; se lleva a cabo a espaldas del actor principal, que son las empresas, quienes asumen realmente el coste de la medida.

Además, se ha debido tener en cuenta el valor de la negociación colectiva, así como su capacidad real de adaptación a las nuevas modalidades de trabajo y a los continuos cambios en las relaciones laborales.

De los datos disponibles relativos al conjunto del año 2024, el Informe Anual sobre Negociación Colectiva en Andalucía determina que la jornada promedio de los 717 convenios colectivos vigentes en nuestra Comunidad Autónoma fue de 1.778,37 horas/de jornada anual, lo que se traduce en 39,49 horas/semanales.

Por lo que se refiere a la jornada promedio de los convenios originarios del año actual, se aprecia un notable descenso, traducido en 1.721,76 horas/de jornada anual, y un promedio de 37,79 horas/semanales.

Por tanto, la negociación colectiva, la herramienta más poderosa de acuerdo y regulación de las condiciones de trabajo, se ha ido encargando de la reducción de la jornada. Es necesario que se contemple la diversidad de situaciones de los distintos tipos de empresas y sectores; no cabe aplicar una reducción generalizada, sino pactar las jornadas en cada convenio colectivo.

Los gobiernos no deben intervenir la economía, pero sí hacer fáciles las actividades que generan riqueza. Un gobierno como el de España, que se autoproclama adalid de la negociación colectiva y defensor del bienestar de sus trabajadores, no puede sustraer una decisión de este calado de los cauces de diálogo, a menos que el rédito político impere al interés general de sus ciudadanos, como parece que está siendo el caso.

Desde mi punto de vista, en la era de la información, de los datos, de los gráficos y de la decisión según escenarios de probabilidad, una reducción de la jornada laboral como la pretende el Gobierno no es más un argumento de campaña electoral y, de paso, una nueva manera de maquillar los datos.

Las resoluciones por la vía del conflicto sólo traen quiebras sociales, económicas y aprendizaje por el lado duro. Todo unido sólo produce retraso.

Rocío Blanco es consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía