De la paciencia a la urgencia

Todo apunta a que el sábado, 29 de octubre, tocará a su fin el malogrado calendario político del año 2016 que estaba colmando la paciencia de los españoles. Más de 300 días después del 20-D y con una segunda convocatoria electoral de por medio, España dejará de estar con el gobierno ‘en funciones’ y Mariano Rajoy será investido presidente, tras ganar dos veces en las urnas.

Llama la atención que haya quien todavía sostenga que la economía española no se resintió en este dilatado periodo de política fallida en la que ni se pudieron adoptar decisiones de relevancia, ni legislar, ni orientar o controlar al Ejecutivo. Sin embargo los indicadores oficiales de algunas Comunidades Autónomas, caso de Asturias, reflejan su contumaz inmersión en un proceso de decadencia que contrasta con el de otros territorios. Ayer mismo la Encuesta de Población Activa (EPA) reflejaba el crecimiento del desempleo en la región y renovaba el ‘farolillo rojo’ en la tasa de los asturianos que trabajan o que buscan trabajo.

De ahí que no resulte muy razonable sostener que el paso del almanaque no haya tenido efectos significativos. Al menos para unos cuantos españoles la Legislatura fallida y el trimestre perdido de la actual no han resuelto sus problemas y los han agudizado; de ahí que fuesen disparatados y de una irresponsabilidad histórica los cantos de sirena llamando a celebrar unas terceras elecciones.

La necesidad de que España tenga Gobierno y que las Cortes Generales dejen de debatir iniciativas para mayor gloria de las papeleras va acompañada de la obligación de cumplir con los compromisos ante las instituciones europeas. Además, hay importantes intereses españoles que precisan de representantes investidos de total autoridad para tratar de atajar las amenazas que se ciernen sobre diferentes sectores; es el caso, entre otros, de la industria metalúrgica, con la siderurgia a la cabeza, de la que de dependen en nuestro país decenas de miles de empleos estables y cualificados.

Tras 300 días de parálisis en muchas vertientes de la vida institucional y política española, ahora vienen las prisas. Son inevitables pero la situación exige celeridad para tratar de atajar los problemas más agudos de la sociedad española, incluido el desafío secesionista que ha aprovechado el atolladero nacional para continuar con su descabellada intentona.

De la apelación a la paciencia de los españoles por fin vamos a pasar a los requerimientos de urgencia de los gobernantes. Ojalá que el sabotaje político sufrido en todos estos meses pasados para impedir la investidura del candidato del partido ganador de las elecciones no tenga su prolongación en el bloqueo de iniciativas y leyes imprescindibles y apremiantes, como es el caso de los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos. Los españoles lo pagaríamos muy caro.