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Del techo del gasto, de la racionalidad de la deuda y de la agonía financiera de la Sanidad

«¿Se encarga el órgano que regula la política social y financiera de recoger y analizar estos datos?»

  • Del techo del gasto, de la racionalidad de la deuda y de la agonía financiera de la Sanidad

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06 de agosto de 2018. 17:01h

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Antonio Burgueño Carbonell.  6/8/2018

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Comparto los criterios de contener el presupuesto nacional dentro de los límites racionales que no incremente el déficit público, más allá del techo de deuda, en vísperas de cambio en las tasas de interés, subida de los costes del petróleo y las restricciones en las exportaciones que está imponiendo EE UU, añadido a las amenazas a nuestra primera industria exportadora que por primera vez empieza a molestarnos.

Ahora bien, de una vez por todas, dotemos financieramente la Sanidad, que todos los partidos quieren garantizar a los ciudadanos y algunos en su utopía amplían (universal), menospreciando cualquier efecto llamada que ejercen los residentes extranjeros en España, «véngase usted madre, que aquí le operan del cáncer». El sistema sanitario en España ha conseguido tener un prestigio social, que desgraciadamente no le corresponde. En nuestro entorno nadie entiende la falta de elección efectiva, la lista de espera de semanas para una prueba capital para un diagnóstico. Y los profesionales de nuestro entorno no pueden dar credibilidad a la competencia de los nuestros a sueldos reducidos al 50% en el mejor de los casos. Nuestra realidad es que tenemos un presupuesto sanitario que para el 2018 no llega al del 2012 que ya se había asentado en los 70.000 millones de euros. Es decir han pasado seis años y estamos con esa cifra. Y nos hemos envejecido como población. En todo el mundo se hacen estudios de la evolución de los costes sanitarios. ¿Se encarga el órgano que regula la política social y financiera de recoger y analizar estos datos? Mejor es no saberlo. Comparemos nuestro presupuesto con el de los demás países, cuanto se gasta por persona. En España 1.480 euros por persona y año, aunque es la media y ya sabemos que hay hasta 400 euros inexplicables de diferencia entre autonomías. Lo que nos interesa es delatar que el modelo de financiación sanitaria ha de salir urgentemente del consejo fiscal y financiero que regula las autonomías y se ajuste a criterios de coste analizados científicamente por un organismo central. El ciudadano ha visto que el año pasado se propició un estudio de los teóricos sabios de las finanzas públicas que poco o nada saben de cuánto es el coste de cualquier programa sanitario de los exigidos hoy por los ciudadanos. Que los políticos han aceptado y un servidor como médico me complazco en que entre el tratamiento de la hepatitis C y que cada enfermo suponga más de cuarenta mil euros. O que cada día tengamos más enfermos de sida, porque la prevención ya no nos importa porque se mantienen sanos pese a un coste de mil euros al mes. O que llamemos a los dializados de los Balcanes para que se vengan a España a recibir un tratamiento de más de veinticinco mil euros año. Todo eso está muy bien. Pero vea usted que Portugal, que presupuestan 1.700 euros por persona, hacen pagar a sus ciudadanos la consulta 75 euros, con un gobierno de izquierda nada dudoso, pero racional. O como nuestro referente del Reino Unido, con un presupuesto de 2.600 euros por persona y año, han de contemplar en estos momentos, las formas de gestión que nosotros desestimamos. Podemos seguir soñando, pero la sanidad hace más de diez años que agoniza en su financiación. Y, sólo una falta de líderes en la Sanidad a nivel nacional, nos aleja de un conflicto que ya tuvimos en los años 89 y 90 del siglo pasado, cuando todavía los médicos creían en el sistema.

Efectivamente, ahora no hay posibilidades de huelga porque, desgraciadamente los médicos han dejado de creer en el sistema y como muchos enfermos, huyen a las privadas. O salen de España, más de 4.000 al año. O se apuntan a otras aficiones , lean el libro de moda en el Reino Unido del médico Adam Kay, que ha abandonado la profesión. De una vez por todas, si el presupuesto de la función fública empieza en las primeras líneas, debería estar la sanidad, la educación y las pensiones en las tres primeras líneas que es donde quieren los ciudadanos que se coloquen.

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