Por encima de la ley

La obsesión por cambiarlo todo que han mostrado los gobiernos multicolor llegados al poder para tratar de arrinconar al PP no conoce límites. Nada de lo que se ha construido con anterioridad les complace, aunque sí les sirva eficazmente a los ciudadanos. El objetivo no es mejorar lo que ya funciona sino tratar de construir un discurso propio aunque sea a costa de pisotear la legalidad vigente.

La Generalitat que preside Ximo Puig, secundado por la nacionalista Mónica Oltra, se ha empecinado desde el principio de la legislatura en acabar con el papel relevante que las diputaciones provinciales desempeñan en los 542 municipios de la Comunidad Valenciana. Puig se ha enfrentado a su propio partido que no veía como una prioridad eliminar las corporaciones provinciales pero se ha subyugado a la voracidad de Compromís de quien depende para seguir gobernando.

Esta locura revisionista le lleva a gobernar a las bravas y en marzo de 2016 aprobó dos decretos para pasar a regular desde el Ejecutivo autonómico las competencias de las diputaciones en materia de turismo y deporte bajo el pretexto de coordinar las actuaciones. Claro está que esos “decretazos” fueron recurridos por la vía contencioso-administrativa y ahora el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana los ha declarado nulos.

Advierte el alto tribunal valenciano que los decretos “vulneran el principio de reserva legal”, ya que invade competencias propias de las diputaciones y explica que la Generalitat tendría que haber impulsado una ley que fuera luego aprobada por las Cortes Valencianas para modificar el statu quo legal que impera en la actualidad.

El recurso ganado fue promovido por la Diputación de Castellón que preside el PP, con Javier Moliner a la cabeza, y fue apoyado por la Diputación Alicante, con César Sánchez en la Presidencia. Los demandados –en este caso la Generalitat y también la Diputación de Valencia presidida por el socialista Jorge Rodríguez– tendrán que pagar además las costas procesales que se fijan en 3.000 euros en cada sentencia. Los valencianos, en definitiva, tendrán que costear este capricho del tripartito que no responde a la necesidad de los ciudadanos.

Ximo Puig, pese a ello, ya ha dado la orden a los servicios jurídicos de la Generalitat para que recurran la sentencias porque afirma que los decretos van en la línea de lograr una mayor eficiencia en las políticas turísticas. Van a seguir gobernando así con el sectarismo ideológico como ariete contra el propio Estado de Derecho reflejado en sentencias que, si bien no son firmes, sí dejan a las claras la arbitrariedad de las decisiones adoptadas.

Si estiramos del hilo argumental de la propia sentencia podemos concluir que es inaceptable tratar de vaciar de contenido a las diputaciones provinciales porque son las que realmente consiguen la vertebración y la cohesión en España. Tratar de llegar a los rincones más pequeños de cualquier provincia es una tarea que resulta complicada para el Gobierno de España y los Ejecutivos autonómicos. Es el trabajo de coordinación municipal y de inversiones selectivas de las diputaciones el que realmente supone una garantía de igualdad y equilibrio territorial.

Cualquier alcalde, sobre todo de los municipios más pequeños y también de los más aislados, al que se le consulte por la desaparición de las diputaciones contestará lo mismo: es una locura. ¿Por qué? Porque los servicios que las diputaciones prestan en estos territorios son mucho más eficaces que los de otras administraciones y su ausencia conllevaría el abandono de los pueblos, la agricultura, la identidad y la historia de esos municipios.

Las diputaciones modernas no solo mejoran los presupuestos municipales en el capítulo de ingresos, sino también racionalizan los gastos e impulsan una enseñanza para generar ahorros. El respaldo jurídico, documental y de solicitud de ayudas es algo que muchos alcaldes esperan de estas corporaciones porque los recursos propios no les alcanzan.

Nadie entiende que Puig y Oltra, con permiso del líder autonómico de Podemos, Antonio Montiel, se empecinen en acabar con ellas pese a ser agentes de desarrollo social, económico y reconocidas prestadoras de servicios. La política surge siempre desde un mayor grado de cercanía y aproximar la toma de decisiones a los ciudadanos es algo que sólo una institución supramunicipal como la diputación puede garantizar.

Y lo peor es que la excusa que brindan para acometer esta política revisionista es la eficiencia. Justo un gobierno que se ha revelado como el más ineficaz de la historiade la democracia y que ha creado chiringuitos de colocación de afines desde el departamento de Sanidad, pasando por la multiplicación de asesores en la Generalitat, hasta llegar a fundaciones pagadas con dinero de todos los valencianos sin ningún objetivo y dirigidas por exaltos cargos del PSOE valenciano.

Hay que solicitar que vuelva la calma, la reflexión y el análisis para que se cambie con mesura aquello que no funcione y se trabaje para mejorar lo que ha demostrado su valía para los ciudadanos que es a quien finalmente nos debemos aunque algunos demuestren no entenderlo así.