Financiación Autonómica, otro reto urgente

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometió en su investidura a llevar a efecto un nuevo sistema de financiación autonómica que sustituya al que lleva vigente desde 2009 y que entonces fue impulsado por el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero a la medida de las exigencias del tripartito catalán.

Durante aquella tramitación en las Cortes Generales, la propuesta recibió muy gruesas descalificaciones desde los escaños del Partido Popular. No era para menos porque se consagraba una financiación que distinguía entre españoles y que despreciaba los mandatos constitucionales de solidaridad y equilibrio entre territorios.

“Injusto, antisocial, ejercicio de prepotencia rayana en el delirio”, fueron algunas de las definiciones que acompañaron el debate. Incluso el PP comprometió con gran énfasis su modificación y, de hecho, lo plasmó de forma señalada en el programa de las elecciones generales que, en noviembre de 2011, le dieron un incontestable triunfo.

Sin embargo, los cuatro años de mayoría absoluta del primer mandato de Rajoy no fueron utilizados para modificar un perverso sistema de financiación que, incluso, fue empeorado con la aplicación de las discrecionales medidas de condonación de intereses aplicadas por el gobierno que, paradójicamente, fueron a parar a Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía, precisamente las administraciones más incumplidoras.

Los datos “oficiales” del Ministerio de Hacienda son inequívocos: en los últimos años se repartieron 22.647 M €, de los cuales el 75% han ido a parar a las tres Comunidades citadas lo que en términos de €/habitante suponen unas diferencias de 1 a 3 entre Comunidades.

Actualmente –y así llevamos todos los años de la crisis- los criterios de estimación de los costes de los servicios esenciales (Sanidad, Educación, Servicios Sociales) han creado agravios comparativos entre Comunidades Autónomas que rompen la cohesión nacional y crean divergencias en crecimiento y empleo en España.

El presidente Rajoy se ha comprometido a afrontar con urgencia el reto de un nuevo sistema de financiación autonómica y tendrá para el próximo mes de Enero la primera gran cita para iniciar el cambio con la celebración de la Conferencia de Presidentes que se celebrará en el Senado. Convendrá estar muy atentos porque de las líneas de acuerdo que se marquen allí dependerá una parte muy sustancial del inmediato futuro de España.