El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, pidió este miércoles “humanidad” a los presidentes autonómicos y subrayó que “en un país de 49 millones de habitantes acoger a 4.000 niños no puede suponer ningún problema”. Lo hizo tras reunirse en la sede de Presidencia con el líder de UGT, Pepe Álvarez, en la jornada en la que entra en vigor el decreto que fija las capacidades máximas de los sistemas autonómicos de acogida de menores migrantes.

“Hay que aprender a gestionar la cuestión migratoria con dignidad y no utilizarla como herramienta de política xenófoba y fascista. Hemos gestionado la llegada de cientos de miles de ucranianos sin esta contestación”, afirmó el nacionalista. Sobre los recursos anunciados por varias CCAA contra el decreto, Clavijo recordó que el Supremo y el Constitucional han priorizado el interés superior del menor, por lo que no prevé que se frenen las derivaciones salvo medidas cautelares expresas.

Qué dice el nuevo decreto

El Gobierno central aprobó el martes la capacidad ordinaria de acogida en 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes y un mecanismo de solidaridad obligatorio cuando territorios como Canarias o Ceuta tripliquen su límite, con traslados cada 15 días. El objetivo inicial es redistribuir en torno a 3.000–3.975 menores desde Canarias, Ceuta y Melilla hacia comunidades menos tensionadas.

Según las cifras divulgadas por el Ejecutivo, el Archipiélago tiene una capacidad ordinaria de 737 plazas pero tutela más de 5.000 menores, lo que evidencia la sobresaturación del sistema en las islas.

La batalla judicial

Diez comunidades gobernadas por el PP -y también Castilla-La Mancha- han anunciado recursos contra la norma, alegando invasión de competencias y falta de recursos. Algunas, como la Comunidad Valenciana o Baleares, han avanzado que pedirán la suspensión cautelar.

El Tribunal Supremo ya ordenó en marzo al Estado acogerse de más de 1.000 menores solicitantes de asilo que estaban en Canarias, medida que el Gobierno recurrió; y el TC ha insistido en la competencia concurrente y en anteponer la protección del menor en situaciones de saturación. Estos antecedentes refuerzan el argumento de que no cabe paralizar automáticamente las derivaciones.

"A cuentagotas" y con refuerzos

Clavijo reprochó la lentitud de las salidas -“a cuentagotas”- y admitió margen de mejora por parte de todas las administraciones. Para acelerar la tramitación, anunció el refuerzo de 26 trabajadores hasta final de año que se dedicarán a la documentación de tutela y residencia de los menores. Añadió que, si alguna comunidad se niega a acoger, está “convencido” de que la Fiscalía actuará de oficio. Desde el Gobierno central, Política Territorial ha advertido de que, si alguna CCAA bloquea la entrada, se hará cumplir la ley