Sobre el caso Cifuentes

Durante los últimos días, asistimos entre atónitos y abochornados a las informaciones relativas al caso Cifuentes. Por lo que se ve, la presidenta de la Comunidad de Madrid obtuvo el máster de la URJC de manera tramposa o fraudulenta, por ser vos quien sois y de modo privilegiado. Es decir, de forma diferente a como el común de los ciudadanos logramos nuestros títulos académicos y los propios gobernantes nos exigen que los logremos, a través de la correspondiente implantación de normas, requisitos y exigencias.

Sin embargo, no es por ello por lo que tendrá antes o después que dimitir de su cargo sino, más bien, por haber presuntamente mentido a la opinión pública y, después, no haber sido capaz de demostrar que son falsas las informaciones que se han publicado y hemos conocido con pelos y señales. No es que la carga de la prueba recarga sobre ella o que se vulnere la presunción de inocencia sino que, siendo tantos los datos aportados por determinados medios de comunicación y tantos los hechos contrastados (matriculación tres meses después de iniciado el posgrado, inasistencia a clases o firmas falsificadas, entre otros), si no aporta datos relevantes (y ya no va a aportarlos), quedará definitivamente probado lo sustancial de lo que se le acusa.

No es un juicio sumarísimo sino que se trata de asumir las responsabilidades políticas y de regenerar de ese modo la política. Si Cristina Cifuentes hubiera reaccionado de modo diferente cuando se publicaron las informaciones, es probable que no tuviera a día de hoy la obligación política de dimitir; sin embargo, prefirió negar los hechos, acusar a la izquierda de orquestar una campaña contra su persona (como si pudiera esperarse el favor o el perdón de los contrincantes políticos) y deslizar la idea de que parte de su propio partido estaba detrás de las informaciones publicadas.

Y para el caso que afecta a Cifuentes, da igual, por cierto, que hechos supuestamente parecidos afecten a otros dirigentes o cargos públicos de otros partidos políticos o que decenas de representantes políticos o cargos públicos tengan inflados sus currículum o que se regalaran en su momento títulos universitarios a presos de ETA (yo mismo denuncié el tema en el Parlamento Vasco) o que sea o haya sido habitual el trapicheo y el tráfico de influencias en el mundo universitario; ella deberá asumir de igual forma sus responsabilidades, independientemente de todo lo demás.

Lo cual no obsta, evidentemente, que haya que atajar todo lo demás (y que incluso todo lo demás sea mucho más importante que lo que a Cristina Cifuentes afecta) a través de las correspondientes exigencias de responsabilidades políticas, las medidas de regeneración democrática precisas o las reformas educativas y universitarias que siguen sin ponerse en marcha. De hecho, lo más deseable es que este caso que afecta a una persona en concreto sirva para limpiar nuestras instituciones, corregir comportamientos inadmisibles y tomar las medidas precisas para regenerar España. Aunque sea una evidencia que nada de esto importa a algunos de quienes con más ahínco vienen denunciando los hechos que afectan a la presidenta de la Comunidad de Madrid, nada habremos logrado si nos conformamos con la dimisión de Cifuentes y no hacemos nada frente a todo lo demás.

Por lo demás, sorprende que los representantes políticos aspiren a impresionarnos con la exhibición de sus supuestos títulos académicos, posgrados varios y doctorados. Obviamente, los ciudadanos aspiramos a que nuestros representantes estén preparados para desempeñar correctamente el cargo que ejercen, pero lo que más valoramos es la sensibilidad social, su cercanía a los ciudadanos y su honestidad, cualidades que, además, suelen ayudar a gobernar, si no bien, al menos de modo decente. Y lo que al menos teóricamente más rechazamos son el engaño, la corrupción y el tráfico de influencias... o eso quiero creer. Además, toca que nos comportemos como exigimos a quienes nos representan que se comporten. O incluso mejor.